La segunda fase del proceso de usurpación del poder del Estado en El Salvador y la instalación de un régimen autocrático, ilegal y dictatorial, cuya permanencia solo dependerá de los niveles de resistencia del pueblo que lo sufre, encuentra un punto de inflexión en la decisión de corromper la Constitución vigente, reduciéndola a un código de menor valor que una legislación secundaria.
Sin embargo, apenas iniciada esa segunda fase aparecen indicadores del rápido deterioro de un régimen que a esta altura parece comprender que difícilmente se sostenga únicamente a base de propaganda, mentiras y manipulación, tanto nacional como internacional.
Crisis y polarización
A menos de un mes de la comedia que el gobierno planifica para escenificar una toma de posesión al estilo de las monarquías europeas, simbolizando un “segundo mandato” en lugar de una ruptura constitucional, la corrupción, las relaciones del poder con el crimen organizado y la indetenible crisis financiera empiezan a filtrarse entre las innumerables grietas de un régimen que arrastra el desgaste y la descomposición del primer periodo.
Todo este panorama se encuadra en la ofensiva del grupo económico en el poder por asegurar la permanente concentración de riquezas a expensas de las grandes mayorías, implementando un programa neoliberal extremista, que solo se diferencia de modelos equivalentes como el de los llamados anarco capitalistas, en que mientras estos actúan como vándalos a plena luz del día, despojando a sus pueblos de sus recursos en función de una supuesta libertad de mercado, el bukelismo actúa en las sombras, como ladrones nocturnos, ocultando en lo posible sus intenciones con engaños y mentiras, pero logrando el mismo objetivo de poner el Estado al servicio exclusivo de sus intereses.
Seguramente esta segunda etapa demandará del régimen una inversión cada vez mayor en instrumentos de manipulación y propaganda, granjas de bots, pago a mercenarios digitales que se hacen pasar por periodistas y, en cualquier caso, mayores inversiones en inteligencia para espiar al creciente número de sectores populares afectados por las salvajes políticas neoliberales, que siguen empujando ingentes masas populares a la pobreza relativa y extrema y a la indigencia.
Previsiblemente, la polarización y la radicalización de la protesta será un factor de desestabilización para un régimen que ya no luce omnipotente como en sus orígenes, ni logra a base de discursos de odio o de propaganda sobre la seguridad ciudadana, el control social que alguna vez demostró. Tampoco la criminalización de la protesta parece tener la efectividad que alguna vez tuvo, como quedó demostrado el pasado 1 de Mayo.
Por otra parte, las muestras de arbitrariedad institucional, incapacidad y desprecio por la cultura nacional y por los valores de la historia que forjaron El Salvador son también cada vez más evidentes. La destrucción sin contemplaciones de piezas de valor histórico incuestionable en el icónico Palacio Nacional, solo para satisfacer egos presidenciales, indignó algunos sectores medios hasta ahora muy influidos por el discurso oficial.
No son pocos los grupos sociales que alguna vez apoyaron al régimen pero que empiezan a mostrar su desafecto; desde la academia ante la amenaza real de eliminación de la única universidad pública, hasta clases medias ligadas a la cultura y la defensa del medio ambiente, y los núcleos de trabajadores pertenecientes a la economía popular, maltratados sin contemplaciones por las nuevas autoridades municipales, para asegurar el acceso de inversionistas extranjeros a áreas privilegiadas del centro histórico de la capital, pero también en otras regiones del país , como en el desalojo de comerciantes establecidos en la playa de Costa del Sol, Departamento de La Paz.
Endeudamiento y corrupción
Falta de recursos financieros, altas tasas de interés en el mercado global debido a la desconfianza de los inversionistas en el rumbo del país, inseguridad jurídica, casi nula inversión extranjera directa de carácter productivo, crecimiento económico más bajo de la región centroamericana y del Caribe y una de las peores perspectivas del continente, son algunos de los elementos que agravan la situación.
En marzo, la agencia inglesa EMFI (Emerging Finance), publicó una actualización acerca de la situación financiera de El Salvador y sus perspectivas. El informe “¿Logrará El Salvador un acuerdo con el FMI?” asegura que dicho acuerdo continúa en el limbo.
Expone los puntos que el Fondo ha puesto sobre la mesa para sellar un pacto, y que no han sido tomados en cuenta por el gobierno. Entre ellos figura la consolidación fiscal, reformas para impulsar la productividad, la gobernanza económica y hacer frente a los riesgos del Bitcoin. “Es probable que el multilateral también exija reformas para promover la sostenibilidad del sistema de pensiones”, dice EMFI.
El FMI advirtió en febrero de 2023 que el incremento de las pensiones provocaría que disminuyan más rápido los fondos en las cuentas de ahorro de los trabajadores y se convertiría en mayor deuda para el gobierno.
Las recomendaciones del Fondo estarían orientadas a atender tres vulnerabilidades: falta de transparencia, corrupción y lavado de dinero. El EMFI consigna que desde 2019, El Salvador ha caído 13 puestos en el índice de corrupción publicado por Transparencia Internacional. El dato de 2023 indica que Costa Rica es el país mejor evaluado de Centroamérica, con 55 puntos y entre los 180 países tiene el puesto 45, muy lejos de El Salvador, que ocupa el puesto 126/180 con 31 puntos, un descenso de 2 puntos respecto a 2022.
