El luto marca el inicio de la temporada navideña de este año en El Salvador. La inauguración de árboles de navidad, fiestas comunales y municipales y hasta una incomprensible pista de patinaje sobre hielo en un país tropical, debía servir para distraer a una parte del pueblo de los habituales problemas que lo aqueja.
El momento era propicio para que el régimen desplegara su amplio espectro de maniobras de distracción y de enajenación social, sacando provecho de las fiestas de fin de año para intentar “hacer olvidar” el hambre, la falta de oportunidades de empleo, la escasez de recursos en manos de la familia salvadoreña, la exclusión, la pobreza y la miseria, los miles de despedidos del servicio público, la desaparición de personas y las violaciones de derechos humanos, la corrupción y oscuridad oficial que siguen en la impunidad, el robo de las pensiones, la amenaza de más deuda galopante, hipotecando a generaciones futuras que, sin embargo, hoy celebran las ocurrencias de los personeros del régimen.
Cuando todo eso parecía viable, un accidente laboral que se transformó en tragedia puso sobre la mesa la precariedad de las condiciones laborales, las nulas condiciones de seguridad y la improvisación en la realización de obra pública, sin las adecuadas supervisiones.
Cuatro trabajadores perdieron hasta ahora la vida luego que una estructura de hierro colapsara el viernes por la mañana en los trabajos de ampliación de la Carretera Panamericana y la construcción del viaducto Francisco Morazán. La tragediasigue bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las víctimas se encontraban instalando enormes armazones de hierro que cedieron, aplastándolas. La empresa coreana contratada para la obra anunció que correría con los gastos fúnebres y una indemnización de 50,000 dólares por cada fallecido. Lo cierto es que aunque se advirtió que habría investigaciones para deslindar responsabilidades, la experiencia indica que posiblemente todo quede en nada.
En el fondo, el desgraciado caso es resultado de la improvisación y las presiones por acelerar los tiempos de construcción con fines propagandísticos gubernamentales, con desprecio de la seguridad de los trabajadores. Una forma más de corrupción, tema que en los últimos días aparece con insistencia en relación con funcionarios y ex funcionarios del gobierno.
Es bueno recordar, sobre todo cuando los pueblos sufren de memoria corta. Esa corrupción ha tenido y tiene a lo largo de los últimos años el protagonismo de prominentes miembros del clan en el poder y sus socios.
Entre quienes destacan por sus inconcebibles niveles de impunidad, figura el carcelero mayor del régimen, Osiris Luna y su familia; asociado a negociados de todo tipo en las cárceles, el uso de personas privadas de libertad en trabajos realizados en propiedades de la familia del funcionario, y aquel viaje en jet privado del que jamás dio cuenta, y financió la empresa mexicana de seguridad Integral Security, del Grupo SeguriTech, el 10 de octubre de 2019.
Otro caso es el del primo del presidente y ministro de Salud, Francisco Alabí, cuyo nombre lleva la ley que simboliza la estructura jurídica para la opacidad, el ocultamiento y la impunidad de los malos manejos de fondos públicos.
El 9 de agosto de 2020 se cayó repentinamente el sitio web en el que el gobierno de El Salvador publicaba información sobre sus gastos contractuales. Sucedió en medio de denuncias por corrupción relacionadas con los gastos públicos por el coronavirus.
Cuando el sitio web volvió a estar en línea, la información de gastos de Casa Presidencial había sido eliminada. Los datos desaparecieron un día después de que Salud Con Lupa, un sitio de investigación periodística enfocado en la atención en salud en Latinoamérica, publicara un informe según el cual el ministro Alabí, había gastado US$50.000 en la remodelación de su oficina durante la pandemia.[1]
La revista Gato Encerrado también reveló en aquellos días que Alabí otorgó un contrato de US$225.000 para botas de goma a una compañía de autopartes de la que su tía es presidenta. Las botas estaban incluidas como gasto de emergencia para la adquisición de suministros médicos.
Finalmente, otro sonado caso fue el del entonces ministro de Agricultura Pablo Anliker, llevado a juicio por la compra de productos alimenticios del Programa de Emergencia Sanitaria no recibidos durante la pandemia de COVID19. La canasta alimenticia que se entregaba entonces se valoraba entre $25 y $30, aunque la Memoria de Labores del Ministerio en 2021 la presenta a $90.
Pese a que los documentos señalaban que era Anliker quien elegía personalmente a los proveedores y quien ordenó las compras que se realizaron, de las cuales al menos 133 millones de dólares en producto jamás llegaron al Ministerio, la Corte de Cuentas responsabilizó a seis técnicos de la institución, condenándolos a devolver $60 millones de dólares.
De esta manera, la Corte exoneraba al exministro y a su director de compras, Lorenzo Corpeño. Con la oscuridad que caracteriza el sistema, la Corte ha puesto bajo reserva el caso, por lo que no se sabe aún cómo se resolvió.
A estos se suman los actuales alegatos relacionados con la compra de edificios en el centro histórico capitalino por allegados y socios de la familia presidencial (incluyendo varias empresas extranjeras que actuarían a través de testaferros), así como propiedades en torno al lago de Coatepeque; las nuevas fincas de café del presidente, que utiliza el aeropuerto (un espacio estatal) como plataforma de publicidad para sus productos, pretendiendo asociarlos con la marca El Salvador, una ventaja comparativa que bordea la corrupción a la que parece que nos vamos acostumbrando.
