Pasado el momento del show y el espectáculo, apagadas las luces y llegado el tiempo de la reflexión y el análisis, el mundo comenzó a cuestionar seriamente si estamos en verdad ante un Jefe de Estado o simplemente ante un megalómano que solo es capaz de escucharse a sí mismo.
Menos de 15 días han pasado desde el espectáculo presidencial en la Asamblea Legislativa, cuando un Jefe de Estado actuó como si fuera el cabecilla de una “barra brava”, atacando verbalmente desde su tarima oficial a quien se le pusiera en la mira, denigrando al mismo tiempo un ya desvalorizado Parlamento, transformándolo en una tribuna callejera de insultos contra la oposición, y en una exhibición de autoritarismo arrogante, que puso al final del día, al propio mandatario en ridículo.
El presidente fue, en realidad, una pantomima de sí mismo, una grotesca representación que recordaba a viejos dictadores que alguna vez, como él, se sintieron invulnerables. Sin rubor alguno, esa parodia impresentable se transmitió en cadena nacional y saltó al mundo en tiempo real, gracias al ruido generado por un grupo de aduladores a sueldo, sin ética ni escrúpulos, presentados como “youtubers oficialistas”, que mienten, fabrican realidades, alaban e idealizan al presidente, insultan y amenazan a los opositores y, al fin y al cabo, ponen en evidencia su propia calaña.
Esa difusión a gran escala, que suele ser el elemento que el régimen utiliza para reafirmar insistentemente la popularidad del autócrata, puede esta vez haber jugado en su contra. Pasado el momento del show y el espectáculo, apagadas las luces y llegado el tiempo de la reflexión y el análisis, el mundo comenzó a cuestionar seriamente si estamos en verdad ante un Jefe de Estado o simplemente ante un megalómano que solo es capaz de escucharse a sí mismo.
Impropio de un acto de Estado, más a la altura de un mitin callejero de campaña electoral, el hecho sirvió para que gobiernos, medios internacionales y pueblos que recibían la noticia, recordaran que este era el mismo personaje que entró en febrero de 2020, con la Fuerza Armada a punta de fusil, a violar la independencia de poderes y materializar un golpe de Estado, de los llamados blandos o de nuevo tipo.
La actitud general del oficialismo este pasado 1 de junio fue la misma que la de aquellos días de 2020. Ningún balance de gestión se escuchó esta vez en el discurso presidencial, mucho menos un detalle de los problemas que afronta el gobierno y, sobre todo, el pueblo, que sufre la ineptitud del régimen.
Los mensajes fueron anuncios que buscaron, por un lado, seguir construyendo la narrativa del “enemigo interno” representado en una oposición que resulta insorportable al régimen, no por su fortaleza, sino porque un modelo totalitario como el actual solo se sentiría tranquilo si toda fuerza opositora se extinguiera. Difícil misión, pero siguen apostando a eso. La reducción del número de diputaciones y la concentración de municipios apuntan a ese objetivo (y a la continuidad y permanencia del régimen).
La anunciada guerra contra la corrupción, en cambio, apunta al fortalecimiento de la lógica bélica del enemigo del pueblo, de los mismos de siempre, de renegar de la historia, negar los acuerdos de paz, con todos sus antecedentes y consecuencias jurídicas y políticas. Este último elemento, por cierto, negar y retorcer la historia, también está presente en sus argumentaciones para modificar el número de diputaciones.
La roca al extremo de la cuerda en el cuello del gobierno
Analistas nacionales y extranjeros pudieron observar que lejos estuvo el presidente de mencionar tan solo uno de los grandes problemas que aquejan a la sociedad salvadoreña, más allá del uso propagandístico e indisimulado de la inseguridad y su guerra contra pandillas.
En este año 2023, cualquier rendición de cuentas presidencial, en cualquier país del mundo, no puede en ningún caso, si pretende ser serio, omitir un análisis de la economía local y mundial; no podría dejar de enmarcarse en la situación global de una crisis profunda mundial, que obliga a poderosos analistas como los de Goldman Sachs, a considerar que la mayor economía del mundo enfrentará lo que eufemísticamente denomina una «miniestanflación». O que Eurostat haya establecido que la Eurozona acaba de entrar en recesión técnica.