El secuestro del pueblo
La corrupción se cuela entre las rendijas del poder, arrastrando a su paso figuras claves del régimen, cuyos nombres trata de ocultar porque sabe que en ello le va su credibilidad, su capacidad de engaño, y su vida. Recientemente, y solo gracias a la denuncia de una socia cooperativa a quien le negaban acceso a sus depósitos, se conoció el caso de la cooperativa de ahorro COSAVI (Cooperativa Santa Victoria), ahora bajo investigación por fraude y lavado de dinero. El Fiscal general se apresuró a anunciar la investigación cuando la denuncia apareció en redes sociales.
No se trata de cualquier cooperativa; durante los últimos años, la entidad financiera que estaba gestionando convertirse en banco comercial, promovió un número considerable de conciertos y espectáculos detrás de los cuales figuraba entre sombras el gobierno, fomentando su conocida política de circo sin pan, con altas dosis de propaganda en favor del gobierno por parte de los artistas invitados.
El uso probable de fondos para lavar dinero de dudoso origen constituiría un delito grave. Por otra parte, la oscuridad del manejo de esos fondos, muy al uso y costumbre del actual régimen, ocultaba asocios o relaciones con figuras destacadas del bukelismo; son conocidos los lazos de directivos de la cooperativa con el partido oficial y con diversos diputados, integrantes del gobierno y alcaldes de Nuevas Ideas. Quizás por ello el Fiscal general, a diferencia de otros casos, no se ha apresurado a identificar a los directivos.
El caso apenas comienza pero amenaza convertirse en un serio escándalo financiero que puede afectar a numerosos socios cooperativos, y salpicar peligrosamente a un gobierno que empieza a ser reconocido en el mundo por casos de corrupción, nepotismo y uso del Estado en favor de los amigos de CAPRES.
Desde los días de las elecciones, y muy en especial desde el proclamado triunfo oficialista, cada medida autocrática, arbitraria y autoritaria, como las ilegales reformas constitucionales o la misma reelección inconstitucional, se ha escudado en invocar una supuesta voluntad popular, la cual jamás consulta.
Cuando se mantiene secuestrado al pueblo en base a desinformación y manipulación, solo los dictadores puede afirmar que hacen lo que hacen por voluntad popular. ¿O acaso fue voluntad del pueblo que esta semana recién pasada las aplanadoras arrasaran una manzana del centro histórico capitalino, adyacente a la nueva Biblioteca Nacional? ¿Fue voluntad popular que previamente se expulsara con violencia policial a vendedores informales de la zona y luego a los ocupantes de los locales que hoy son escombros de donde surgirán centros comerciales de propiedad foránea?
Pero el pueblo sabe bien qué quiere; una parte de él lo acaba de expresar en la manifestación del 1 de mayo. El pueblo quiere empleos dignos, defensa de sus condiciones materiales de vida, liberación de prisioneras/os inocentes, aparición de personas desaparecidas, derecho a vivienda digna, salud y educación de calidad, justicia, honestidad y transparencia en el uso de recursos, que no se sigan robando los fondos de pensiones, entre muchas otras necesidades insatisfechas.
El gobierno también sabe lo que quiere, más capitalismo, más neoliberalismo aún más salvaje, más privatizaciones y concentración de riqueza y entrega del país a capitales extranjeros. Un Estado como propiedad del clan familiar en el poder. Lo sabe y lo está llevando a cabo.
Su problema es que aquello que hasta ahora hizo casi sin oposición, empieza a encontrar gradualmente mayores resistencias en el campo del pueblo. Y es que, ante la ausencia de formas estructuradas y combativas de lucha desde sectores políticos y sociales, de los cuales se esperaría liderar la organización popular, parece estar llegando la hora de los de a pie, de todas y todos los afectados por la violencia policial y militar, por la injusticia institucionalizada, por el despojo descarado que sufren desde el poder, que los empuja a la miseria más abyecta, a la marginalidad, a las cárceles, a la delincuencia o a la migración ilegal. Las oportunidades para esas mayorías no están en el gobierno sino en la lucha.
Es hora que quienes desde la organización política de la izquierda permanecen en actitudes introspectivas, siguiendo las reglas impuestas por la casta dominante, se unan a las fuerzas de los más, de los que luchan por su supervivencia diaria y no esperan otra cosa que una oportunidad para la lucha, como esperanza real de cambios que no se lograrán disputando minúsculos espacios de poder o jugando el juego de las redes sociales al ritmo que el régimen quiere.
No es hora de la revolución de los tiktokers. Es la hora del pueblo, de organizarse, de luchar con inteligencia y astucia, promoviendo la unidad en la acción y de seguir saliendo a la calle a denunciar cada injusticia. A la izquierda revolucionaria le tocará asumir sus responsabilidades, trabajar en la combinación creativa de todas las formas de lucha posibles y necesarias, contribuyendo a la organización general para combatir la dictadura. De no hacerlo corre el riesgo de sucumbir, superada por los embates de la lucha popular.
