La agenda política en el país, lejos de generar certeza sobre el rumbo político, económico y social de El Salvador, lo que siembra es incertidumbre.
Por una parte, hay una agenda pública, que es con la que el oficialismo entretiene a la clase política, y a la opinión pública; y la agenda oculta que es la que en realidad ejecutan en función de los intereses como grupo de poder económico emergente, que usufrutua del Estado, los recursos, relaciones, instituciones y todo lo que la estructura de poder del Estado pone en función de ellos.
Es así, como a menos de dos semanas para que finalice el actual periodo legislativo, y en medio de los rumores de una reforma a la constitución, no hay certeza de cómo lo harán, lo que sí es seguro, es que cualquier reforma que traten de impulsar lo harán de espaldas al pueblo, porque no tienen voluntad de transparentar el debate sobre temas que marcarán los destinos del país.
Una reforma a la constitución implica desarrollar consultas con diferentes sectores o actores de la sociedad, y hacerlo con el tiempo suficiente para profundizar en los contenidos y pretensiones de cada propuesta de reforma. Conocimos una primera versión del proyecto de reforma presentado en el 2021, que engavetaron porque no construyeron consensos entre las diferentes agrupaciones inmersas en el oficialismo, y necesitaban hacerlo sin mucho ruido para evitar que la oposición política presentara sus valoraciones al respecto.
En cuanto a la última versión de propuestas a reforma, no se conoce absolutamente nada, porque es parte de la agenda oculta del oficialismo; por lo que solo podemos advertir algunos aspectos que deben ser de interés político. En este sentido, me referiré a uno en particular y es el afán de aniquilar toda expresión organizativa de la sociedad y de la clase política.
Desde el discurso del presidente, en la noche del 4 de febrero, cuando, sin ningún dato oficial por parte del Tribunal Supremo Electoral, se proclamó ganador de la presidencia y de la mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa, también aprovechó para proclamar el partido único, que al parecer esa es su aspiración. Sin embargo, en el fondo sabemos que su partido no es un partido como tal, es un movimiento político al que legalmente le han llamado partido para poder participar en elecciones, pero su estructura, su funcionamiento, sus matices ideológicos, y su diversidad de intereses no le definen como un proyecto que represente aspiraciones colectivas, al menos para su conducción.
Siendo el presidente una pieza clave en la estrategia de desgastar a los partidos políticos, lo que ha hecho es crear un colchón político para deslegitimar la representación de estos instrumentos de acceso al poder, mientras impulsa su imagen unipersonal, propia de los caudillos que no responden a un interés de causas colectivas. Ese modelo de gobiernos de líderes, es el que el sistema impulsa, es lo que promueve como parte de sus intereses porque no es lo mismo tratar con gobiernos con esa representación de intereses colectivos, a transar con individuos que ponen, utilizan y desechan cuando hayan cumplido su papel de facilitar que se mueva el mercado a su conveniencia.
Ese desmontaje de los partidos políticos no es una “estrategia” reciente, sino que se remonta a muchos años atrás en América Latina, cuando así lo dispuso la Comisión Trilateral en 1975, con la mirada a potenciar figuras individuales en sustitución de la organización de los partidos y planteamientos colectivos, ya que eso facilita el avance de las políticas neoliberales sin mayor resistencia. Esto sigue en la agenda oculta del sistema, y al menos nos permite identificar el laboratorio que tienen en El Salvador y Argentina, solo para mencionar los dos ejemplos más relevantes del continente.
Por lo que entre las pretensiones expuestas en el primer borrador de proyecto de reforma a la Constitución, proponen que el acceso al poder político, además de ser por la vía de los partidos políticos, pueda ser también por medio de organizaciones políticas no partidarias, con lo cual pretenden debilitar totalmente a los partidos que funcionan en base a una organización y programa, como los de izquierda, que funcionan con valores y principios que se diferencian del estatus quo que promueve el sistema.
De configurarse esa posibilidad, se estaría ante un escenario delicado para la vida democrática del país, porque aun cuando se presente como una solución a la crisis del sistema político, lo cierto es que ello vendría a fragmentar aún más a la sociedad, a dispersar la lucha, a dificultar aún más el dialogo y construcción colectiva, a elevar los antivalores que de manera natural reproduce una sociedad capitalista, como el individualismo, la “vivianada”, el oportunismos, etc.., sin ningún mecanismo de control colectivo, además de la exposición a financiamientos de dudosa procedencia.
Esto, lejos de ser una solución a la crisis del sistema político, crearía una falsa representación democrática, más superficial, más engañosa, más vulnerable que la actual, lo cual nos aleja cada vez más de la posibilidad de construir la ruta para consolidar una democracia real, con la participación directa del pueblo.
Sin embargo, mientras no se presente de manera oficial un proyecto de reforma a la constitución, tendremos la limitante de un análisis más objetivo, profundo y oportuno, al que como miembros o actores políticos de la sociedad, tenemos derecho de participar.
