Despojo oficial y resistencia popular

Solo las perspectivas de lucha organizada alientan las esperanzas del pueblo en el futuro inmediato.

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Conforme se acerca el fin de año se van cumpliendo los inexorables plazos que las multinacionales de las finanzas y las instituciones multilaterales han impuesto a un gobierno que demuestra sumisión absoluta a los intereses del gran capital internacional y a los negocios de sus socios locales, en detrimento de las grandes mayorías populares, cada vez más empobrecidas y desesperadas.

Esta semana el gobierno anunció, con tuits y mensajes triunfalistas en redes sociales, el acuerdo inicial con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que llevaba años negociando. Una buena noticia para las élites burguesas en el poder y una dolorosa perspectiva para el pueblo.

Hambre para el pueblo, riqueza para los ricos

Con el acuerdo, el Estado salvadoreño espera recibir unos 1,400 millones de dólares en préstamos, que le alivien de una desesperada situación financiera en la que el gobierno se hundió a base de gastos desorbitantes, sin control social, sin auditorías o controles de instituciones externas. Esos gastos fueron dirigidos a fortalecer una élite corrupta y parasitaria, que solo juega a enriquecerse a costa del erario público, robando recursos y vendiendo la nación.

Todo esto lo hacen montados en un discurso populista y patriotero que desde Casa Presidencial manipula la opinión pública, explotando fobias, odios y miedos, con una profunda carga ideológica de carácter religioso, prometiendo perspectivas primermundistas que en ningún caso intentan materializar.

El acuerdo técnico con el FMI establece un programa financiero de 40 meses, el cual debe ser aprobado por el directorio del organismo en febrero de 2025; está además condicionado a la implementación de acciones acordadas previamente, centradas en tres aspectos: Política fiscal, Gobernanza y Transparencia, y Activos digitales.

Es importante recordar las razones que llevan a organismos como el FMI a exigir determinadas acciones para otorgar su beneplácito a cualquier acuerdo de préstamo, y estas son exactamente las mismas que tiene cualquier banco o prestamista: asegurar que el deudor pague su deuda.

Una cosa es la propaganda y otra los objetivos. Así funciona el sistema. El objetivo de un banco es asegurar el retorno de su inversión con beneficios. Aunque su propaganda diga que le importa la felicidad de su cliente, y que por eso le financia un auto o una casa, la realidad es que eso al banco le da lo mismo, sea que el auto no sirva o la casa se derrumbe, lo único importante es que el préstamo regrese puntual y con ganancias para el banco.

No es tan diferente lo que hace el FMI, a pesar de que suela incluir en sus textos referencias a la protección de los consumidores o menciones al bien público.o el medioambiente Por eso, para asegurar el pago de la deuda, exige al deudor ajustes fiscales, aunque ello signifique, como en el caso de El Salvador, hambre y miseria para el pueblo, despidos masivos del sector público, reducción de gastos y, en consecuencia, deterioro de todas las políticas de bienestar social que hubieran sobrevivido a la brutal ofensiva neoliberal de los primeros cinco años del bukelismo.

En materia de política fiscal, exige el control de la deuda pública mientras demanda el despido de personal en prácticamente todas las áreas de servicio público, que por otro lado ya están comprometidas a partir de la aprobación del presupuesto 2025.  «Las medidas fuertes fiscales, por valor del 1.5% del PIB en 2025, ya incluidas en el presupuesto aprobado, reducirán la masa salarial, el gasto en bienes y servicios y las transferencias a los municipios» (Texto del acuerdo).

Según los datos oficiales, los gastos públicos superan por mucho los ingresos de impuestos como el IVA y la renta. El ajuste financiero significaría que el gobierno debe lograr una reducción del déficit presupuestario (la diferencia entre gastos e ingresos) en alrededor de $1,200 millones, a un promedio de $400 millones por año en los próximos tres años.

En materia de Gobernanza y transparencia, el FMI exige al gobierno algo que no ha hecho y que posiblemente seguirá sin hacer, “mejorar el marco de responsabilidad fiscal, al igual que la información que se publica sobre la deuda pública, las pensiones, las empresas estatales, y los contratos públicos con transparencia sobre los beneficiarios finales».

Si algo ha caracterizado a este gobierno es su absoluto rechazo a ser fiscalizado. Así como miente a conveniencia como parte de su lógica de gobernanza, del mismo modo es incapaz de dejar de mentir, porque revelar sus intenciones significaría su derrumbe. Admitirá lo que sea para recibir el préstamo, asumirá transparencia del mismo modo que aceptará la cláusula de protección medioambiental, pero eso no le impedirá seguir rechazando cada solicitud de información, o poner bajo reserva decisiones oficiales; tampoco la cláusula mediomabiental le impedirá seguir adelante con sus proyectos de explotación minera.

Para ejemplo, la acelerada convocatoria a plenaria extraordinaria del Legislativo, el lunes 23 de diciembre, para aprobar con dispensa de trámite y sin discusiones, una nueva Ley de Minería, para lo cual previamente -el viernes 20 y sábado 21- aprobó en comisión no otorgar audiencia a las organizaciones y grupos sociales que serían afectados por dicha Ley.

En el único espacio donde el gobierno parece haber aceptado su fracaso es en materia de activos digitales. «En línea con las políticas del FMI, los riesgos potenciales del proyecto Bitcoin disminuirán significativamente. Reformas legales harán que la aceptación de Bitcoin por parte del sector privado sea voluntaria«.

