“Esta Constitución es una especie de cadáver insepulto, acribillado, apuñalado, que se saca cada año para ponerlo sobre la mesa y rendirle el homenaje del Día de la Constitución. Si van a insistir con sus políticas, sus decisiones, el “yo hago lo que quiero”, si va a insistirse en esto, lo menos que se puede exigir es que sometan al conocimiento ciudadano la consulta de hacer otra Constitución, a su medida totalmente. […] Hacerle un homenaje cada año a la Constitución no corrige nada de esto, no establece un Estado Constitucional y Social de Derecho, como lo manda la Constitución…”.
Diputado Schafik Jorge Hándal, 21 de diciembre de 2005.
El Estado Constitucional y Social de Derecho en El Salvador es cosa del pasado. Hace tiempo, desde el golpe de Estado en dos fases, la primera el 9 de febrero de 2019, con la toma por asalto militar de la Asamblea Legislativa y la segunda, el 1 de mayo de 2021, que eliminó en los hechos la división de poderes, para subordinarlo todo a la voluntad presidencial, el Estado de Derecho en El Salvador era una quimera. Quedaban, sin embargo, resquicios, apariencias de un Estado Constitucional.
Esta semana, los restos de ese Estado Constitucional volaron por los aires cuando un grupo de diputados, indignos de sus cargos, arrasaron con aquella moribunda Constitución, transformándola en una simple herramienta al servicio del Ejecutivo.
Este grupo de sirvientes de un poder usurpado ejecutaron, sin el derecho a hacerlo, de un plumazo, e irrespetando los procedimientos establecidos por la misma Constitución, una reforma que desnaturaliza las reglas básicas del Contrato Social.
La redacción original del inciso segundo del artículo 248 de la Constitución salvadoreña, ahora reformado, establecía que la única forma de modificarla era mediante la aprobación en una legislatura con mayoría simple y su ratificación con el voto de los dos tercios de los legisladores en el siguiente periodo legislativo.
A partir de esta modificación, la ley fundamental es una farsa sin sentido al servicio exclusivo del poder, que puede ser modificada de forma exprés cuantas veces lo necesiten, y en una misma legislatura, sin necesidad de informar al pueblo. Una reforma ad-hoc para que el oficialismo resuelva, por ejemplo, la reelección presidencial sin límites, la forma de gobierno y otros aspectos centrales relacionados con la existencia misma de la República.
Tal como advirtiera Schafik en épocas de los gobiernos de ARENA, esta Constitución manoseada es un documento sin más valor que una ley secundaria, tratada como tal y al servicio de los poderosos de turno. Hoy se repite la historia con este nuevo gobierno de extrema derecha. Como sucedería con cualquier cuerpo muerto, la Carta Magna asesinada, pero sin ser debidamente enterrada, envuelve con su pestilencia cada acción de un régimen en acelerada degradación.
Para imponer la reforma buscaron una excusa que les sirviera para ganar el favor de la gente, ocultando la inconstitucionalidad como forma de gobierno, afirmaron que era necesaria para quitar a los partidos el financiamiento, la llamada “deuda política”.
Leen las encuestas y actúan en consecuencia. Pero, en estos tiempos de desgaste de aquel poder que una vez fue incontrastable, su lectura resulta incorrecta. Es cierto que los partidos de oposición no crecen, pero se mantienen, no desaparecen como desearían desde el poder; por el contrario, los instrumentos del oficialismo no dejan de caer, y hasta el usurpador ve reducidas sus cifras de manera notable.
La fuerza mayoritaria en El Salvador es la enorme masa ciudadana sin preferencias políticas. Ese volumen gigantesco, históricamente pendular, que alguna vez se inclinara abiertamente en favor del gobierno, hoy se aparta, toma distancia, primer paso hacia el rechazo. Esa fuerza popular está en disputa y la conforma tanto gente organizada como personas sin organización alguna, pero cada vez más afectadas por la desastrosa situación económica.
Al resto de fuerzas políticas les corresponde interpretar esa frustración, alentar la organización, presentar las propuestas alternativas que disputen un sentido común social hasta hace poco secuestrado.
Papel central en esta tarea le corresponderá a la fuerza política organizada en la izquierda, los movimientos sociales populares, y a todas las estructuras cercanas al FMLN para avanzar en la construcción de la unidad del pueblo contra la dictadura, ya no solo en resistencia sino en activa beligerancia contra un modelo crecientemente injusto, criminal, depredador, anti-pueblo y vendepatria.
Los despachos de CAPRES acumulan fracasos. Acaban de romper la promesa de ejectuar el presupuesto 2025 sin recurrir a deudas. El cierre de escuelas es noticia cada semana. Se trata de centros escolares que hace más de cinco años, en campaña, prometieron recuperar; hoy cierran esas escuelas, despidiendo docentes y creando problemas al alumnado, sobre todo en zonas humildes, urbanas y rurales.
La obligada renuncia a mantener el Bitcoin como moneda de curso legal -en virtud de los acuerdos con el FMI- y con ello el cese a la obligatoriedad de aceptar pagos con este criptoactivo es otra derrota personal, un mal trago para el usurpador.
Hay una sociedad que empieza a preguntarse cómo pudo equivocarse tanto.
La resistencia contra la minería no cesa en su presión; se acumulan diversas iniciativas de la Iglesia católica, y esta semana sumó su voz un sector de las iglesias evangélicas.
Desde la cabeza autoritaria del Estado la reacción fue criticar a la Iglesia “por no haber denunciado a las pandillas en su momento”; argumento desgastado e inútil de tanto haber sido usado cada vez que alguien critica públicamente sus políticas.
