Antes de asumir el gobierno de facto el 1 de junio, dando inicio a la primera dictadura del siglo XXI en El Salvador, el régimen se preocupaba de cuidar las formas, evitando aparecer brutalmente represivo, o totalmente despreocupado de las necesidades de la gente.
Fue en ese primer periodo donde prevaleció el discurso populista y un cierto bonapartismo -aparentando desde el Ejecutivo estar trabajando para resolver los acuciantes problemas sociales que se iban acumulando a lo largo de esos primeros 5 años de gobierno-. Se trataba solamente de apariencias.
La realidad era la misma que en la actualidad, el grupo burgués emergente, aspirante a hegemonizar las clases dominantes y a ejercer control social, político y militar-policial sobre las clases subalternas, no tuvo jamás otra preocupación que concentrar en sus manos la riqueza nacional, favorecer sus inversiones y negocios, y fortalecer el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.
Pasado el proceso electoral el régimen ya pudo mostrar sus cartas y profundizar sus proyectos de más largo alcance: “legalizar” la elección continua e ilimitada que la Constitución prohībe, garantizar el manejo discrecional de la justicia por el Ejecutivo para aplastar cualquier intento opositor, y manipular la opinión pública a través de mecanismos de desinformación y control.
Así, buscará consolidar el control del poder económico y garantizar a sus socios internacionales el acceso a la explotación de recursos y el desarrollo del país como “maquila tecnológica”, apetecible para las grandes multinacionales del sector.
La dictadura dispone de ese poder sin siquiera haber llegado a utilizar toda la brutalidad de que son capaces unas fuerzas armadas y policiales que ya han mostrado más de una vez su capacidad en este sentido. En el doble discurso oficial, a estas fuerzas de choque que, aunque los acuerdos de paz hayan procurado transformar, conservan en sus genes un carácter de bastión histórico de la contrarrevolución, el dictador las definie como “heroicas”.
Para asegurar su lealtad, desde el gobierno no han dejado de favorecerlas financieramente, mejorando los ingresos al personal en todos los niveles, apoyando modernización y actualizaciones de equipo, parque, uniforme, etc., a costa de otros rubros del presupuesto nacional, como salud o educación.
El hecho de no haber utilizado todo su potencial de ferocidad y brutalidad no indica que no hayan sido fuerzas instrumentales en la militarización del país, desde los días de la pandemia de COVID 19 hasta el presente. Su utilización sirvió como eficaz herramienta de represión, control social y persecución de las voces opositoras que pretendiesen levantarse por sobre el velo de silencio que cerca hoy El Salvador. Por un largo periodo, el régimen pareció gozar de una inmunidad e impunidad envidiable para cualquier régimen autoritario que pudiese aspirar a imitarlo.
A nivel internacional, cada una de las despóticas maniobras del autócrata era vendida por sus seguidores y por la prensa hegemónica mundial como apegadas a peculiares formas democráticas de gobernar. En realidad se trataba del aplastamiento del Estado de Derecho, pero con la aceptación tácita de la comunidad internacional. Una supuesta “popularidad”, parecía justificarlo todo.
Cuando la mentira se hace insostenible
Todo esto sucedía ANTES de la ruptura constitucional y la conformación del gobierno de facto. Desde entonces, la imagen del régimen cayó abruptamente y éste aparece a la defensiva; incómoda situación que lo empuja a reforzar su comunicación masiva para ganar tiempo con anuncios que terminan siendo solo apariencias, y que pierden eficacia con mayor rapidez, obligando a los fabricantes de mentiras a trabajar horas extras para inventar nuevas estrategias de confusión.
Lo cierto es que el régimen vive inmerso en crisis de diverso calado; le cuesta manejar la situación y aún más le cuesta disimularla. La economía, sobre todo la popular, no responde a los anuncios propagandísticos cuando no van respaldados con medidas concretas que ayuden a completar las necesidades más básicas de una población crecientemente hambreada, pauperizada y sin oportunidades.
Mientras el gobierno se inventa una quita de aranceles a productos que no los tenían, y pretende crear la imagen de mercados populares a precios accesibles, aparentando replicar experiencias como las comunas productivas de Venezuela, se queda solo con la imagen y no ve el fondo del asunto (porque además no le interesa).
Oculta en su discurso la realidad de las comunas chavistas como proyectos sociales que representan organización popular y social para la producción, con el eje puesto en satisfacer las necesidades de sus habitantes. Esto es, construcción de formas de poder social popular, algo que se encuentra en las antípodas político-ideológicas del bukelismo ultraneoliberal.