Todos esos elementos podían haberle servido al régimen para intentar justificar los pésimos resultados de una gestión económica prácticamente inexistente y, sobre todo, una economía local dinamitada por las acciones políticas del gobierno que reventaron la seguridad jurídica, el derecho, las leyes, la constitución y que, por supuesto, generó la estampida de cualquier potencial inversión productiva, profundizando el recurso del endeudamiento estatal hasta límites insoportables, haciendo crecer tanto la deuda interna como la externa y colocando al país al borde del colapso y el impago.
¿Por qué, a diferencia de lo que pretendió hacer durante la pandemia, no utilizó algunas referencias externas para justificar su fracaso? Porque ya no le interesa ni siquiera justificarse. Eso hubiera significado aceptar que le preocupa algo que jamás le importó, más que desde el punto de vista de las cifras en las encuestas y los niveles de popularidad: la opinión del pueblo.
Ese pueblo que de manera consistente señala a la economía como su principal causa de aflicción, en especial la familiar (64% según varios estudios de opinión recientes, frente a un 15% que sigue considerando prioritario el tema de la seguridad). Ni siquiera se dignó referirse al tema, porque el pueblo puede pasar hambre, la economía nacional quebrarse, pero sus empresas, las de sus socios, amigos y familiares siguen “viento en popa”, amarrados a contratos y negociaciones estatales, cubiertas todas por el oscuro manto de la falta de transparencia.
No era pues, esperable que el paladín del ocultamiento y oscurecimiento de las cuentas públicas, se dignara dar un informe de la situación. Sin embargo, lejos de lo que parece una audaz maniobra para establecer los temas de agenda y poner a propios y extraños a discutir y criticar el asunto electoral, tanto en lo municipal como en lo parlamentario, la economía no deja de estar presente como una angustia en la vida cotidiana de nuestro pueblo, de eso no pueden distraer a las grandes mayorías ni con todos los discursos triunfalistas, porque lo sufren cada día, a la hora de cada comida, o a la de salir a buscar un trabajo inexistente.
La decisión presidencial de obviar una auténtica rendición de cuentas es, en ese sentido, un error mayúsculo, porque este pueblo ha demostrado que puede soportar, tolerar y aceptar muchas cosas, incluso injusticias flagrantes, sin generar conflictos por temas que no llegue a sentir como propios y esenciales pero, una vez más, los estudios de opinión lo subrayan de manera consistente: la economía, el desempleo, la falta de oportunidades, la pobreza y la miseria que genera oleadas de migración forzada, la persecución creciente a las y los trabajadores informales en las grandes ciudades del país, el abandono premeditado de la economía rural, la ampliación de la pobreza relativa y extrema, todos son factores con un mismo aspecto en común, y tienen que ver directamente con el deterioro de las condiciones materiales de vida de las grandes mayorías populares.
Esa es la espada de Damocles del gobierno, la piedra al extremo de la cuerda en el cuello del régimen, y el presidente lo sabe. Por eso, entre los escasísimos argumentos que pretendió dar en relación a la cuestión de la reforma territorial municipal, se refirió a supuestos grandes ahorros que tendría el Estado como consecuencia de las medidas anunciadas. Mintió, por supuesto. Los economistas serios no tardaron en desmentirlo y explicar que esos ahorros serán mínimos, pero lo hizo porque, al fin y al cabo, reconoce el peligro y sabe que, en materia de la permanencia del régimen, la amenaza está en la economía.
También mintió al afirmar que la reorganización territorial no afectaría a los empleados municipales. Una semana después y, según afirmaron los mismos afectados, por órdenes de Casa Presidencial, cientos de empleados de una sola alcaldía, Soyapango, fueron arbitrariamente despedidos. No se trataba de díscolos empleados al servicio de la oposición, sino de leales adictos al presidente y su partido, que aún buscan explicaciones de por qué a ellos les hacían eso.
Entre idas y vueltas, al finalizar estas notas se hablaba de la posible reversión de la medida. En todo caso, lo que demuestra es que habrá despidos en los municipios, afectando la economía de miles de familias salvadoreñas que se sumarán al sufrimiento de tantas otras, haciendo crecer la presión social, apretando la soga al cuello del gobierno o, si se quiere, aumentando el peso de la roca al otro extremo.
Fuente: reflexionesypensamientocritico.com
