Para el pueblo salvadoreño, 2025 inició sin mayores diferencias respecto de 2024. Siguieron las malas noticias, que desnudan un régimen alineado con las peores fuerzas del planeta, con políticas despóticas y antipopulares, que siguen hundiendo al país en un espiral de decadencia, muerte, persecución, corrupción y deudas, que recaen una y otra vez sobre las espaldas del pueblo trabajador.
Los despidos arbitrarios de empleados públicos siguen a la orden del día. Se han completado casi 4 mil de los más de 11 mil exigidos por el acuerdo con el FMI; estos despidos, en su gran mayoría injustificados, escudados en una política de eliminación de plazas, violan derechos laborales, evitan, eliminan o minimizan indemnizaciones, contravienen acuerdos internacionales de protección a dirigencias sindicales, personas con discapacidad o mujeres embarazadas, entre otros.
Los desalojos de vendedores, no solo ambulantes sino de negocios establecidos desde hace más de tres décadas, y de puestos en mercados de interés, en zonas que la élite gobernante ha decidido hacer de su uso exclusivo, avanza a paso redoblado, tanto en el Centro Histórico capitalino como en otras ciudades del país y en el área metropolitana de San Salvador, que parece destinada a expulsar a cualquiera que incomode la instalación de la nueva “burguesía compralo-todo a precio de remate”.
En noviembre pasado, el Secretario de Comercio y tío del usurpador jefe del clan, José Miguel Katán, lo decía sin rubores, al alentar a quienes solían realizar sus actividades comerciales en la zona a “buscar oportunidades en el interior del país”, dejando claro que sólo una línea de negocios exclusivos sería considerada para formar parte de la “renovación” del Centro Histórico.
En otros casos, el despliegue del ejército, como en las zonas donde se planea explotar minería metálica, cumple el doble propósito de atemorizar y amenazar a las comunidades en resistencia, mientras actúan como gendarmes de los intereses del clan familiar de gobierno y de sus socios extranjeros.
Por lo pronto y pretendiendo inútilmente frenar las luchas en defensa de la tierra, del aire, del agua y de la vida, el régimen viola una vez más la ley y utiliza a sus títeres en la Fiscalía General de la República, para juzgar por segunda vez a los ya absueltos ambientalistas de Santa Marta. Para los déspotas no existe el concepto de Cosa Juzgada, si algo se opone a sus intereses miserables.
La peor remuneración y la más exigua canasta básica
El Salvador es el único país de Centroamérica que no promueve un aumento del salario mínimo desde el año 2021; en agosto de ese año, se registró su último aumento del 20%, y aunque varía según el sector de trabajo, se sitúa actualmente en $365; en el sector rural se registra el salario más bajo de la región, $155.60.
Cálculos recientes establecían que una familia trabajadora de cuatro integrantes, dependiendo del sector social al que pertenezca (de bajo a medio), necesitaba entre $650 y $1,700/mes para vivir en ciudades como San Salvador, esto antes de la explosión de precios producida por la burbuja inmobiliaria generada artificialmente por la compra de terrenos, casas y construcción de edificios de lujo para no-residentes, que llegan a El Salvador buscando el paraíso de la especulación inmobiliaria, financiera y de criptoactivos.
En el año 2024, todos los países de América Central, con la única excepción de El Salvador, promovieron aumentos de entre el 10% y el 20% en su salario mínimo. 2025 trae aumentos en ese rubro en Guatemala, Nicaragua y Honduras.
Según la legislación salvadoreña, el salario mínimo debe revisarse al menos cada tres años, teniendo en cuenta el costo de vida, que incluye alimentación, vestuario, vivienda y educación, entre otros factores; el último aumento debió hacerse efectivo en septiembre de 2024.
Aunque esto es Ley, ya sabemos que el régimen salvadoreño, ilegal e inconstitucional, no tiene en ningún caso interés en cumplir las leyes, si estas no favorecen al grupo de especuladores y otros sectores parasitarios de los recursos del Estado, que conforman la estructura burguesa en el poder.
Se suele argumentar desde filas patronales y gubernamentales que subir el salario mínimo produciría pérdida de empleos o aumento de precios. Tales afirmaciones no están en ningún caso demostradas. Costa Rica, por ejemplo, no solo es el país con los salarios más altos de la región, sino también el que más inversión extranjera recibe. En las antípodas se encuentra El Salvador. Costa Rica es el país de la región con el salario mínimo más alto ($728), casi el doble que el salvadoreño.
El negocio del bukelato no es apoyar y resolver las necesidades del pueblo sino las de la élite gobernante, al mejor estilo de las corruptas dictaduras cívico-militares de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, o de las monarquías dinásticas de Medio Oriente.
De todas aquellas experiencias parece tomar el régimen lo peor, y lo implementa, confiado en que la fuerza del Estado militar-policial, combinado con su estructura de manipulación de masas, mantendrá al pueblo disciplinado, sumiso y obediente, mientras los nuevos ricos hacen de las suyas desde el Ejecutivo y el Legislativo.
Este conjunto de instrumentos del Estado, utilizados como armas ofensivas en contra del pueblo, castiga con dureza sus condiciones materiales de vida y empieza a atacar no sólo a los más desposeídos sino, crecientemente, a la llamada clase media, (la misma que fue cómplice del ascenso del régimen).
En todo aquello que tenga que ver con políticas sociales el país ocupa sistemáticamente los últimos puestos. La canasta básica de El Salvador es la más cara de la región. En junio de 2024, el costo de la canasta básica urbana (CBAU) fue de $262.17, el más alto de la historia del país.
