El 76% de víctimas del desplazamiento forzado interno son provocadas por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada”, dijo Verónica Reyna, al presentar los casos documentados del SSPAS, CRISTOSAL y el IDHUCA, que trabajan derechos humanos en tema del desplazamiento forzado interno.
Con un consolidado de 223 víctimas de desplazamiento forzado interno, Reyna agregó que las denuncias que han compilado de marzo de 2022 a junio de 2023, se enmarcan en la suspensión de derechos constitucionales y ciudadanos de la población salvadoreña, por el Régimen de Excepción que lleva un año y medio de vigencia.
El 76% de víctimas del desplazamiento forzado interno son provocadas por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada”, dijo Verónica Reyna, al presentar los casos documentados del SSPAS, CRISTOSAL y el IDHUCA, que trabajan derechos humanos en tema del desplazamiento forzado interno.
Con un consolidado de 223 víctimas de desplazamiento forzado interno, Reyna agregó que las denuncias que han compilado de marzo de 2022 a junio de 2023, se enmarcan en la suspensión de derechos constitucionales y ciudadanos de la población salvadoreña, por el Régimen de Excepción que lleva un año y medio de vigencia.
De las 223 víctimas provocadas por la PNC y la FAES, la mayoría son personas de más de 60 años (35.4%), seguido por personas entre 31 a 59 años (22%). También existe un porcentaje preocupante de niños y niñas entre 0 a 12 años (17.5%), así como de adolescentes entre 13 a 18 años (9.4%)”, informó.
“La mayor parte de las víctimas son mujeres, en un 42.2% de las personas atendidas. También hay un registro de 3 víctimas con enfermedades crónicas y 2 con discapacidades físicas o cognitivas (competencia de aprendizaje). La mayoría de estos casos se han dado en San Salvador (43.5%), La Libertad (15.2%) y Sonsonate (9.4%)”, explicó Reyna.
Asimismo, comentó que llamaba la atención la transformación en el porcentaje de los actores que han generado el desplazamiento forzado interno, al señalar que antes fue la violencia de las pandillas y ahora la violencia estatal en El Salvador.
“No es que en el marco de régimen de excepción la Policía Nacional Civil genere desplazamiento forzado interno. Si no que la PNC se ha convertido en el principal actor e institución que genera el desplazamiento forzado interno en el país, junto a la FAES (76% de casos) documentado por las 3 organizaciones en 2023, frente a un 15.2% que señala a las pandillas”, manifestó Reyna.
Otro de los hallazgos en común de CRISTOSAL, SSPAS y el IDHUCA señalan que el número de víctimas provocadas por agentes estatales, en particular la PNC, aumentó en el marco de la vigencia del Estado de Excepción. Comparando porcentajes de un 2.5% (PNC/2020) a la cifra de un 41.5% y un 41% FAES en el marco del régimen.
“Durante el primer semestre de 2023 (72.8%) corresponden a casos reportados donde la PNC y la FAES son señalados, también se ha registrado una reducción del porcentaje de casos provocados por pandillas que de un 91.2% (2020) pasaron a un 15.2% (2023), o sea, aún persisten”, acotó Reyna.
En cuanto a la ayuda a las víctimas como atención jurídica, ayuda humanitaria y atención psicológica, Claudia Argueta (CRISTOSAL), señaló que han venido trabajando de manera sostenida para garantizar el acceso a la justicia, por parte de estas tres organizaciones de derechos humanos.
“Hay una nota en el diario El Salvador, que describe que el desplazamiento interno, ya no es una realidad en el país, no obstante los datos y registros de las tres organizaciones que establecen lo contrario, porque hay un incremento del desplazamiento forzado por agentes estatales y se mantiene el operar de las pandillas que sigue generando la movilidad interna en busca de resguardo de grupos de familias”, reiteró.
Sobre las estrategias de justicia y acompañamiento a las víctimas, Argueta agregó que básicamente en este trabajo han venido abordando los derechos violentados como la vida, la integridad física, integridad sexual y psicológica, que consideró hay graves agresiones a la ciudadanía. “Hay altos porcentajes de denuncias de amenazas, torturas, malos tratos. La gente nos cuenta como han sido víctimas de golpizas, de insultos, de acoso sexual principalmente a las mujeres, y amedrentamiento y amenazas a su libertad, lo que genera el desplazamiento forzado interno para buscar resguardo”, indicó Argueta.
Igualmente, consideró que el desplazamiento es un efecto de la “suma de todas esas situaciones de violaciones a derechos humanos”, como ha ocurrido con el derecho relacionado a la libertad de circulación, de expresión o de asociación y reunión. De los cuales, resienten más los grupos familiares que se ven amenazados por agentes estatales a desplazarse de manera forzada.
“Aún las personas que ya se desplazaron forzosamente, deciden básicamente no exponerse por reiteradas amenazas o por razones si eres familiar o no de personas detenidas, posee tatuajes artísticos o el cuestionamiento de tu DUI, que no corresponde a la zona geográfica en donde resides actualmente, esta esfera de derechos se convierte en una persecución permanente de las víctimas”, reafirmó.
“Muchas situaciones como las capturas arbitrarias, hacen que las personas desconfíen si son casas en alquiler o familias, saben que es un riesgo mantener a una familiar de una persona detenida esto justamente impacta en el desplazamiento forzado interno por ese estigma que básicamente es discriminación y que violenta su derecho a decidir su lugar de residencia”, consideró Argueta.
Esta situación se suma a la violencia a derechos patrimoniales, según los testimonios colectados por el IDHUCA, SSPAS y CRISTOSAL, compartieron que las víctimas han sufrido acciones de hurto, de robo y destrucción de sus bienes materiales y documentos.
“Hay personas que son titulares de sus inmuebles (casa) y terminan por alquilarlos o venderlos para reubicarse en otro lugar, esto afecta la esfera de derechos patrimoniales y hay víctimas que han denunciado robo de mercadería, teléfonos celulares o dinero en efectivo”, comentó Argueta.
Las tres organizaciones trabajan en una estrategia de acceso a la justicia, que iniciaba con asesoría legal, las que han ido evolucionando por las últimas reformas al sistema legal, preservando el acompañamiento legal, la activación de instituciones para restitución de derechos y acceso a la justicia, así como el litigio estratégico y el trabajo interinstitucional.
“El impacto psicosocial ha sido bastante duro con los grupos familiares que están experimentando no sólo el régimen, si no que también les ha tocado desplazarse forzosamente de su residencia, en el contexto vulnerable del país, la desesperanza está en la boca de los grupos familiares”, expresó German Cerros, del IDHUCA.
Para el psicólogo del IDHUCA estos procesos de capturas o desplazamientos forzados impacta en diferente forma a partir de su entendimiento y madurez emocional. Agrega que la marca que deja en la niñez o adolescentes no es igual a los adultos.
“Cuando hablamos de afectaciones diferenciales en el IDHUCA, tenemos dos poblaciones afectadas, en el caso de la población total el 60.9% corresponde a las mujeres, que son las personas que llegan a exponer su testimonio, la denuncia y llegan con todo el grupo familiar por el temor que otro miembro de su familia sea capturada. Y el 28% es para los niños y niñas con los que trabajamos”, confirmó
“Las afectaciones que hemos identificado en el proceso de acompañamiento es la dimensión física, la dimensión emocional, la dimensión cognitiva y la social, pero también, la conductual, que son áreas que de forma integral forman a una persona, pero el ser humano es muy complejo y cada uno de ellos vive el desplazamiento y esta violencia de manera diferente”, apuntó Cerros.
Con información de Diario Co Latino
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