A más hambre, más propaganda oficialista y mayor uso de la fuerza coercitiva del Estado. Esa parece ser la fórmula que el gobierno privilegia ante situaciones que desnudan su incapacidad y, sobre todo, su falta de voluntad para enfrentar problemas centrales del país. Cuando nos referimos a la falta de voluntad oficial subrayamos una característica propia del proyecto.
Es decir, se trata de falta de voluntad consciente, porque en su plan estratégico no figura mejorar las condiciones materiales de vida del pueblo (eso solo aparece en su discurso populista), sino seguir usufructuando el poder para afirmarse como grupo burgués hegemónico; esto incluye favorecer la mayor concentración posible de riqueza en manos de esta élite ascendente, a costa del sacrificio de las clases populares. Se trata una vez más, como a lo largo de todos los proyectos neoliberales, de transferencia de capital social hacia el sector privado.
Por eso la represión oficial resulta la respuesta natural a las demandas de diversos sectores del pueblo; en el caso de la actual experiencia salvadoreña, el uso de la manipulación mediática deberá incluirse como parte integral de la aplicación de aquella fuerza coercitiva. Mientras el gobierno combina hambre y represión, desde el campo popular se observa una tendencia, aún débil pero creciente y sobre todo sostenida, que podría describirse como: a más hambre y represión, más lucha, que en este caso se manifiesta en multiples formas de resistencia.
El Arte de la Guerra enseña que el mejor general es aquel que gana las batallas sin siquiera librarlas, en el caso del régimen salvadoreño en más de una ocasión esa batalla (la represión o el uso de distintas formas de poder coercitivo) se evita a través de la propaganda manipuladora, y la construcción de una opinión pública modelada a la imagen de la opinión publicada, como solía señalar el ex presidente Correa al referirse al papel de los medios hegemónicos.
En el caso ecuatoriano, estos se enfrentaban a su gobierno; en el caso salvadoreño, el Estado financia todo tipo de medios propios para ejercer su dominio ideológico; del resto, la mayoría ha sido cooptada, y en los pocos casos que no han logrado su propósito, esos medios pasan a ser parte del grupo sujeto a la presión, ataque, difamación, cesura y represión desde el Estado y desde aparatos paraestatales, esto incluye el uso de la justicia como herramienta de persecución, el espionaje, la inteligencia y la contrainformación, tanta a nivel de trabajadores de prensa como de los medios para los cuales laboran. Si no se trata de una incapacidad manifiesta del gobierno, entonces debemos concluir que se trata de la inexistente intención de resolver el problema del hambre, que se extiende a más y más familias, abarcando actualmente el 15% de la poblaciónsalvadoreña (casi un millón de personas, según la FAO); asociado a aquel, encontraremosla escalada permanente de precios, mal disimulada mediante campañas mediáticas oficialistas, que destacan la baja en algún producto determinado, pretendiendo que esa fuese la realidad general de una canasta básica desprotegida y liberada a los caprichos del mercado y la inflación. Esta semana, por ejemplo, el alza de precios de harina y maíz son los protagonistas del agobio de miles de familias salvadoreñas.
Del mismo modo, la errática política agroalimentaria, que sigue limitándose a gestos populistas de entrega simbólica de insumos (por cierto, mal y tarde, de modo que resultan en gran parte inútiles para las más humildes familias productoras), pero sin atacar los precios de los insumos, ni aplicar subsidios a través de la quita de impuestos como el IVA y otras medidas que han sido propuestas por la oposición de izquierda y que, como de costumbre, fueron inmediatamente ignoradas por los sumisos diputados celestes, incapaces de pensar con cabeza propia y mucho menos de pensar en alguien más que en ellos mismos.
Un régimen violento
A lo largo de poco más de tres años de gestión, resulta innegable la inclinación del régimen
al uso de la fuerza que le otorga el poder del Estado, del cual se ha apoderado en todas
sus instancias, eliminando cualquier resquicio de independencia de poderes, controles
externos ciudadanos o restricciones en la administración de recursos, generación de
deuda, etc.
Definir el tipo de fuerza a utilizar requiere también observar sus matices; el régimen la
utiliza en todas las formas y facetas que le resulte útil para mantener voces de oposición
acalladas o distraídas, pero sobre todo para sostener niveles de aprobación ciudadana.
