A tres meses de usurpación del gobierno salvadoreño, una inexistente política económica hunde la industria, el campo y la vida de la familia salvadoreña; la persecución política y sindical se usa como herramienta de control ciudadano, buscando retrasar las inevitables protestas populares. Finalmente, la seguridad ciudadana, supuesta “carta de éxito” del régimen, ha perdido su efecto ante la cotidiana inseguridad de sectores vulnerables, las desapariciones forzosas y los abusos de autoridad.
Debacle económica
El abandono del agro es una política del régimen que privilegia a sus socios importadores de alimentos anteriormente producidos en el campo salvadoreño. Más allá del drama de la migración masiva del campo a las ciudades y de estas al exterior, el precio de los alimentos ha transformado a las grandes mayorías populares en sectores profundamente vulnerables.
A tres meses de la prórroga a la Ley especial de combate a la inflación, los objetivos siguen sin cumplirse. Aquellas medidas que buscaban evitar incrementos del precio de los productos de la canasta básica no son más que fracasos del gobierno: de abril a julio de 2024 esa canasta ha pasado de $255.20 a $264.91 en la zona urbana. La cifra más alta en más de dos décadas en El Salvador, según la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC).
Según la Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en los últimos ciclos agrícolas, el área de siembra se ha reducido en 35,886 manzanas. El Anuario de Estadísticas Agropecuarias, publicado por la DGEA, señala que en el ciclo 2022-2023 la superficie sembrada alcanzó 594,697 manzanas, 3,451 menos que en 2021-2022. La gremial de productores CAMPO estima que este año se sembrarán solo 295,000 manzanas.
La crisis del café
El café fue una de las producciones estrella del país por casi 200 años. Fue perdiendo espacio en la conformación del PIB en la medida que el deterioro del entorno, las políticas erróneas, la competencia mundial y nuevas y diversas actividades económicas afectaron la producción nacional.
En la década de 1970 el país fue el quinto productor y cuarto exportador mundial, con una producción cercana a los 5 millones de quintales. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), desde 2014 El Salvador no supera el millón de quintales exportados. Desde entonces, el año en el que más se vendió al exterior fue 2019, con apenas 790,000 quintales, casi la mitad de lo exportado en el peor año del quinquenio 2009-2014. Esta caída se atribuye a la roya del café, los bajos precios de venta y la falta de inversión en el sector.
Hoy en El Salvador se pierden aproximadamente 10,000 empleos relacionados con el café por cada 100,000 quintales menos producidos, según las conclusiones del último informe anual sobre el grano salvadoreño del Servicio de Agricultura Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
El estudio sostiene que en El Salvador se deben sembrar, cada año, durante una década, 30 millones de nuevas plantas de buena calidad y resistentes a la roya, para renovar por completo la zona cafetalera nacional, un paso esencial para su sustentabilidad y recuperación.
Los investigadores y productores de café coinciden en señalar que los esfuerzos gubernamentales no han sido eficaces para ayudar a recuperar las pérdidas. En mayo de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó un fideicomiso de $640 millones para el sector, pero tres años después sigue sin verse un centavo de ese fondo.
Caída en la construcción
El sector de la construcción fue el motor de la economía en 2023, pero en los últimos meses, según datos del BCR, fue el que presentó las más fuertes contracciones. En abril fue del 17.3% y en mayo del 7.5%.
Desde la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco) afiman que el sector empleó unas 30,000 personas de forma directa en 2023; 120,000 se beneficiaron de sus actividades. La caída se relaciona con menor inversión pública, pues ese año preelectoral el gobierno impulsó inversiones a través de más déficit y de más deuda.
Según el FMI, la deuda pública de El Salvador será de 84.4% del PBI en 2024. El único país de la región que supera el 75%, y el que más necesita crecer para reducir su déficit. Pero las cifras indican que es uno de los que menos lo hará en la región.
El sector industrial no levanta cabeza
El sector industrial arrastra una racha de bajo crecimiento y de números negativos desde hace dos años. Después de recuperarse del cierre del comercio internacional por la pandemia en 2020, el sector comenzó a despuntar con cifras de crecimiento récord de hasta 48.12%, pero en el último trimestre de ese año, sus cifras comenzaron a caer. Los datos del BCR muestran que cada mes, su variación interanual (crecimiento respecto al año anterior) ha sido mínima, con variaciones de 0.35%, 0.73% o incluso, 0.02% en diciembre de 2023.
La última variación interanual del Índice de Volumen de Actividad Económica (IVAE) indica que el sector decreció en -1.97% en mayo pasado, siendo el tercer mes del año en números rojos. Los datos resultan más preocupantes si se considera que es el mayor empleador a nivel nacional.
En cada una de las áreas que históricamente produce mayores ingresos y empleos, la errática o nula política económica oficial trae como consecuencia más deuda, más déficit, más pobreza, más migración y menos empleo.
