Por Maddalena Celano
El nuevo pretexto: el censo de población. Una marcha oficial se enfrentó a los
huelguistas que paralizaron la ciudad de Santa Cruz durante 21 días, para exigir un
censo anticipado. El gobierno no cedió y fijó el censo para marzo de 2024.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció en la medianoche del pasado viernes 11
de noviembre que el censo de población y vivienda se realizará el 23 de marzo de
2024 y que la distribución de los recursos tendrá lugar en septiembre de ese mismo
año. Inicialmente, el censo estaba fijado para el próximo mes de septiembre, pero el
pasado mes de julio el Gobierno lo pospuso a 2024, debido a problemas técnicos y a
la necesidad de obtener “datos de calidad”, y en pro de la “despolitización” del
proceso.
El último censo que se realizó en Bolivia fue en 2012, y las leyes del país estipulan
que esta “consulta” debe realizarse cada 10 años. “Quiero anunciar dos decisiones, la
primera, el censo nacional de población y vivienda tendrá lugar el 23 de marzo de
2024, la segunda, basada en los resultados preliminares, la distribución de recursos se
hará en septiembre del mismo año”, dijo el presidente Luis Arce.
La decisión del presidente se anuncia en el 21º día de huelga indefinida en el
departamento de Santa Cruz, motor económico del país, que lidera las medidas de
presión con el objetivo que el censo se adelante a 2023 y que sus datos se apliquen
en 2025, año en el que en el que están previstas las elecciones presidenciales.
El presidente recordó que tras recibir las recomendaciones de la comisión técnica, que
trabajó durante cuatro días, en la ciudad amazónica de Trinidad, con “la voluntad
inalienable de apuesta por el diálogo” y con la “responsabilidad” que le han
encomendado los bolivianos en octubre de 2020, se determina que el censo debe
realizarse en el primer trimestre de 2024.
Actos de desestabilización
El presidente afirmó que, “una vez más, el país se ha visto amenazado por intentos
desestabilizadores por parte de algunas personas que pretenden alterar el orden
democrático”. “Un acto técnico, como un censo, en ningún otro país del mundo se
habría convertido en un ‘pretexto político pretexto político’ para desestabilizar a un
gobierno”, dijo refiriéndose al conflicto por el censo en Santa Cruz.
El mandatario convocó a “todas las corrientes democráticas” en el país o “las que
existen dentro el Comité Interinstitucional (de Santa Cruz) para frenar el camino de la
violencia que intenta romper el orden constitucional”. “Lamentablemente, se insistió en
un paro cívico en el departamento de Santa Cruz, que en 21 días ha causado la
muerte de cuatro personas y cientos de heridos” y “enormes daños a la economía”
buscando “una escalada de la violencia racista”, señaló Arce.
De hecho, el conflicto sobre el censo ya ha provocado varios fallecidos, heridos y
detenidos, periodistas golpeados, saqueos e incluso el incendio de la sede de la
Federación Unida de Trabajadores Rurales de Santa Cruz, entre otras instituciones.
Las oficinas del Federación de Campesinos de Santa Cruz, vinculados al partido de
gobierno, fueron quemadas por manifestantes de la oposición al gobierno.
Como se puede predecir fácilmente, esta huelga tiene como objetivo principal afectar
la economía del país y crear malestar en toda la población, para pedir un cambio de
gobierno. Esta es una de las técnicas más utilizadas: obstruir las carreteras para
impedir la circulación de los ciudadanos y el transporte de mercancías y, por tanto,
vaciar las oficinas, todos los lugares de trabajo, mercados y supermercados. La
intención es clara: atacar y debilitar al gobierno de izquierda de Luis Arce.
Algunos de los manifestantes progubernamentales han desbloqueado algunas
carreteras y autopistas donde los huelguistas han cerrado al acceso de peatones y
vehículos, durante unos 21 días. Así mismo habría que recordar que Santa Cruz está
controlada por la antigua derecha golpista que llevó al poder a la racista y clasista
Jeanine Añez mediante un violento golpe militar en 2019 que derrocó al presidente
Evo Morales. La región de Santa Cruz, está controlada por la oposición “burguesa” (la
oposición más “burguesa” es una de la zonas más ricas de la región y está vinculada
a las finanzas internacionales.
Un gobernador golpista
El gobernador de Santa Cruz es Luis Fernando Camacho, el ‘hombre de la extrema
derecha que en 2019 organizó y participó en el golpe de Estado ‘apadrinando’ a la
golpista Añez. Un oligarca, fundamentalista religioso, educado en España y cercano a
los sectores franquistas, históricamente hostil a Evo Morales, a los campesinos y a las
comunidades indígenas. Camacho ha basado toda su carrera política en la
“provocación”, en el autoritarismo militarista y religioso, y en el apoyo que le ha
proporcionado Estados Unidos. Camacho es un experto en “provocaciones”, con una
y de la propaganda de la CNN norteamericana que es el arma (contundente) con la
que los liberales-atlantistas (incluidos muchos de nuestros “izquierdistas”) siguen
tratando de socavar la “nueva avalancha roja” que se esparce por latinoamericana.
Maddalena Celano: escritora italiana, especialista en temas e historia latinoamericana.