Nuevamente, la realidad se impone con cifras frías, que confirman lo que la familia salvadoreña sabe, porque lo viene sufriendo a diario: que la canasta básica está resultando la más alta desde que el país fue dolarizado a inicios del siglo, y que la de junio fue la más cara de la historia en El Salvador, cruzando el umbral de los $260 (llegó a $262.17, superando en $5.61 la de mayo). El alza interanual resulta del 4.5, pues a junio de 2023 el precio del mismo conjunto de productos era de $250.76.
El último reporte de seguridad alimentaria de Naciones Unidas es también devastador para El Salvador, pues confirma que el “muy popular” régimen salvadoreño registra otro record de infamia. En efecto, al menos tres millones de salvadoreños enfrentaron dificultades para obtener sus alimentos entre 2021 y 2023, según el informe Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, elaborado por cinco agencias de Naciones Unidas.
Esto equivale a un 46.9 % de la población salvadoreña que se encontraba en una situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, según señala el reporte publicado el pasado miércoles en el marco de las reuniones del Grupo de los Veinte (G – 20) celebradas en Brasil.
El análisis recoge insumos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (WFP), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El reporte señala que un millón de salvadoreños (un 15.8 % de la población) se encontraban en condiciones de inseguridad alimentaria severa, superior a los 900,000 reportados en el ciclo 2014-2016.
El número de personas en inseguridad alimentaria se equipara a la cifra de salvadoreños en condición de pobreza. La última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) reveló que en 2023 este indicador alcanzó su cifra más alta en seis años, tras superar los 1.9 millones de ciudadanos viviendo en condiciones precarias. Solo en 2023, al menos 55,097 salvadoreños cayeron en pobreza.
Esta realidad no se maquilla con mensajes superficiales y propagandísticos; tampoco se puede ocultar la desesperanza que se expresa en el drama de la migración forzada por el hambre. Esta semana, un solo dato del Organismo Internacional de las Migraciones (OIM) lo revela. Según un estudio del organismo, el 31% de los habitantes del departamento de Sonsonate ha pensado en migrar. Dramática situación que no se diferencia del resto de departamentos del país.
Venezuela y otra victoria popular
Al finalizar estas líneas llegan los resultados del triunfo electoral en Venezuela. El chavismo, la fuerza política bolivariana encabezada por el presidente Nicolás Maduro, triunfó por un margen razonable, sin ser holgado (51.2% frente al 44.2% del principal contendiente, Edmundo González). Se sigue mostrando la pluralidad del sistema político venezolano, contradiciendo en los hechos el relato que la derecha pretendió imponer en el mundo.
Las elecciones se desarrollaron en paz, a pesar de los esfuerzos conservadores por generar situaciones de violencia, alentando además mediáticamente algún tipo de convulsión social. Al mismo tiempo, y en estrecha coordinación, la prensa internacional pretendió crear una matriz de duda para desconocer los resultados y promover así, la continuidad del bloqueo y la activación de la violencia.
Mas de 900 delegados internacionales provenientes de 100 países y más de 1300 medios nacionales e internacionales se dieron cita en la patria de Bolivar y Chávez para verificar y dar testimonio de la limpieza del proceso. Sus relatos fueron consistentes y destacaron la alta participación popular (59%), la rapidez y facilidad que ofrece la tecnología puesta al servicio de la ciudadanía para garantizar un proceso limpio, sencillo, verificable y que permite a cualquier persona ejercer su derecho al voto en apenas unos segundos.
Entre los desafios que este proceso hubo de superar se cuenta el sabotaje masivo contra el sistema de cómputos electorales denunciado por el propio Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), al ofrecer los resultados. Esto llevó al CNE a dar los resultados, ya considerados irreversibles, con el 80% de mesas escrutadas
Es una victoria del pueblo, de la digna y resistente tenacidad de superar cada agresión (932 agresiones en total denuncia el presidente Maduro en sus discursos), cada bloqueo, siempre recurriendo a los recursos del pueblo, a la creatividad frente a todas las agresiones imperiales. Fue, como señaló el mandatario, un nuevo día de reafirmación de la independencia, de autodeterminación. El triunfo de la paz.
Comparada con la realidad que vive el pueblo salvadoreño podemos decir que es como el día y la noche. Mientras el hambre y las persecuciones son la realidad cotidiana para amplios sectores del pueblo, el proyecto bolivariano apostó por su pueblo y, no sin grandes dificultades, superó la dependencia de la mono producción petrolera para buscar la autosufiencia en la producción alimentaria. Y lo está logrando, habiendo además, conquistado un estado de paz interior que su pueblo defiende.
La alegría desbordante la noche del triunfo en Caracas contrastó con la actitud cavernaria de los gobiernos y fuerzas de derecha del planeta, tristemente secundados por algunos sectores progresistas, injustificados reproductores del discurso imperial para legitimar las agresiones, una vez que quedó claro que el candidato de María Corina Machado y el imperialismo habian sido, como suele suceder en Venezuela, derrotados sin apelaciones.
