“Indigna darse cuenta de que hay una omisión flagrante de las funciones de los jueces de la Sala Constitucional actual. Esto creo que hay que señalarlo, desde el inicio fueron jueces usurpadores de las funciones, hay que decirlo y suena muy fuerte, puesto que ellos fueron nombrados de manera ilegal”. Juez Daniel Urrutia (Chile), integrante de La Fundación para el Debido Proceso.
Si algo caracteriza a los extremistas de derecha que avanzan en diversos puntos de América Latina es su absoluto desprecio hacia dos conceptos esenciales para cualquier sociedad civilizada: la verdad y la justicia.
La ausencia y desprecio por la verdad se comprueba claramente en cada instancia donde los neofascistas, bajo cualquier ropaje -el bolsonarismo integrista, el bukelismo extremista o el anarco-capitalismo libertario, por nombrar algunas de sus expresiones destacadas-, accedan o pretendan acceder al control del Estado.
Es a fuerza de mentir, de manipular la percepción de la realidad a través de narrativas ficticias, en las cuales la verdad de los hechos tiene nula importancia, que avanzan en sus objetivos de conquistar gradualmente mayorías potenciales que, eventualmente, votarán por ellos, sin importar en absoluto si lo que afirman o prometen es verdad.
Un ejemplo reciente fue el debate televisivo entre los dos personajes que pretenden dirigir una de las más grandes potencias del planeta. En esa confrontación, entre dos multimillonarios en edad de haberse retirado hace muchos años, pudimos ver el evidente deterioro senil de uno y la arrogante actitud de quien, según la mayoría de estudios de opinión, podría ganar la contienda. Este último dedicó su tiempo a mentir descaradamente sobre cada tema tratado. Lo hizo sin ruborizare, como creyendo sus mentiras, afirmándolas como verdades que solo un necio disputaría.
Con ese estilo, Donald Trump ya gobernó un periodo y, si un acontecimiento impredecible no lo impide, volverá a hacerlo. Trump no le hablaba a todo el mundo, hablaba a sus seguidores, transformados en una suerte de fanáticos religiosos idolatrando a su líder mesiánico, convirtiendo la política en una cuestión de fe.
Hasta cierto punto, y salvando en cada caso las diferencias, de ese modo también gobiernan Milei en Argentina y Bukele en El Salvador. Este último, mintiendo descaradamente en público, inventando un país de fantasía en cada discurso y recurriendo a una nueva ocurrencia cada vez que la mentira previa deja de hacer efecto.
En medio de la innegable crisis económica que golpea con toda su fuerza a las grandes mayorías, el gobierno recortó, a mayo de 2024, U$S 35,5 millones al subsidio al gas propano; U$S 12,5 millones a la energía eléctrica; recorta U$S 63 millones a la educación básica, con la perspectiva de generar despidos de docentes y cierre de escuelas; le quita U$S 62,3 millones a la atención hospitalaria y U$S 37 millones al primer nivel de atención, aquel que afecta unidades de salud en el territorio y constituye la primera instancia para la prevención.
Con su habitual descaro, el aparato de propaganda oficial niega que los subsidios al gas y a la energía eléctrica hayan sido eliminados, pero la población, con sus denuncias masivas en medios y redes sociales, lo puso en evidencia.
Justicia inexistente
La Justicia solo resulta relevante si sirve a los propósitos del régimen. El reciente informe de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) que investigó las denuncias originadas en El Salvador respecto a la denegación sistemática de justicia, y la relación de dependencia directa del aparato judicial al Ejecutivo, demuestran que para el régimen neofascista la justicia es inexistente.
La ausencia de justicia no corre por canales ajenos a la falta de verdad sino directamente relacionada con ella. En ese sentido, tanto el aparato de justicia como el ministerio público, aceptan las mentiras oficiales y la fabricación de causas y pruebas, para acusar y condenar a quienes resulten incómodos para el régimen.
Formas de mentira son también la deshonestidad y la prevaricación, que los jueces usurpadores de la Sala de lo Constitucional cometen a diario, como señalan los hallazgos de la DPLF con respecto a las demandas de habeas corpus.
El Habeas Corpus es un procedimiento judicial sumario que tiene como objetivo proteger la libertad de las personas ante detenciones no justificadas legalmente, que transcurren en condiciones ilegales, o que se prolonguen ilegalmente. La esencia de este proceso consiste en que el juez compruebe personalmente la situación de la persona detenida para ofrecerle la oportunidad de hacerse oír, y presentar alegaciones y pruebas contra las causas de la detención o las condiciones de la misma.