La respuesta en las redes sociales no se hizo esperar: “no se trata de pandillas; el tema es la minería, pero Usted no quiere darse cuenta”. El tema pandillas se le agota como anestesia social contra las pésimas condiciones de vida de las mayorías y una impresentable gestión de gobierno. Gobernar con troles y bots ya no alcanza.
Al filtrarse desde medios estadounidenses que, finalmente, El Salvador habría aceptado recibir migrantes deportados desde EEUU, actuando bajo el concepto de tercer país seguro, incluyendo la posibilidad de recibir integrantes de grupos criminales, la reacción ciudadana fue de preocupación y rechazo inmediato.
El día y la noche en materia de dignidad y soberanía
La crisis económica y social, el desequilibrio que ya está provocando no solo en El Salvador sino en el mundo, el brutal inicio presidencial de Donald Trump, muestra en América Latina y el Caribe, actitudes contradictorias. Hay mandatarios serviles y genuflexos, entre los que destacan, para vergüenza de sus pueblos, Milei y Bukele como domesticadas mascotas del nuevo jefe de la Casa Blanca.
Pero hay otras mujeres y hombres a cargo de las presidencias de sus países que dan muestras de patriotismo, dignidad, defensa de su soberanía nacional y apoyo a los suyos. Las formas fueron diversas pero el fondo fue el mismo.
Esas formas van desde las cartas abiertas a Trump, de Gustavo Petro desde Colombia, rechazando el trato a sus conciudadanos deportados, hasta la firmeza diplomática de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estableciendo programas adecuados para la recepción de deportados, poniendo los puntos sobre las íes en una serie de controvertidos temas, señalados por la nueva administración Trump. Temas como el narcotráfico, asumiendo una responsabilidad compartida en su combate, y la voluntad de coordinar acciones sobre la base del respeto y la no subordinación; se señala también, y se subraya, la enorme responsabilidad de EEUU en cuanto al consumo de drogas, el tráfico de armas y la proliferación de mafias criminales en los EEUU, entre otros temas candentes.
A la retrógrada política de imposición arbitraria de aranceles, la respuesta parece tener un consenso natural entre los agredidos. Si EEUU, como lo hizo esta semana con México, Canadá y China, impone unilateralmente tasas arancelarias, la equivalente reciprocidad se impone. Las primeras estimaciones indican que los aranceles costarán U$S1,200 más en promedio a un hogar típico de EEUU.[1]
La reacción de gobiernos dignos y soberanos tendrá en un plazo relativamente corto, consecuencias nefastas para la economía de EEUU, afectando el control inflacionario que prometió Trump al asumir su presidencia; si se suma a esto la campaña supremacista de deportación masiva de personas trabajadoras extranjeras indocumentadas, con sus consecuencias para la producción, las medidas repercutirán una vez más en contra del pueblo estadounidense y su economía. Se trata, en ese sentido, de una de las medidas de mayor miopía política y económica.
Es cierto que América Latina y el Caribe evidencia una patética falta de cohesión política, atravesada por la daga de doble filo del neofascismo dependiente, que se extiende como un cáncer, cuya primera manifestación fueron gobiernos radicales de derecha, proimperialistas y de un neoliberalismo dependiente salvaje; aquellas tendencias se van radicalizando al calor de los delirios del jefe de la Casa Blanca.
El Estado del Arte de la unidad en América Latina y el Caribe se refleja en la incapacidad de materializar una convocatoria a reunión urgente de CELAC ante los despropósitos, amenazas y acciones de Donald Trump.
Este fracaso señala la necesidad de nuevas formas de multilateralidad y unidad en Nuestra América, una unidad que privilegie pueblos sobre gobiernos, sin excluir a estos últimos, en tanto reflejen las posiciones de la decencia y la ética, que hoy se alinea en la lucha frontal contra el imperialismo, el supremacismo racista, la intolerancia, el autoritarismo, las formas de gobierno que favorecen a élites criminales y mantienen a sus pueblos sometidos a fuerza de manipulación, mentiras y represión.
Es necesario trabajar en torno a los gobiernos que mantengan esos principios y valores, y articular con ellos el trabajo de solidaridad entre pueblos, de manera transversal (movimientos sociales, organizaciones populares, sindicatos, iglesias, centros de pensamiento y formación), incluyendo aquellos que hoy viven ahogados por gobiernos que forman parte de la desgraciada marea negra del neofascismo y el extremismo vendepatria de derecha.
Pensamos en los pueblos de Argentina, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Paraguay, y todos aquellos contra los que el cáncer neofascista apunte sus armas. Nos sobran los motivos para la lucha unificada. La dignidad de nuestras familias migrantes no debe volver a ser pisoteada, la criminalización de nuestros pueblos por los filibusteros de toda la vida, herederos de Walker y tantos otros, deberán ser confrontados con la repulsa continental de nuestros pueblos.
Es imperativa la solidaridad con Cuba, Venezuela, México, desmontar las amenazas sobre Panamá. Solidarizarse con cualquier nación de nuestro continente y del mundo, que sufra la agresión imperial reclama articulación, organización, coordinación, buena y permanente comunicación, para garantizar acciones inmediatas. Los terroristas son ellos, y el mundo debe saberlo, reconocerlo y denunciarlo.
Una suerte de Estado Mayor de la Solidaridad entre los Pueblos clama a gritos ser creada, como lo fue alguna vez, al impulso genial y combativo de Fidel, la convocatoria a la Conferencia Tricontinental, o los llamados del Che a formar aquellas juntas de coordinación revolucionaria, o las más recientes iniciativas internacionales contra el fascismo, impulsadas desde Venezuela.
Las tareas están claras y las dicta la realidad que el imperio nos impone. Queda encontrar los oídos atentos y dispuestos para la lucha y la resistencia.
[1] https://budgetlab.yale.edu/research/economic-and-fiscal-effects-trump-administrations-proposed-tarrifs
