Desde su usurpación del poder, la administración Bukele da síntomas de rápido deterioro y busca explicaciones ante el descalabro acelerado del modelo. Amigos como Donald Trump parecen abandonarlo y desde la comunidad internacional lo interpelan por violaciones a DDHH; mientras tanto, quita aranceles a productos que no lo tienen, esperando distraer con propaganda el hambre de la gente.
Cuando el “manodurismo” no alcanza
Uno de los métodos preferidos de quien gobierna con puño de hierro desde la Casa Presidencial salvadoreña es la violencia; escudándose en su poder institucional aplasta derechos ciudadanos, arbitraria y discrecionalmente.
Equipara justicia con venganza, privilegiando la última por sobre la primera. Se trata de un régimen con jueces serviles, donde la decisión recae en el manodurismo presidencial y su entorno familiar.
Ese estilo autocrático y autoritario se publicita a través de redes sociales y fue promovido como efectivo contra la violencia criminal que azotaba el país. No pocos réditos político-electorales ofrecieron estos relatos. La gente compraba el discurso porque en sus colonias y barrios las estructuras criminales se habían replegado; la versión oficial decía que estaban encarcelados o huyendo.
Pocos medios objetaban esa línea y aún menos denunciaban las negociaciones entre el régimen y los criminales para reducir homicidios y favorecer la elección presidencial a cambio de pagos y favores. Quienes denunciaban estas prácticas hoy ejercen el periodismo desde fuera del país.
Desde la ultraderecha en expansión continental vieron un modelo a imitar, y no pocos gobernantes quisieron hacerlo, incluyendo algunos “progresistas”, siempre interesados en subirse a olas de popularidad que atraigan votos.
La guerra contra la corrupción
El autócrata salvadoreño consideró que lo que servía contra pandillas bien podía servir para cualquier otro objetivo. Volvió a recurrir a la mano dura como cortina de humo, esta vez para «combatir la corrupción».
A la fecha, ni uno de “sus corruptos” (familiares, socios, círculos cercanos, etc.) ha sido detenido o juzgado, salvo quienes cayeron en desgracia, como los Muyshondt. Tampoco se transparentan los escandalosos recursos recibidos por legisladores oficialistas, mientras se demoniza a una solitaria diputada opositora, cuyo equipo de asesores fue despedido. Protege y premia a los suyos con cambios de puestos o destinos en el exterior mientras somete a sus oponentes al escarnio público.
El cuento de los aranceles
Aumentan los precios de productos básicos a causa de las políticas de desmantelamiento de la producción agrícola y las facilidades a la importación masiva de alimentos. El gobierno, incapaz de establecer políticas adecuadas para impulsar el desarrollo agrícola, la producción ganadera y la agricultura familiar, prefiere la amenaza y la mano dura contra productores, vendedores de los mercados y hasta importadores, para forzar una imposible caída de precios.
Sin importar el problema que se trate, el camino es la represión, el puño de hierro y el engaño. Como explicaba acertadamente esta semana el economista Cesar Villalona, “el gobierno de Bukele es una máquina de la mentira y la confusión interesadas. […los productos de la canasta básica] se producen en el país y también se importan de CA, México y EU, pero sin pagar aranceles desde hace décadas”.
El economista se refería al anuncio presidencial en redes sociales de combatir el alza de precios con quitas arancelarias: “quitaremos todos los aranceles a un total de 116 productos alimenticios (…) vamos a apostarle a la seguridad alimentaria y es por eso que los aranceles cero son por 10 años”
La canasta básica urbana incluye 22 productos y la rural 15. A 27 meses desde la aprobación de la Ley Especial Transitoria para el Combate de la Inflación de Precios de Productos Básicos, que incluía la importación de productos de la canasta básica sin arancel, en la zona urbana la cesta de alimentos ha subido $35.61 (16.10%), según la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC).
Uno de los efectos de las políticas arancelarias es proteger la producción nacional, pero el gobierno elimina aranceles por 10 años. Ante las quejas de sectores productivos y de quienes abogan por la seguridad alimentaria, el mandatario reclamó, como suelen hacer sus troles desde las granjas de bots de CAPRES, que “en 45 días de gobierno no se pueden hacer milagros” (¡!) El dictador ya ha olvidado su periodo de 5 años de gobierno previo.
La realidad de hambre del pueblo salvadoreño no se resolverá con maniobras propagandísticas ni manos duras, tampoco con amenazas a productores que no pueden producir porque el gobierno privilegia las importaciones. Las cifras del Anuario de Estadísticas Agropecuarias, reseñan claramente esas políticas en contra de la producción nacional, en especial hacia la pequeña producción familiar.
Caída de la producción entre los años 2019-2020 y 2022-23:
- arroz (qq): -37.5%; frijol (qq): -9.3%; maíz (qq): -1%; frutas (qq): -35%; hortalizas (qq): -14%; caña (Tn): -4%; concentrado para pollo de engorde (qq): -29%; concentrado para ganado porcino (qq): -15%; concentrado para ganado bovino (qq): -1%;
- Crédito al sector agropecuario: -79%. Para fomento agroindustrial, recursos naturales, maquinaria agrícola y maquinaria pecuaria, el crédito de 2022-23 fue de cero dólares.