Una derrota en toda regla; el BTC como moneda de curso legal es historia, y con él buena parte de la prospectiva de lavado mediante criptoactivos, que tan frecuentemente fue denunciada en investigaciones periodísticas y económicas.

«Para el sector público, la participación en actividades económicas relacionadas con Bitcoin y las transacciones y compras de Bitcoin estarán delimitadas». «Los impuestos podrán ser pagados sólo en dólares y la participación del gobierno en la billetera cripto (Chivo) se irá reduciendo gradualmente«.

Fin de año doloroso, nuevo año de luchas

El fin de año deja ya más de 3,000 empleados públicos en la calle. Una nueva división de desocupados que engrosará el ejército de personas sin empleo generado por el actual régimen, que en el último lustro vio crecer la pobreza extrema en 300,000 individuos.

Y esto apenas empieza. El cumplimiento con el FMI es inexorable pero el gobierno no piensa reducir un centavo de su aparato de propaganda ni de los fondos destinados a la fuerza armada, único ministerio (Defensa) al que el presupuesto 2025 no recorta, sino que aumenta en $53 millones.

En este sentido, el Presupuesto General de la Nación, como el resto de políticas públicas, no es más que un enorme ejercicio de engaño y despojo. Así los diputados y su jefe en el Ejecutivo, desde el aparato de propaganda y desinformación, anuncian a los cuatro vientos la aprobacion de un presupuesto en favor del pueblo.

Curioso beneficio el de un presupuesto que recorta todos los posibles aspectos de apoyo social que pudieran aún encontrarse en las arcas de la nación para destinarlos al pago de deuda, concentrar un poder ya hiper-concentrado y asegurar el recurso de la represión en manos de los perros guardianes del régimen.

Son bien conocidos los grandes recortes efectuados a rubros claves como Salud, $155 millones (-10%); educación, 108 millones (-5%); agricultura, $68 millones (-40%), afectando así la infraestructura sanitaria y escolar del país, igual que los servicios profesionales tanto del ISSS, como de la Salud Pública y la Educación. Menos personal médico, menos maestros, menos infraestrucutura, falta de medicamentos ¿Qué beneficio para el pueblo representa recortar 54 millones de dólares de los presupuestos de 30 hospitales nacionales (de un total de 31 establecimientos)?

Los títeres del régimen

Mientras tanto, y a tenor de aquella consigna de mentir mil veces hasta que la mentira sea creída, los títeres sindicales del régimen salieron casi al unísono con los diputados cómplices y demás funcionarios ministeriales a intentar hacerle creer a la masa de trabajadores de la educación, que habían conservado el ecalafón por el cual lucharon los trabajadores en las calles; marchas que ellos, como esquiroles, intentaron detener. Hoy quedaron en evidencia.

La falacia del escalafón para unos 44,000 docentes se derrumba ante la simple operatoria matemática de dividir los 2 millones de dólares anunciados entre el total de “beneficiarios”: $45,45 por año.  Con cinismo se rien en la cara de la gente y hasta esperan que los aplaudan.

Poco menos se puede decir de los “representantes” del sector Salud, que presentan como positivo el hecho de dejar sin aumento por escalafón al personal que supere los $1,500 de salario (hasta ahora esa conquista tenía un límite salarial de $3,000).

Mientras tanto el régimen sigue concentrando poder y capital. Esta vez lo hace en detrimento de los municipios, violando nuevamente la Constitución, arrebatando a las alcaldías su autonomía, y la mitad de lo que cobran de tasas municipales. Le quitan así a los municipios una de sus atribuciones, la recolección de desechos sólidos, que ahora pasa a estar centralizada en un ministerio. El robo es tan descarado como indisimulable es la ambición del poder total concentrado. 

Asi las cosas, resulta evidente que el año que se asoma trae consigo nuevos y mayores conflictos, alimentados por la falta de empleos y oportunidades, la precarización de las condiciones de vida del pueblo, el estancamiento económico, la persecución política y social, y la violación de derechos humanos.

A esto podemos sumar las negativas perspectivas internacionales que encuentran a El Salvador a expensas de la voluntad del nuevo Ejecutivo estadounidense. Si las amenazas de expulsión de migrantes se hacen realidad, El Salvador se encontrará con un panorama de profunda desestabilización y tensión social.

Sin inversiones privadas productivas, altísimo desempleo, caída en las remesas, productividad estancada, importación de alimentos por abandono de políticas agropecuarias para la sustentación y autosuficiencia alimentaria, posible llegada de nutridos contingentes de deportados; el panorama no podría presentarse más oscuro. No es casual, entonces, que el régimen ilegítimo siga consolidando una fuerza militar destinada a su defensa, no de enemigos externos sino de un pueblo movilizado, activo, organizado, que no tiene ya otra opción más que la lucha en todos los campos posibles, para defender su existencia ante una élite concentradora de poderes y riquezas, que defenderá su estatus al precio que sea.

El movimiento social se organiza y se activa, mientras en el campo de la politica partidaria, el FMLN es el único partido que muestra signos de recuperación y activismo renovado. La unidad en la lucha, la confluencia de todos los sectores populares en defensa de la Nación se perfila cada vez más claramente como opción de lucha y única posibilidad de victoria. 

Solo las perspectivas de lucha organizada alientan las esperanzas del pueblo en el futuro inmediato.

Felices Fiestas a nuestros lectores