El dato de octubre fue algo menor, $245.7 para la urbana y $175.3 para la zona rural, debido a la implementación oficial de agromercados, que resultaron una solución temporal y de propaganda, en la medida que no se recurre al fomento de la producción local sino a la importación de alimentos, que sigue condenando al campo a la quiebra. Elemento que se explica, en parte, al conocerse la decisión oficial de fomentar la explotación minera, y al hecho de que el sector importador es uno de los pilares de apoyo del régimen.
Pero, además, la canasta básica en El Salvador es, por mucho, la más limitada de la región centroamericana. Apenas cuenta con 22 productos, distribuidos en 11 categorías. Resulta insuficiente para satisfacer las necesidades de una persona, no provee una cantidad adecuada de proteínas, y tampoco cumple con su misión de constituir el parámetro bajo el cual debe guiarse la alimentación de sus habitantes.
En términos comparativos, la canasta básica de Costa Rica -para seguir con el ejemplo de un país recientemente visitado por el dictador, y cuyo experimento pareció ser “admirado” desde las tribunas oficiales ticas-, está compuesta por 52 alimentos. Se incluye el consumo de hasta 373 gramos de productos ricos en proteínas a diario para cada persona. Se trata de 15 diferentes elementos pertenecientes a 7 categorías, entre las que se encuentran varios tipos de carne de pollo o de res. Incluso pescado y embutidos. Y, a diferencia de la canasta de El Salvador, incluye lácteos, como el queso.
Las condiciones para la confrotación
Si a esta lista de retrocesos en las condiciones de vida del pueblo, agregamos que la aplicación del presupuesto 2025 anticipa mayores sufrimientos, tanto en despidos del sector público como en recortes de subsidios (al gas, a la energía eléctrica, entre otros), los aumentos de tarifas, la persecución al sector informal, la reducción de los servicios de salud por falta de profesionales, insumos y medicamentos, o el despido de docentes y cierres de escuelas, en virtud de reducciones presupuestarias, no es difícil comprender las presiones sociales que se avecinan.
Tampoco podemos avizorar mejoras en las condiciones de persecución política, violaciones a los derechos humanos, encarcelamiento de inocentes, incremento de muertes por tortura y malos tratos a prisioneros en manos del Estado, desaparición de personas sin que figuren en la maniquea contabilidad oficial. Todo ello contribuirá a una alta conflictividad que, sin duda, se verá aún más polarizada por un tema tan sentido por la población como el reinicio de la minería metálica. Es entonces natural considerar que las marchas, protestas, reclamos y denuncias crecerán exponencialmente.
Estamos ante un gobierno despótico que, lejos de aceptar el disenso, exige obediencia ciega y considera enemigo a cualquiera que se le oponga. También conocemos los niveles de persecución, presiones y censura que ejerce sobre la prensa, con el uso del espionaje, la persecución judicial, y las presiones y allanamientos policiales, sin otra orden ni causa que el eterno régimen de excepción, utilizado descaradamente para combatir a la oposición política y social.
El recurso militar es, sin duda, una carta a jugar por el régimen, que disminuye la fuerza policial en su presupuesto, pero confía y otorga refuerzos millonarios al estamento militar.
No podemos aún darlo por hecho, pero será necesario considerar las consecuencias de deportaciones masivas desde EEUU, con el incremento de mano de obra desocupada y caída drástica de las remesas, único salvavidas que le va quedando a muchas familias en El Salvador, y parte importante de recursos para el Estado.
Ante estas circunstancias, la unidad en el campo popular se hace imperativa, y para ello se debe contar con todos los sectores honestos del pueblo. Desgraciadamente, no todos aún pueden dejar atrás su sectarismo, y les cuesta comprender que su actitud solo favorece al régimen que dicen querer combatir. Esas expresiones se vieron esta semana en un grupo de pequeñas organizaciones asociadas, cuya dirigencia, víctima de una notable miopía política, cree poder conducir, con declaraciones sectarias ante la prensa, las expresiones de lucha del pueblo.
Cuestionan en general a la oposición y denuncian su silencio ante al gobierno, sin diferenciar a las fuerzas políticas de la izquierda. No distinguir al FMLN, ni reconocer su permanente defensa de los intereses populares, es “olvidar” a conveniencia que la militancia efemelenista acompaña cada marcha, cada acción de protesta y cada gesto solidario, como sucedió este mismo 12 de enero en la marcha por los acuerdos de paz y en reclamo por múltiples causas populares. Es mentir y retorcer la historia por omisión, es contribuir a la división y a la confusión, que sólo beneficia al gobierno.
Enero es un mes de relevancia para la memoria histórica salvadoreña; nos recuerda los Acuerdos de Paz (16/1992), la “Ofensiva Final” (10/1981), también sus raíces, con la insurrección indígena campesina (22/1932), y el paso a la eternidad del líder histórico de la revolución salvadoreña, Schafik Hándal (24/2006), entre otras fechas relevantes.
Es deseable que estas gestas sirvan, con su ejemplo y recuerdo, a superar el impaciente vanguardismo pequeñoburgués, y se comprenda que todas las fuerzas del pueblo tienen un papel y un lugar en esta historia.
Cuanto antes se asuma, más rápida y efectiva será la organización para la acción unitaria y popular contra el enemigo imperial y su eslabón nacional a enfrentar hasta vencer. En la lucha antidictatorial no sobra nadie.
