Por Leonel Herrera*
La posibilidad de que la Ley de Prohibición de la Minería Metálica sea derogada de un rato a otro hace de este momento uno de los más peligrosos de la historia reciente del país.
La primera consecuencia podría ser que decenas de empresas mineras demanden al país en tribunales comerciales internacionales. Pacific Rim/Oceana Gold, Commerce Group, Martinique Minerals y otras transnacionales extractivas exigirían millonarias indemnizaciones. El salvador volvería al banquillo de los acusados del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) y podría ser enjuiciado en otros tribunales corporativos.
Esta eventual situación generaría inevitablemente un colapso en las finanzas públicas, pues el gobierno podría endeudarse todavía más, subir el IVA o ponerle nuevos impuestos a la gente y destinar enormes cantidades del presupuesto público para pagar esas indemnizaciones si el Estado fuera condenado.
Así que, al revertir la prohibición de la minería metálica, el país tendría inmediatamente serios problemas económicos que los promotores gubernamentales de los proyectos mineros, en sus caprichos y su obsesión extractivista, no están previendo.
Estas compañías, además, exigirían el otorgamiento inmediato de los permisos de explotación que les fueron negados en el pasado. Pacific Rim/Oceana Gold reclamaría la licencia de explotación del proyecto El Dorado, en Cabañas; y Commerce Group demandaría el restablecimiento de la concesión que le fue cancelada en La Unión.
Y de esto son totalmente previsibles las consecuencias: escasez de agua, contaminación con cianuro, generación de drenaje ácido y destrucción de ecosistemas; con las graves implicaciones que esto tendría en la salud, en la agricultura y otras actividades productivas, en la convivencia social y otros ámbitos de la vida de la población.
Pacific Rim declaraba en su estudio de factibilidad que usaría 11.5 litros de agua por segundo y necesitaría 750 toneladas anuales de cianuro durante seis años de operaciones. Nomás en la fase de exploración del proyecto El Dorado esta empresa secó ríos, contaminó acuíferos subterráneos y dañó tierras agrícolas y ganaderas en San Isidro y Guacotecti, Cabañas.
Mientras que Commerce Group dejó severos daños en San Sebastián, La Unión. El río de agua anaranjada, contaminada irreversiblemente con drenaje ácido de metales pesados, debería ser una advertencia para no provocar ese mismo desastre ambiental en otros lugares del país.
Estos terribles daños de la minería metálica no es posible evitarlos, por una razón sencilla: el método de extracción de algunos metales no ha cambiado, a pesar de los avances técnicos en las industrias extractivas. En el caso del oro, no hay otra forma que no sea utilizando intensivamente agua y grandes cantidades de cianuro para separar el metal del resto de la roca.
Por eso es falso que haya minería verde, sostenible o en armonía con la naturaleza. Esas son frases publicitarias que no tienen base técnica ni científica. El término «minería» verde» lo acuñó Pacific Rim, en el año 2005, como mensaje central de una fuerte campaña de saturación mediática; y luego Oceana Gold habló de «minería sostenible» en 2010, en su demanda de 350 millones de dólares contra el Estado salvadoreño en el CIADI.
Los alegres pregoneros de la minería metálica suelen compararla con la explotación petrolera, la extracción de gas y otras actividades extractivas; pero no es lo mismo. Por los graves daños que causa, está demostrado que la minería metálica es la más contaminante de todas las industrias extractivas; por eso las compañías mineras extranjeras prefieren desarrollar sus proyectos en paises como el nuestro y no en el suyo propio.
Ojalá que, por el bien del país, el presidente inconstitucional Nayib Bukele reflexionara y escuchara sin prejuicio las voces de alerta de los expertos. Todos le dirán que los costos son muchísimo mayores que los posibles beneficios.
Permitir la minería metálica en El Salvador no conlleva un peligro cualquiera: está en juego la vida del país. Irónicamente están también en riesgo intereses económicos del clan familiar gobernante, los mismos que probablemente propugnan por los proyectos mineros como fuente de acumulación de riqueza.
Son momentos muy difíciles. Las decisiones que se tomen marcarán el presente y el futuro del país: catástrofe ambiental, social y económico; o posibilidades se seguir viviendo para las generaciones presentes y venideras.
El desafío para la ciudadanía es trascendental. El no a la minería debe estar acompañado por la demanda de medidas alternativas, sabiendo que las soluciones no están en el mortal extractivismo minero, sino en la reforma fiscal progresiva donde «paguen más quienes tienen más», en la reactivación del agro, la atracción de inversiones productivas, la sustentabilidad ambiental, la mejora del talento humano con salud y educación y otras tareas que deberían ser prioridades gubernamentales.
*Periodista, analista y activista social