- Población ocupada en el campo: año 2019: 473,847; año 2023: 413,493. Disminución: 60,354.[1]
La mano dura se queda sin amigos
Esta semana se produjo un hecho que descalabró la cuidadosamente construida imagen presidencial de “tipo duro” con los criminales. El discurso de aceptación a la candidatura presidencial del partido Republicano de EEUU, que Donald Trump pronunció en Milwaukee, no tiene desperdicios. No anticipaba ser un problema para los panegiristas del dictador salvadoreño. Al fin y al cabo, se trataba de un amigo, al que el usurpador se apresuró a visitar una vez iniciado su periodo ilegal.
Pero Trump arremetió contra el plan de seguridad: «En El Salvador, los asesinatos han bajado un 70%, ¿por qué han bajado? Ahora… él (Nayib Bukele) te convencería de que es porque han entrenado a asesinos para que sean personas maravillosas. No… ¡Han bajado porque están enviando a sus asesinos a Estados Unidos! Esto va a ser muy malo. Y van a pasar cosas malas y lo estamos viendo pasar todo el tiempo».
Más allá de la dosis de verdad y mentira que las palabras del candidato presidencial puedan tener, del racismo y xenofobia anti-inmigrante implícitas, sus palabras dejaron en evidencia aquello que la prensa de investigación, defensores de derechos humanos y críticos de la políticas gubernamentales vienen sosteniendo. En dos minutos, todo el mundo supo en qué consiste la política de seguridad del “país mas seguro del hemisferio”, como suele fantasear en público el dictador.
Nueva ofensiva
Ante los abusos de todo tipo que el régimen ha instalado en el país se incuba la protesta, las manifestaciones antigubernamentales y la organización popular. El gobierno lo sabe y se prepara para resistir desde el sistema de justicia, que utiliza a placer desde que usurpó el poder judicial en 2021.
Se inicia una ofensiva preventiva desde el aparato jurídico del régimen contra la oposición, prioritariamente orientada contra la izquierda revolucionaria, con un FMLN en reorganización y reafirmación para la lucha que, superando debilidades estructurales y políticas, avanza hacia tareas históricas a que está llamado.
Los diputados analizan una propuesta para ampliar el arresto preventivo hasta un máximo de la mitad de la pena; expertos en derecho penal consideran que las reformas vulneran la Convención Americana de Derechos Humanos porque atentan contra el derecho de las personas a ser juzgadas dentro de un plazo razonable.
La reforma propone que la detención provisional para delitos leves “no se podrá extender más allá de la mitad de la pena máxima dispuesta para los delitos imputados”. Lo mismo sucedería con los delitos graves. Si la pena máxima para el delito del cual se acusa es de diez años, la detención provisional podría durar hasta cinco años.
También se establece que dichas reformas se aplicarán a “todos los procesos penales, incluyendo los que se encuentran en trámite”, habilitando así la retroactividad. Otras medidas propuestas incrementan exageradamente las penas. Los juristas interpretan el paquete de medidas como formas de desincentivar la protesta. “Esta reforma es una receta para que el pueblo no se levante, son penas por robo tan altas como las del homicidio. Hay una desproporcionalidad entre la pena y el delito, al punto que las faltas se volvieron delitos”.
Desde organismos de derechos humanos, y también a través de valientes denuncias de víctimas inocentes del régimen de excepción, que fueron testigos de la muerte de prisioneros en manos del Estado, se conocieron detalles de la violación sistemática de derechos humanos por un régimen que empieza a configurar las condiciones para ser juzgado internacionalmente por crímenes de lesa humanidad.
Naciones Unidas volvió a exigir a la dictadura remover el régimen de excepción, “El derecho internacional no permite la imposición indefinida de restricciones o la suspensión de los derechos y libertades fundamentales”, “Las emergencias no pueden ser simplemente prorrogadas o prolongadas cuando los hechos ya no corroboran la existencia de una amenaza para la vida de la nación, incluso debido al éxito de las medidas de emergencia y la mejora de la situación de seguridad», destaca el escrito, mientras Human Rights Watch recoge múltiples denuncias de abusos en las cárceles, tanto contra adultos como contra miles de menores encarcelados, violando los criterios internacionales en la materia.
Al mismo tiempo, el gobierno de El Salvador volvió a presentarse ante la CIDH de la OEA con dos de sus principales farsantes, la Canciller Alexandra Hill y el colombiano Andrés Guzmán, contratado para negar la existencia de violaciones a derechos humanos en el país. Estos tragicómicos personajes cumplieron su papel de afirmar que “En El Salvador no hay torturas, aquí no se asesina a las personas, esto no son luchas políticas, estos no son centros de concentración”, como mencionó el incalificable Guzmán en la audiencia del 12 de julio, ante las pruebas presentadas por organismos defensores de DDHH, como Cristosal, que en su informe registra 265 muertes de personas en los centros penitenciarios (entre ellos cuatro bebés). Documentan que en el 34% de casos (88) se sospecha de muerte violenta. Mientras que Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha documentado 304 víctimas mortales, de las cuales el 40 % fueron por muerte violenta.
[1] Tomado del análisis de C. Villalona, en base a datos del Anuario de Estadísticas Agropecuarias.