La corrupción nuestra de cada día
Si nos detenemos a reflexionar sobre estos elementos relativos a casos de corrupción, que se amplían a las fuerzas de seguridad, y a las denuncias contra ellas por extorsión a la población, exactamente como antes hacían las pandillas, o las denuncias de familiares de presos del régimen de excepción acerca de los negociados con los productos que pueden hacer llegar a sus detenidos, muchas veces sin saber siquiera si están con vida, o si les llegan las pocas cosas que las humildes familias logran comprar, es porque en estos días un nuevo estudio de opinión nos muestra peligrosas aristas del sentido común que se está imponiendo en ciertos sectores de la sociedad salvadoreña.
El más reciente caso donde podemos encontrar indicios de corrupción es el de la minería metálica y su ferviente defensa por el mandatario salvadoreño.
Mas allá de las consideraciones relativas a su viabilidad, a la protección del medioambiente y el hábitat de las comunidades afectadas, también debe considerarse la lucha contra la corrupción, que va de la mano con la defensa de la Soberanía Nacional, porque el fondo de esta cuestión es la entrega de los recursos y riquezas nacionales a corporaciones internacionales, no para beneficio de El Salvador en modo alguno sino para el mayor enriquecimiento de las multinacionales y de las élites vendepatria que nos gobiernan.
Hoy se sabe que antes de anunciar “estar considerando la posibilidad” de derogar la prohibición de la minería, el presidente ya había hablado en privado, a mediados de noviembre, con corporaciones mineras internacionales a las que habría adelantado sus intenciones. Están negociando los bienes de la nación en beneficio de particulares e intereses extranjeros.
Todo esto sucede mientras se celebran en estos días jornadas de debate sobre la corrupción. Desde diversos países, “organizaciones de la sociedad civil” ligadas a intereses de Washington nos vienen a decir que la corrupción no es una cuestión ideológica, pero son incapaces de detenerse a pensar que es todo lo contrario.
Es absolutamente ideológica, porque este cáncer es inherente a un sistema basado en el robo, el despojo y la explotación. Para el sistema y sus defensores, la corrupción es como un ladrón, solo lo será si lo descubren. Si pasa inadvertido, el corrupto será visto como alguien respetable, sin que por ello sea un ápice menos corrupto. La corrupción, finalmente, es también una cuestión de poder y de relaciones de poder.
La situación no es exclusiva de El Salvador, aunque datos recientes deberían preocuparnos. Buena parte de la población salvadoreña tendría más tolerancia hacia prácticas cuestionables de políticos y avalaría la reelección indefinida en la Presidencia de la República, según reflejan los resultados del Latin American Public Opinion Project 2024 (LAPOP), que mide las percepciones de los ciudadanos hacia temas democráticos, de confianza en las instituciones y percepciones de corrupción.
De acuerdo a los resultados del proyecto, presentados este martes con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Counterpart International y la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo), el 64% de encuestados estaría a favor de la reelección indefinida, mientras que el 36% de los salvadoreños considera que no se debe permitir. Un alto porcentaje de la población salvadoreña (41%) no muestra inconvenientes en que órganos de Estado como el Legislativo y el Judicial desaparecieran por decisión presidencial “si el país enfrenta momentos muy difíciles”.
El informe refiere a prácticas cuestionables, que pueden inferirse como ilegalidades y niveles de corrupción, que la gente empieza a considerar “razonables”, y que en cifras se expresa así: para un 60% se justificaría (actuar al margen de la ley) si “la otra parte lo hace”, entendido como el sector de oposición; solo el 40% respondió que no. Un 68%, casi siete de cada diez personas, respondió que se justifica “para cumplir sus promesas”, contra el 32% que no lo justifica.
Más allá de las cifras y los enfoques, lo que nos debería preocupar de este tipo de informes, como sucede habitualmente con Latinobarómetro y otros similares, es que señalan la creciente aceptación de prácticas autoritarias de gobierno, restricción de libertades, justificación de conductas hasta hace poco inaceptadas, y sobre todo, nos presenta un modelo de democracia corrupta, viciada, prostituida y limitada a la “eleccion” periódica de un mandamás sin otra obligación aparente que hacer lo que considere aceptable, necesario o conveniente.
Ese modelo de democracia en crisis, disminuida a su mínima expresión, constituye el caldo de cultivo para los extremistas de derecha que se van expandiendo por el continente.
Radican también allí las bases materiales para la lucha de nuestros pueblos, que no se resignarán jamás a que sus niveles miserables de vida, expresados no solo en hambre y pobreza extrema, sino en muertes infantiles por enfermedades curables, educación deplorable, deserción escolar, trabajo infantil, violencia estatal, injusticia institucionalizada, sean el sostén del lujo, la corrupción y el despilfarro que las élites oligárquicas y burguesas, asociadas a capitales transnacionales, disfrutan con impunidad.
[1] https://insightcrime.org/es/noticias/corrupcion-el-salvador-pandemia/