Para ello, la combinación de medidas represivas, como el actual régimen de excepción o,
anteriormente las medidas de cerco militar con la excusa de la pandemia de COVID-19, o
la militarización del país a través de la integración gradual y creciente de la Fuerza Armada
en todo tipo de actividades propias de civiles, se combina con formas que no se evidencian
a primera vista como violencia; sirva como ejemplo las campañas desde redes sociales
orientadas a desprestigiar, ridiculizar, demonizar, poner a la defensiva y finalmente hacer
callar o desaparecer civilmente expresiones de crítica, reclamos, denuncias o rechazo a
medidas gubernamentales.
Otra expresión de violencia política disimulada se vio esta semana, cuando un alcalde del
Oriente del país, anunció públicamente su renuncia al partido al que perteneció durante
todo el tiempo que fue funcionario, el FMLN. Lo imitaron varios de sus compañeros del
municipio. Se suma a numerosos funcionarios municipales pertenecientes a todo el arco
político opositor que han abandonado sus partidos a lo largo de los meses, con puestas en
escena públicas, adoptando casi siempre el mismo discurso que el oficialismo utiliza en sus
campañas de odio contra cualquier pensamiento diverso o partido que no sea su aliado.
La población en general, sometida al bombardeo cotidiano del aparato mediático oficialista,
tomará este hecho como un rechazo al partido en que militaban. Y esto es cierto desde la
formalidad de las declaraciones. Sin embargo, el trasfondo señala una política de asfixia
financiera a todas las formas de gobierno local, desarrollo territorial, etc., no controladas
desde el Ejecutivo; por otra parte, las amenazas de armar causas judiciales, o la oferta de
beneficios personales o políticos en tanto servidores públicos, claramente califican como
formas de violencia, y sobre todo, se alejan de cualquier concepto tradicional de
democracia, incluyendo las limitadísimas y restrictivas características de la democracia
liberal burguesa.
Esa utilización maniquea de todas las armas a su alcance es la que subraya el
autoritarismo y degrada la democracia salvadoreña, que bien podría encajar en la definición
de las llamadas “democracias de excepción”.
¿Podrá la gente olvidarse del hambre?
No todo uso de la fuerza por el Estado salvadoreño actual es expresamente (es decir,
físicamente) violento, pero ello no quita su carácter de manifestaciones de violencia. Por
supuesto, el régimen de excepción, limitando derechos civiles fundamentales, es hoy e
día la manifestación más acabada de violación sistemática de los derechos humanos. Esta
acción cumple más de una finalidad. Asediar a las comunidades más pobres del país,
ejerciendo un control social directo sobre grandes mayorías marginadas, representa una
acción preventiva, a la vez que una criminalización de la pobreza.
Se propagandiza una supuesta guerra contra pandillas, en la cual no hay prácticamente
bajas de uno de los bandos, mientras el otro es dominado y derrotado sin enfrentamientos,
sin grandes capturas de armas, pero con enormes despliegues mediáticos, que establecen
la puesta en escena del guion perfecto para mantener a la población cautiva de la narrativa
oficial de odio y venganza, alejada totalmente de lo que tradicionalmente se espera de una
gestión estatal. Se trata de una violencia directa, que incluye la tortura, y la justificación de
la misma, incluido el uso de sarcasmos y bromas celebrando esos apremios ilegales desde
cuentas de redes sociales del presidente, como sucedía al inicio de esta peculiar “guerra”.
Pero es violencia también la cooptación de funcionarios encargados de la defensa de los
derechos fundamentales, como es el caso del cobarde Procurador de DDHH, que luego de
haber permanecido mudo y ciego ante asesinatos, secuestros, desapariciones, detenciones
ilegales, privación de derechos de defensa, todo a cargo del Estado salvadoreño, hoy
espera que una Asamblea genuflexa ante el Ejecutivo lo reelija para seguir jugando el
vergonzoso papel que ha elegido.
