Cada vez queda más en evidencia la naturaleza inhumana, corrupta y criminal del régimen ilegal que rige El Salvador. La mentira y manipulación institucionalizada como política pública, demuestra también el desprecio a ese pueblo con el que se llena la boca; desprecia la inteligencia popular, creyendo que sobre mentiras sostendrá por siempre su impunidad.
Se trata de un gobierno insensible al hambre de las mayorías, que se preocupa por su apariencia y popularidad mediática, señalando corrupciones ajenas y ocultando las propias, mientras negocia con el FMI un acuerdo que dejaría en la calle a miles de empleados públicos, aumentaría el IVA, afectando sectores populares y clases medias, sin tocarle un pelo a la oligarquía, al tiempo que reduce sustancialmente los recursos destinados a salud, educación, vivienda y protección social.
Crimen sin castigo
La negociación con criminales no abandona la historia del régimen. Mantiene en la impunidad -y en sus cargos públicos- a quienes negociaron con pandillas y liberaron a cabecillas capturados. Se sabe que los votos de las pandillas contribuyeron al primer acceso al Ejecutivo del personaje que, desde el 1 de junio pasado, usurpa inconstitucionalmente el poder.
Esos pandilleros están siendo atrapados por la justicia de otros países y amenazan destrozar el falso relato de mano dura[1]. «Estos criminales estuvieron involucrados en negociaciones para firmar una tregua que otorgara beneficios a los pandilleros en prisión y que redujera los homicidios en las calles«, se lee en el documento acusatorio de la justicia estadounidense.
El último capturado hasta el momento, era encargado de las finanzas de la banda MS13, Jorge Alexander de la Cruz, alias «Cruger», radicado en México. La acusación presentada ante la corte de New York afirma que “estas reuniones [de negociación entre las pandilla y el gobierno de N. Bukele] fueron organizadas por el Gobierno salvadoreño y la prisión, funcionarios, incluidos entre otros, el director de Centros Penales y el director de Reconstrucción del Tejido Social”.
Al mismo tiempo, la persecución política, el hambre, la falta de oportunidades laborales, la inseguridad jurídica, la arbitrariedad y abuso policial y militar para capturar personas inocentes, vulnerables y de escasos recursos, dio como resultado que solo en los primeros siete meses de este año, 3,842 personas de origen salvadoreño hayan pedido refugio en México, según la última actualización de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Esta cifra mantiene al país en el cuarto lugar de solicitudes de refugio en México. La gente sigue huyendo del paraíso neofascista.
Si algo permite calificar al régimen y a sus funcionarios como criminales es el número de muertes a manos de un Estado salvaje y punitivo, que entiende la justicia como venganza, sin que para ello sean necesarias pruebas, juicios justos o derecho a defensa; basta con que desde las alturas del poder alguien sea declarado enemigo.
Las víctimas mortales de semejante régimen represivo se acumulan. Así lo demuestran las cifras del balance de dos años de régimen de excepción:
“El costo humano de esta política es alto: 261 personas adultas y cuatro niñas y niños han muerto bajo custodia estatal entre 2022 y 2024. Estas muertes, a su vez, han dejado al menos a 176 hijas o hijos en orfandad; mientras que el encarcelamiento masivo pone en alguna modalidad de abandono a un estimado de 62,022 niños, niñas y adolescentes menores de 15 años”.[2]
Hambre y corrupción, ¿medicina amarga o política de Estado?
El costo de la vida se aleja cada vez más de los ingresos que recibe el pueblo. La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples -EHPM- 2023, indica que el 84% de las personas que perciben un salario en El Salvador, gana menos de $400 mensuales, mientras que el costo de la vida se ha estimado recientemente en $920.
La crisis y el alza de precios se expresa en hambre y miseria para el pueblo. No en sentido figurado sino en la realidad cotidiana. Los datos del Banco Central de Reserva (BCR) mencionan que la canasta básica alcanzó los $262.17 en junio de 2024, representando un aumento en comparación con mayo, que fue de $256.56.
El Salvador conforma uno de los 18 puntos críticos del hambre a nivel mundial, con más de 100,000 personas que se encuentran en emergencia alimentaria Fase III, calificada como hambruna por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Hasta el BCR, cuya credibilidad es puesta en duda por haberse convertido en un instrumento de propaganda del régimen, ocultando información clave, manipulando cifras, estadísticas y proyecciones de crecimiento, reconoció en 2023 que uno de cada 3 niños y niñas se encontraba en situación de abandono.
El informe «Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2024«[3], elaborado por cinco organismos de las Naciones Unidas, cita datos de la FAO, indicando que un millón de salvadoreños padecieron inseguridad alimentaria grave y otros dos millones de manera moderada entre 2021 y 2023.
