Una funcionaria, un periodista, y un magistrado del Constitucional detallan la represión vivida por el presidente de El Salvador y el deterioro democrático
Del presidente de El Salvador Nayib Bukele, se ha sabido en los últimos años que tiene el índice de popularidad más alto del continente, que convirtió el Bitcoin en moneda oficial y que cuando la criptomoneda se desplomó arrastró a la economía del país. Al mandatario del país más pequeño de América latina, se le ha visto también aparecer recientemente en noticieros de medio mundo desde que decidió emprender una cruzada contra las pandillas que ha conducido a la detención de 46.000 personas en 110 días haciendo necesaria la construcción de una nueva cárcel para albergar a los nuevos presos. Mientras todo esto pasaba, el presidente milenial de 41 años ha puesto en marcha un rodillo autoritario para silenciar las voces que alertan del deterioro democrático que vive el país y que ha enviado al exilio a decenas de opositores, jueces o periodistas.
El telegénico mandatario, que controla el ejecutivo y el legislativo gracias a su apabullante victoria de 2019, ratificada tres años después cuando su partido Nuevas Ideas obtuvo el control de la Asamblea, logró someter también al poder judicial con la ilegal destitución de todos los jueces de la Corte Constitucional y el obligado cese de miles de jueces con más de 30 años de ejercicio. Del acoso no han escapado los organismo autónomos ni defensores de los Derechos Humanos, arrollados por el Estado de excepción que amplía sus poderes y con el que gobierna desde marzo de 2022 y ha sido renovado tres veces hasta ahora.
Mediante amenazas en cadena nacional, la fabricación de delitos o el asedio en las redes, el ambiente se ha hecho irrespirable para quienes se enfrenta al poder y a quienes no les queda más remedio que el silencio o el extranjero para hablar libremente. Un goteo silencioso del que los amigos solo tienen noticia cuando el teléfono suena al otro lado para decir: “Yo también me fui”.
Una funcionaria del Instituto de acceso a la información, un periodista y un exmagistrado del Tribunal Constitucional cuentan a EL PAÍS los motivos de su salida y el clima de terror que impera dentro del país entre quienes llevan la contraria a Bukele, quien ya controla casi todas las instituciones.
Bryan Avelar, periodista exiliado en México
Desde que fue alcalde de San Salvador entre 2015 y 2018 y hasta su llegada a la presidencia un año después, Bukele, publicista de formación, se sirvió de la prensa para golpear a sus contrincantes, descalificar la democracia y golpear el sistema de partidos, explica el periodista Bryan Avelar, que reside en México desde hace cuatro meses. La prensa, y su activa campaña en redes sociales fue clave en una victoria abrumadora que se confirmó en 2021 cuando logró el 66% de los votos y el control de la Asamblea gracias a la imagen de hombre joven y eficaz capaz de resolver los problemas de los más pobres, daba igual que fuera el hambre o la Covid. Esa relación empezó a cambiar cuando la prensa comenzó a enlazar una exclusiva tras otra demostrando que la paz con las pandillas fue resultados de un pacto y no de su plan de seguridad, que la corrupción entró en su gobierno cuando ministros muy cercanos se beneficiaron del reparto de alimentos, que un grupo de asesores venezolanos cercanos a Leopoldo López manejaban su gobierno o sus familiares controlaban las áreas estratégicas de la presidencia.
Brian Avelar, nacido en San Salvador hace 28 años, es uno de los periodistas que han participado en algunas de estas investigaciones que tanto han irritado al mandatario. “La prensa es una de las pocas cosas que no Bukele no ha logrado controlar y que le ha golpeado donde más le duele al desmontar los mitos sobre lo que construye su figura: la idea de que resuelve y de que terminó con la corrupción.
El estado de excepción en el que gobierna con la excusa de terminar con las pandillas le ha dotado de nuevas facultades por las que es posible encarcelar a niños de 12 años que sean acusados de pertenecer a las maras o a quien hable o reproduzca mensaje de las pandillas violentas, lo que impide tener fuentes entre las pandillas a la prensa local. El detonante para que Avelar dejara el país fue el día que el entorno de Bukele agitó la versión de que Avelar era hermano de un pandillero. El asunto podría ser un intento más acallar la prensa que mostró sus pactos con las bandas violentas si no hubiera un pequeño ‘error’: Avelar ni siquiera tiene hermanos. “Yo ni siquiera tengo hermanos, pero cuando una acusación así se hace a nivel nacional es porque ha comenzado la campaña de desprestigio y en cualquier momento se prepara una orden de detención. Mentiras como esta se difunden para poder encarcelar no a un periodista sino a un delincuente con un hermano pandillero”.
Actualmente Avelar es colaborador de The New York Times en la Ciudad de México. “Con gobiernos anteriores ya me habían amenazado de muerte, pero al menos había instituciones y organismos a los que recurrir, pero ahora ni eso. Lo único que queda es la comunidad internacional”, señala.
Según Avelar los ataques a la prensa responden a una estrategia bien deseñada con cinco puntos: “Primero se pone en marcha un discurso de odio a la prensa, llamándonos vendidos o instrumentos en manos de fuerzas oscuras como George Soros, financiada desde el extranjero. Después sigue el bloqueo a la información oficial. No tenemos acceso a comunicados ni a preguntar en las ruedas de prensa. El tercer elemento ha sido extender entre los funcionarios el miedo a hablar con periodistas de medios como Factum o El Faro. Me consta que se le pasa el polígrafo a funcionarios donde se les pregunta si hablan con periodistas. El cuarto elemento de esta estrategia es el espionaje directo: con sistemas como Pegasus o el seguimiento físico directo con drones, vehículos o espías. Si nada de esto funciona sigue el amedrantamiento por la vía judicial con acusaciones inventadas de lavado de dinero, por ejemplo, un delito para el que no hay libertad condicional y solo podés defenderte desde prisión”, explica.
