Por Atilio Borón
Una medida del carácter delincuencial del sicariato mediático en la Argentina la proporciona la cobertura dedicada al caso del avión venezolano de la empresa Emtrasur. Durante casi cuatro meses se acribilló a la opinión pública con toda clase de falsedades, de miserables fake news que lesionaban el honor y buen nombre de las personas y producían un enorme daño a sus familiares.
Y, por añadidura, al retener al único avión de carga de que disponía la República Bolivariana de Venezuela se obstaculizaba el suministro de todo tipo de mercancías; entre ellas, la insulina requerida por los pacientes diabéticos de ese país. En las primeras semanas que siguieron a la detención de los tripulantes y el secuestro de la aeronave las noticias del caso se traducían en escandalosos títulos en las portadas de los medios hegemónicos o en los zócalos de la telebasura que día a día embrutece a la población. Esto daba pábulo a una tropa de sinvergüenzas disfrazados de periodistas que con absoluta inmoralidad e irresponsabilidad acusaban a los tripulantes del avión de ser terroristas; o de mantener “vínculos con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní y la organización terrorista Hizbullah” amén de inventar cualquier otra patraña por el estilo.
La infamia de este pseudoperiodismo reposaba en el chapucero manejo de la causa que realizara el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que no titubeó un instante en olvidarse de cada una de las clases de Teoría General del Derecho (que se dicta en el primer año de la carrera de Abogacía) para privar de su libertad a un grupo de personas sin que mediara prueba alguna de que habían cometido algún delito, ni eran solicitadas por la Interpol, la CIA, el FBI, el Mossad o el MI6 inglés. La presunción de inocencia, principio fundamental del Derecho moderno, fue oportunamente archivada por ese tinterillo a cargo del juzgado hasta que, más de tres meses después, la situación se hizo insostenible. O, hasta que sus verdaderos mandantes (¡miren al Norte!) les dijeron que ya era suficiente y que como Sergio Moro en Brasil ya había hecho lo que le pedían. El juez y la fiscal Cecilia Incardona se esmeraron en revolver en el basurero delictivo durante cuatro meses para tratar de encontrar alguna prueba de que esos venezolanos e iraníes habían cometido algún delito o eran temibles terroristas. Mientras buscaban los detuvieron, y como era previsible no encontraron absolutamente nada. Pero, obedientes a los mandatos del imperio y de la recalcitrante derecha argentina, el juez y la fiscal retuvieron a la tripulación y a la aeronave. En ambos casos sin fundamento alguno. Al cabo de unos tres meses tuvieron que sobreseer a catorce y, un mes más tarde, liberar a los restantes cinco por la previsible “falta de méritos”.
Estos malos funcionarios de la Justicia Federal alimentaron a los mercenarios de la desinformación que pululan en las cloacas del periodismo para desparramar sus mentiras y calumnias a diestra y siniestra. Es de esperar que el Consejo de la Magistratura tome cartas en el asunto y aplique una sanción ejemplar al juez y la fiscal que entendieron en la causa por su desprecio a las reglas más elementales del Derecho; por haber mancillado el honor de diecinueve personas y por haber archivado la legislación argentina para subordinar su actuación a reglamentos, resoluciones o leyes de Estados Unidos. El resultado enturbió las relaciones entre la Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, a la cual este país todavía le debe la entrega de dos buques petroleros de tamaño medio (el Eva Perón y el Juana Azurduy) que fueron encargados por Hugo Chávez en el 2007, pagados por completo, y que para nuestra vergüenza aún se encuentran “en construcción” en Astilleros Río Santiago sin haber sido entregados en tiempo y forma a PdVSA. Pero Estados Unidos quería darle una lección a la Argentina en el sentido que no toleraría el fortalecimiento de nuestros vínculos con la tierra de Bolívar y Chávez, y encontró en una Justicia corrupta los instrumentos aptos para producir ese resultado. Y en un sistema de medios que haría las delicias de Joseph Goebbels los copartícipes necesarios de esta operación delictiva.
Y ahora, ¿quién pagará los daños personales, morales y materiales de este mamarracho jurídico-mediático? ¿Cómo se reconstruirá la deteriorada relación con Caracas, cuando aún retenemos el avión porque Washington así lo decreta, como también ordena que ni YPF (¡una sociedad anónima con mayoría accionaria estatal!) ni Shell abastezcan de combustible al avión? Lo que nos lleva a una perturbadora pregunta: ¿hemos arrojado por la borda todo atisbo de soberanía nacional? ¿Ni siquiera podemos abastecer de combustible a un avión de un país hermano? ¿Tan bajo hemos caído? ¿Sabremos reaccionar a tiempo, antes de convertirnos de modo irreversible en una colonia de Estados Unidos?
Atilio Alberto Boron: sociólogo, politólogo, catedrático y escritor argentino. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard (Cambridge, Massachusetts). Es profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador adscripto al IEALC (Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe) de dicha facultad. Artículo publicado en Resumen Latinoamericano y Al Mayadeen.