El país se hace cada día más pobre, desigual e injusto. Todos los sectores populares pierden, pero también hay ganadores, y allí encontramos a los importadores de alimentos, a la banca y los especuladores financieros internacionales, los lavadores de capitales en cripto-activos y, en general, los grandes grupos económicos asociados a uno u otro miembro del clan familiar de gobierno, su entorno y el sector burgués emergente que representan.
La caficultura, por ejemplo, sabemos que se hunde en la bancarrota, pero eso no impidió al autócrata de CAPRES lanzar una masiva campaña de marketing para su nueva inversión personal y su sueño siempre incumplido de incorporar su apellido al de la oligarquía; así lanza la producción de café con marca propia que, además, se ofrece al cautivo público local, incluyendo el turismo, utilizando su posición de mandatario y los recursos del Estado, como situación ventajosa en el mercado.
Que la crisis la paguen los pobres
A inicios de esta semana, los diputados Eduardo Amaya, Rubén Flores y Juan Rodríguez, todos de Nuevas Ideas, presentaron una iniciativa para fijar y aumentar las tarifas mínimas por el servicio de agua de la Administración Nacional de Acueductos y Acantarillados (ANDA).
Si se aprueba ese ajuste tarifario implicaría un aumento del 195%, advierte el Centro para la Defensoría del Consumidor (CDC) ya que la tarifa mínima pasaría de $2.39 a $7.05. En el caso de la tarifa comercial, se propone una mínima de $14 en consumos comprendidos entre 0 y 10 metros cúbicos. El aumento sería, en este caso, del 272%, ya que la tarifa actual es $3.76, señaló el CDC. La vigencia del ajuste sería de 10 años.
Persecución política, sindical e impunidad
Mientras el pueblo paga la ineptitud, oscuridad de manejos, y robos del gobierno y sus funcionarios, la propaganda comienza a ser insuficiente para desviar la atención de tanto descalabro. Por eso, desde la usurpación del Ejecutivo, se aceleran las medidas coercitivas del Estado para imponer el silencio y el miedo en la población.
La persecución política se da tanto en el encarcelamiento de ex funcionarios, o activistas de la oposición como en la persecución y despido de sindicalistas y demás líderes populares. Esta semana, la Dirección Departamental de Educación de San Salvador, delMinisterio de Educación (MINED), notificó aIdalia Zúniga, secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), su destitución como directora del Complejo Educativo República de Perú, ubicado en Mejicanos.
La secretaria del FMS ha sido una voz crítica de las políticas educativas del Gobierno, señalando carencias en las escuelas públicas. Es el segundo liderazgo sindical del magisterio que es apartado de su cargo en 2024. En abril pasado, Daniel Rodríguez, secretario general delSindicato de Maestros y Maestras por la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO), fue suspendido de su puesto como director de una escuela de Panchimalco. En aquella ocasión, Rodríguez calificó la medida como “una persecución personal y política”.
900 empleados de la Asamblea Legislativa han sido despedidos desde el 1 de junio. Cuatrocientas de esas personas pertenecían o laboraban para el partido oficialista Nuevas Ideas. De tal modo que ante la indignación pública generada por los salarios y prebendas que mantenían los diputados oficialistas, la decisión fue, nuevamente, afectar a las y los trabajadores, según denunció Héctor Rodríguez, secretario general del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD).
También se desnuda la farsa de la seguridad. Entre junio de 2023 y mayo de 2024, El Salvador registró un total de 20,950 casos de violencia de género, lo que equivale a un promedio de 57 incidentes diarios, según el más reciente informe del Observatorio de Violencia de ORMUSA. Estas cifras reflejan un aumento del 15% respecto al período anterior (junio de 2022 a mayo de 2023), cuando se documentaron 18,178 denuncias.
Fiscalía General de la República (FGR) también reportó 130 hechos de violencia feminicida en el último año. De enero hasta agosto de 2024, ORMUSA documentó 25 feminicidios. Por otra parte, la violencia sexual, que representa el 43% del total de los hechos de violencia de género documentados, mostró un incremento significativo, con 8,984 denuncias en el último período.
La trata de personas, especialmente de mujeres y niñas para explotación sexual y laboral, continúa siendo una grave violación de los derechos humanos. Se documentaron 49 casos de trata entre junio de 2023 y mayo de 2024, un aumento respecto a los 46 casos del período anterior. El tráfico ilegal de personas también ha aumentado, con 724 casos reportados en el último año frente a los 434 del período anterior.
La desaparición de mujeres sigue siendo frecuente. De enero a septiembre de 2023, las denuncias por desapariciones aumentaron un 9.9% en comparación con el mismo período de 2021. Parece que El Salvador está lejos, muy lejos, de las fantasiosas afirmaciones del dictador-publicista, que vende a los inversionistas el país más seguro del hemisferio.