No obstante, Avelar aspira a volver a su país en algun momento para poder seguir ejerciendo el periodismo y romper la estadística que señala que todos los medios críticos tienen al menos un periodista fuera de El Salvador “Todos los días pienso en volver a mi país. Es probable que lo haga, aun cuando volver signifique tener que trabajar con una espada de Damocles sobre nuestras cabezas”.
Liduvina Escobar, Instituto de acceso a la información, exiliada
En 2021 Liduvina Escobar, nacida en San Salvador hace 39 años, fue suspendida de su cargo en el Instituto de Acceso a la información Pública, después de denunciar la corrupción en un organismo independiente creado para garantizar el acceso a los gastos privados con dinero público. Desde su puesto, Escobar sancionó a Bukele y a su ministro Oscar Luna por negarse a colaborar informando sobre sus gastos o no abrir alos archivos militares relacionados al conflicto armado.
Entre 2019 y 2020, primer año triunfal de Bukele en el que logró 56 de los 84 diputados de la Asamblea y las encuestas de popularidad lo colocaban en lo más alto, Escobar se convirtió en la piedra en el zapato del sistema y en una de las pocas voces discordante en un contexto donde el discurso azul cian (el color del partido oficial) lo controlaba todo. El entorno de Bukele considera a Escobar una enemiga que filtró a la prensa las investigaciones corrupción terminando con el mito del fin de la corrupción y de que “la plata alcanza si nadie se la roba”, como suele repetir el mandatario.
“El Instituto está controlado y silenciado por ellos. Su objetivo es mediatizarlo y convertirlo en una oficina a su servicio. Esto lo dije en los medios de comunicación y terminé pagando por ello. Acto seguido se me notificó mi suspensión, explica por teléfono desde un país que prefiere no revelar.
La estrategia del bukelismo, requiere es dotar la decisión de un ropaje institucional, en este caso una denuncia de un diputado del partido oficial en la que le acusaba de algo tan surrealista como ser contraria al presidente. “Ellos me querían fuera porque al apartarme del cargo querían evitar que hablara sobre lo que sucedía”. Desde entonces comenzó un calvario laboral y personal debido a las amenazas y el hostigamiento mediático de un gobierno construido de la mano de las redes sociales, que maneja como nadie. “Te enfrentas a un sistema que maneja todos los poderes, donde ni siquiera es posible acudir a una oficina de Derechos Humanos a elevar una queja. Vivimos en la indefensión total a cualquiera que se oponga a Bukele. “Te insultan y te desprestigian hasta tal punto que cuando decida privarte de libertad no tengas un ápice de dignidad para defender”, explica.
Rodolfo González, exmagistrado de la Corte Constitucional, exiliado en España
La mañana del dos de mayo 2021, la vivienda los magistrados de la sala Constitucional amaneció con un cartero que entregaba a todos una nota firmada por el secretario de Bukele, Conan Castro, que en todos los casos decía lo mismo: desde ese momento quedan cesados para el cargo. A la casa del presidente de la sala enviaron incluso un coche de policía por si tenía alguna duda. A pesar de haber sido elegidos hasta 2027, en lo que supuso el gran golpe para desmontar un sistema judicial que escapaba al control de Bukele, elegido dos años antes. Para el exmagistrado, Rodolfo González, nacido en San Salvador hace 54 años, ese día fue el punto de inflexión ante lo que se venía encima, denuncia vía telefónica desde España.
A partir de ese día, González, magistrado del tribunal Constitucional entre 2009 a 2018, comenzó a denunciar el golpe judicial que ha pagado con el acoso hasta provocar su salida del país. Hasta ese momento Gonzalez, era uno de los juristas más prestigiosos del país, conocido como uno de “los cuatro fantásticos”, en referencia al grupo de jueces que trabajó por abrir los archivos militares y la posibilidad de perseguir a los responsables militares de matanzas como la de Mozote, durante la guerra civil, explica vía telefónica desde España.
“Durante la primera etapa de un proyecto autoritario y dictatorial, difícilmente la gente logra hacer click para entender qué ataques contra la institucionalidad y el régimen democrático pueden afectarle en su día a día”, explica para describir la demolición institucional del país en medio del aplauso colectivo al mandatario que la encabeza. “A estas alturas están anulados todos los mecanismos de control, de un gobierno: el Procurador de Derechos Humanos, la Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Cuentas y a la que se añade el ataque al periodismo crítico”, resume.
Según González, el populismo en El Salvador surgió en medio de un legítimo sentimiento de indignación por la traición de la izquierda tas la esperanzadora llegada del FMLN al poder en 2009, dice en referencia a un periodo político marcado por la corrupción del expresidente Mauricio Funes (2014-2018) y hoy fugado a Nicaragua. Según el constitucionalista, “el bukelismo se construye sobre los pilares de la decepción generalizada y una democracia fallida. Siempre se ha dicho que la democracia no da de comer y por eso las encuestas del Latinobarómetro sonre El salvador dicen que hay una mayoría de personas que les da igual vivir en dictadura o democracia”, concluye. Desde el golpe judicial del mes de mayo “una cúpula policial y militar corrupta está al servicio de un dictador que persigue a las voces, ni siquiera críticas, sino simplemente discordantes”.
“Trabajar en libertad va más a allá de estar preso. Un régimen democrático debe garantizar un ambiente donde se pueda trabajar libremente, sin un acoso tan brutal, con la posibilidad de acceder a fuentes y archivos. No sirve el argumento de que no es dictadura porque no hay encarcelamiento o asesinato de opositores”, resume.
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