Solo un 20% de personas mayores de 65 años cuenta con pensión de vejez, esto significa que el 80% de adultos mayores se encuentra desprotegido por el Estado, mientras que el 46% de esas personas no cuenta con una red de protección familiar.
En cuanto a la vivienda, otro derecho humano básico, se estima que el déficit habitacional afecta al 91% de la población. Se requiere construir 145,000 nuevas viviendas para familias de bajos recursos y se deben reparar 1,500,000 de unidades habitacionales. Según el informe ICAE 2018, el 40.9% de la población vivía en condiciones de hacinamiento.
Con autoridades de vivienda pertenecientes al círculo más íntimo del presidente, centradas en el objetivo casi exclusivo de concentración de capital financiero y traslado de recursos del Estado a manos del parasitario grupo burgués emergente, la situación en ese rubro ha empeorado.
Un país sin leyes ni seguridad jurídica no despierta confianza y así, mientras la inversión extranjera directa (IED) que llegó a Centroamérica en 2023 sumó $11,646 millones, a El Salvador sólo llegaron $760 millones, el más bajo de la región, según CEPAL; Costa Rica se convirtió en el mayor receptor, con una llegada de $4,687 millones (40.2%).
Al 31 de diciembre de 2023, la deuda del sector público no financiero, que incluye al gobierno central, algunas entidades descentralizadas, entidades públicas que no son bancos públicos y fondos de pensiones, era de 29 mil 595 millones de dólares, es decir, 87 % del PIB. De cada 100 dólares que se producen en el país, 87 se destinan a pagar esa deuda pública, que en los últimos seis meses, hasta junio de 2024, creció en 1,360 millones de dólares.
Las cantidades exorbitantes de deuda, lejos de utilizarse para promover inversiones, producción interna, reducir importaciones, apoyar a los sectores más afectados por la crisis, retomando programas sociales y políticas públicas de contención, se están utilizando para pagar intereses y parte de la deuda adquirida. El gobierno sigue siendo un barril sin fondo, un barril oscuro, donde la población desconoce en que se usa su dinero.
En medio de esa oscuridad encontramos la corrupción de la Asamblea Legislativa, que hoy sale a la luz por intereses presidenciales que varios analistas intentan descifrar, pero que coinciden tiene que ver con la búsqueda de chivos expiatorios ante la inviabilidad del “milagro” económico prometido a fuerza de medicinas amargas que solo envenenan y no curan el mal social que afecta al país.
El listado de corruptos de la Asamblea Legislativa, empezando por su presidente, su junta directiva y el jefe de la bancada cyan, actúa como distractor de la opinión pública ante la falta de solución a los bajos ingresos, el alto costo de la vida, el desempleo, la crisis alimentaria, la falta de agua potable, el aumento de la pobreza y la concentración de la riqueza.
Como señalaba un estudioso de la realidad salvadoreña, no existe razón para pensar que en otros poderes del Estado, comenzando por el Ejecutivo, la situación de corrupción sea diferente. Se ocultan datos como contrataciones, planillas, salarios porque son injustificables, no por cuestiones de seguridad nacional.
Mientras la economía languidece y la deuda sigue desbocada, hasta los seguidores del régimen empiezan a sentir el hambre, la enfermedad y el desempleo. Sumado a esto la caída de los mercados mundiales y el desplome del Bitcoin, fracasada apuesta del clan Bukele, no dejan espacio para optimismo alguno.
El recurso propagandístico de la seguridad se agotó, el hambre sigue vigente y la “receta de medicina amarga” muestra señales de resistencia. A fuerza de violar DDHH se queda cada vez más sólo en el terreno internacional, y hasta sus amigos ultraconservadores en EEUU ridiculizan sus políticas de seguridad.
Mientras tanto, una parte consciente del pueblo avanza en su reorganización para la lucha, como lo demostró la militancia de izquierda en la última convención del FMLN que, renovando sus cuadros de dirección, derrotó por fin -y no sin resistencias-, a las fuerzas conservadoras en su interior, para avanzar hacia nuevas y creativas formas articuladas de lucha popular antidictatorial, unitaria y antiimperialista, que convoque a la resistencia creciente frente a las políticas entreguistas, reaccionarias y de hambre, al estilo de Milei y de las propuestas de asesores como los colombianos uribistas y los golpistas venezolanos, que siguen aconsejando a los ultra-neoliberales enquistados en el Estado salvadoreño para despojar al pueblo de sus recursos.
[1] https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/EUA-captura-a-Cruger-cabecilla-de-la-MS-13-del-programa-Mexico-vinculado-a-negociacion-con-gobierno-salvadoreno-20240807-0050.html
[2] Informe Cristosal: «El silencio no es opción: Investigación sobre las prácticas de tortura, muerte y justicia fallida en el régimen de excepción»
[3] https://openknowledge.fao.org/items/a64a8a14-7b05-40a0-a978-25deffdf4cf7
