Familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos de El Salvador reiteraron su pedido de “justicia y reparación” por las 600 personas masacradas por militares a orillas de un río hace 44 años mientras intentaban escapar de la guerra civil.
El 14 de mayo de 1980, más de 600 niños, mujeres y ancianos fueron asesinados en la comunidad Las Aradas, a orillas del río Sumpul, en la frontera con Honduras, a unos 100 kilómetros al norte de San Salvador.
Una investigación de la Comisión de la Verdad creada por la ONU concluyó en 1993 que los militares “dieron muerte deliberadamente” a estos civiles “no combatientes” que intentaban cruzar el río para refugiarse en Honduras.
#Sumpul A 44 años de la masacre cometida por la Fuerza Armada de El Salvador y el ejército hondureño. Reiteramos al Estado salvadoreño nuestra demanda de verdad, justicia y reparación para este crimen de lesa humanidad que continúa en la impunidad #ProhibidoOlvidar pic.twitter.com/D59xXcCoLT
— Tutela Legal MaríaJH (@TutelaLegalMJH) May 14, 2024
“Se cumplen 44 años de impunidad en la masacre del Sumpul y hay falta de voluntad de aplicar medidas de justicia y reparación”, declaró el abogado Alejandro Díaz, de la ONG Tutela Legal, que defiende a víctimas de la guerra civil (1980-1992).
Tutela legal, que denunció la matanza ante la justicia en 1992, acusa de estos crímenes a miembros del Ejército, de la extinta Guardia Nacional y de la Organización Democrática Nacionalista (Orden), grupo paramilitar que colaboraba con la Fuerza Armada en la lucha contra la guerrilla.
Informe de la Comisión de la Verdad
El informe de la ONU estableció además que “la masacre fue posible por la cooperación de las Fuerzas Armadas hondureñas, que impidieron el paso de los pobladores salvadoreños” al vecino país.
Asimismo, consideró que “hubo encubrimiento de los hechos por parte de las autoridades militares salvadoreñas” y que esta masacre constituyó “una seria violación” de las normas del derecho internacional humanitario.
Tutela Legal acusa por la masacre a un grupo de oficiales encabezados por el entonces ministro de la Defensa, general José Guillermo García, de 90 años, sobre quien también pesa una orden de detención por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en marzo de 1982.
Para evitar ir a prisión por el caso de los holandeses, García permanece internado en un hospital privado desde hace 21 meses.
Durante la gestión de García, considerado el militar más poderoso de la Fuerza Armada en su momento, se cometieron 41 masacres, según asegura la ONG de Derechos Humanos Cristosal.