En numerosos casos se trata de un procedimiento de urgencia, basado en la sospecha fundada de que la vida de la persona acusada pueda estar en riesgo inminente. Los hallazgos de la DPLF demuestran que los magistrados de la Sala de lo Constitucional han implementado un “rechazo sistemático masivo de las demandas”, basados en “formalismos excesivos, frases irreflexivas y criterios rigoristas que obstaculizaron o directamente anularon el acceso a la justicia de las personas afectadas por una detención ilegal y/o arbitraria, como de sus familiares”.
Ante habeas corpus que necesitaban respuesta rápida, la Sala solicitó, “aclaraciones innecesarias o irrazonables de los demandantes que dilataron aún más el trámite judicial”. Resultaban irrazonables porque ante la gravedad de los casos era urgente una rápida respuesta, explica DPLF.
Entre los datos más alarmantes presentados, encontramos que la Sala solo resolvió 31 demandas de habeas corpus de las 6,615 presentadas entre 2022 y 2023. Esto se traduce en un 0.4% de respuestas.A trámite solo fue el 1.6%, mientras que rechazó el 48.5%.
Durante 2022 la Sala recibió 3,359 demandas de habeas, de las cuales admitió 97; declaró inadmisibles 113, y 572 improcedentes; 36 fueron sentencias desfavorables y solo hubo 27 sentencias favorables. En 2023, las inadmisibilidades se triplicaron con respecto al año anterior y las improcedencias se cuadruplicaron. De las 3,056 demandas presentadas no fueron admitidas 369, mientras que 2,157 fueron decretadas como improcedentes. Hubo solo 11 habeas que fueron admitidos, 38 sentencias desfavorables y 4 favorables.
La falta de verdad y justicia como rasgo neofascista
No solo en el terreno judicial se percibe la ausencia de verdad. Esta semana tuvimos otro ejemplo en una materia que abarca varios campos: el terreno laboral, el de la dependencia financiera, y la moral ultraconservadora y reaccionaria, propia del régimen atrasado que gobierna El Salvador.
Mencionamos la semana anterior la manifiesta falta de preparación profesional de los recientes nombramientos al gabinete. Uno de ellos resultó ser el ministro de Cultura. Con rapidez inusitada, este oscuro personaje demostró los niveles de servilismo y ausencia de dignidad que lo mantienen en el puesto.
El presidente dio una orden con un mensaje en redes sociales que no lucía como una orden sino como una decisión tomada. Bastó que el ministro la leyera para que la ejecutara. El Ministerio de Cultura despedirá a más de 300 empleados alegando que promovían “agendas que no son compatibles con la visión de este gobierno”.
Pretendió justificar la medida en supuestos ahorros: «Además, ahorraremos fondos públicos en el proceso«, dijo Bukele en X, para finalizar con una burla: «medicina amarga«, firmó, recordando su amenaza del día de la ceremonia de usurpación. A esta altura los despidos ya superan los 400 e incluyen el cierrre de Casas de la Cultura en todo el país.
En realidad, la decisión presidencial tiene a la base la capitulación del régimen ante el FMI, al iniciar con estos despidos el proceso de ajuste incluido entre las exigencias del multilateral para eventualmente hacer llegar fondos a un Estado en situación de asfixia.
La decisión subraya la visión neofascista, social y moralmente ultraconservadora del régimen. Lo dicen sin inmutarse, la revolución conservadora de regresión de derechos está en marcha. La legisladora oficialista Alexia Rivas escribió en X poco después de la publicación de Bukele: «El Salvador es una familia provida y protradicional y la agenda 2030 no tiene cabida aquí«, en referencia a la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas[1].
«Esto es lo que pidió el pueblo, esta es la visión de nuestro presidente y este es el camino que deben seguir los funcionarios», dijo Rivas. Se trata también de un ataque más a la cultura, hacia la cual este gobierno no ha dejado de demostrar su desprecio; se sabe, por ejemplo, que con esos 300 despidos iniciales acaba de desmantelar una institución con 74 años de historia, el Coro Nacional de El Salvador.
Mientras tanto, las políticas del miedo siguen por ahora haciendo efecto en la población. Así lo señala la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
La población salvadoreña siente temor a expresar sus opiniones . Al cierre del quinto año de gestión del Gobierno, el 85.3% de la población identificó probabilidades de que alguna persona o institución pueda sufrir consecuencias negativas por expresarse de forma crítica sobre el gobierno o el gabinete. La encuesta refleja que el 70.4% de la gente está de acuerdo en que denunciar a un funcionario o a una autoridad por un acto de corrupción puede ser peligroso en este país.
A estos datos podemos agregar la última información respecto a los deseos de emigrar. Según CID-Gallup de mayo, El Salvador es el país de América Latina donde el porcentaje de población deseosa de abandonarlo es mayor, 48%, con Panamá siendo el menor, con 22%. No parece pues, ser el paraíso que la propaganda oficial nos vende día a día.
[1] La Agenda 2030 fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre de 2015 y es un plan de acción con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, entre los cuales están poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad; lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas; entre otros.