La propaganda gubernamental puede seguir explotando por un tiempo la aplicación del
régimen de excepción, aunque ya no existan razones plausibles para continuar renovándolo, como en realidad no las hubo desde su primera sanción, que no fuera el uso de ese instrumento para limitar derechos ciudadanos. Puede seguir proclamando, como lo hizo el vicepresidente, que todos los opositores son aliados de delincuentes, arrojando implícitamente amenazas hacia amplios sectores de la sociedad, incluyendo las iglesias y los defensores de DDHH, además de las mismas familias que se movilizan y reclaman justicia para sus seres queridos injustamente detenidos y, en algunos casos, asesinados. Puede seguir haciendo todo lo anterior, pero ¿cuánto tiempo podrá mantener el régimen su propaganda, su discurso de odio destinado a distraer la atención de los graves problemas que nuestra sociedad enfrenta, nuestro pueblo sufre y el gobierno pretende ignorar? Podrá hacerlo hasta que las razones del hambre, las razones de la vida, las razones del rencor y el odio que desde CAPRES siguen inyectando en la sociedad, hagan explotar una situación potencialmente incontrolable.
Las razones para la protesta.
Mientras tanto, fuerzas de la oposición se preparan nuevamente para movilizarse contra el
régimen. Hace casi un año, San Salvador presenció una importante expresión masiva de
rechazo a las políticas oficiales, en especial a la utilización del Bitcoin como moneda de
curso legal. A once meses de aquellas protestas, el bitcoin parece condenado al
ostracismo, mientras el gobierno evita abordar un tema que le recuerda su fracaso.
Sin duda hoy las razones para la protesta se acumulan. Un sector de la burguesía pretende liderar una marcha con consignas a su medida, es decir a su miope y minúscula visión política de cambiar la cabeza del régimen, pero no de cambiar el injusto sistema socio económico que lo hace viable. Reemplazar un burgués por otro parece ser la intención detrás de una consigna que se limita a rechazar la reelección presidencial y que, además lamentablemente, parecen abrazar con entusiasmo sectores reformistas de la izquierda, al sumarse a la consigna.
A nuestro juicio, el pueblo debe marchar al compás de sus propias consignas, expresando sus dolores e insatisfacciones, rechazando cualquier maniobra de la derecha por manipular las necesidades del pueblo, pretendiendo enfilarlo detrás de intereses que, por cierto, no se diferencian gran cosa de las actuales apuestas imperiales para la región y el país.
Mientras el imperio claramente muestra sus intenciones de dialogar y superar las contradicciones secundarias con el régimen, el Ejecutivo salvadoreño ofrece señales de creciente subordinación y búsqueda de acuerdos, más allá de discursos explosivos de funcionarios de segundo nivel, que resultarán fácilmente descartable por el régimen cuando llegue la hora.
El pueblo salvadoreño y las fuerzas de izquierda, en particular los sectores revolucionarios y antiimperialistas, han de movilizarse detrás de consignas verdaderamente sentidas por las grandes mayorías afectas por la crítica situación en que se encuentran, alzando sus voces contra la represión indiscriminada, los asesinatos injustificados de prisioneros, las ilegales detenciones sin derecho real a defensa justa, y sin duda las consignas para la defensa de la vida, es decir contra el hambre, por la creación de empleos, contra el creciente deterioro del salario, que exijan que la crisis la paguen quienes más tienen, y esos sin duda, están en su gran mayoría asociados al actual gobierno y a las grandes empresas. También las exigencias de poner alto a todo tipo de persecución política, incluyendo la demanda de libertad a las presas y presos políticos del régimen. Esas consignas, finalmente, serán un rechazo a todas las formas de violencia ejercidas desde el Estado.
Muy posiblemente este tipo de llamamientos pueda aglutinar mayoritariamente a las fuerzas del pueblo y a la izquierda revolucionaria, expresando también el deseo de resolver los problemas del país entre salvadoreños, sin intervenciones ni injerencias imperiales.
Desde ese tipo de esfuerzos conjuntos se puede vislumbrar la posibilidad de construir las bases de un acuerdo esencial entre todas las fuerzas aglutinadas detrás de esas banderas, un acuerdo de nación al que sin duda se sumarán otras demandas y nuevas banderas, como la defensa al medio ambiente, particularmente la lucha por la defensa del agua, las reivindicaciones de la juventud y el estudiantado, las políticas de género y diversidad, las de los veteranos y veteranas, la defensa de los ahorrosparapensiones, entre muchísimos otros sectores que levantarán banderas del pueblo en lucha. Concretar ese esfuerzo podría ser el primer paso para construir una proclama auténticamente colectiva, generada entre todas y todos y no detrás de un escritorio; un documento base que sea, por otra parte, expresión de la voluntad de lucha y organización de las grandes mayorías del pueblo salvadoreño.
RLL
