Eliminando aliados molestos. Maniobras previsibles y nuevos negocios 

Coyuntura semana 1 de agosto 2022

A las puertas del periodo vacacional agostino se percibió un repentino cambio de escenario  por parte del gobierno, un movimiento que pretende actuar a manera de gigantesco  distractor frente a las calamitosas noticias recibidas últimamente por el régimen. Al mismo  tiempo, se utilizó la maniobra para desmontar herramientas estatales que representaran un  potencial peligro de evidenciar la manipulación de cifras oficiales. Sin embargo, la duración  del efecto sorpresa de esas maniobras cada vez parece ser más breve en la medida que  aquellas se vuelven tanto más predecibles. 

Desde hace ya un tiempo se esperaba algún tipo de anuncio oficial respecto al pago de  vencimientos de deuda externa en el corto y mediano plazo. Se anticipaba que sería  presentado de manera que pareciese sorpresiva, inteligente, audaz y capaz de poner a la  oposición a la defensiva en lo que se había venido constituyendo una de las líneas de  ataque más sólida contra el régimen, al poder sustentarla en las escasísimas cifras oficiales  que se siguen dando a conocer, y en complicados cálculos comparativos, históricos,  estadísticos y de proyección a que deben recurrir los economistas para guiarse entre el  humo esparcido desde Hacienda, Economía y BCR para impedirlo. 

De tal modo que frente al creciente rumor de posibilidades superlativas de incumplimiento  de obligaciones externas, que hacían caer a las profundidades históricas más abismales  las calificaciones internacionales de las finanzas públicas, sumado al dato ya habitual de un bitcoin con gráficas que no dejan de apuntar hacia abajo, y que el endeudamiento de El  Salvador superó ya el 83% del PIB, el gobierno a través de su ministro de Hacienda, había  anticipado durante semanas su certeza de que el país no caería en impago.  

Esta semana el presidente lanzó el primer mensaje a través de sus redes sociales, para  que de inmediato, su ministro Zelaya apareciera en los canales de televisión a explicar los  mecanismos establecidos para la compra anticipada de bonos que vencen en 2023. El  mecanismo, que quisieron presentar como inteligente, novedoso y hasta audaz, no es más  que una maniobra de nuevo endeudamiento del Estado, por medio de un préstamo del  BCIE de unos 200 millones de dólares y del uso de reservas internacionales por 300  millones, para completar solo parcialmente los $800 millones que vencen el próximo año.  

Lo único que podría conseguir El Salvador con esta medida, es aparentar tener una  liquidez que no posee y una autonomía de la que carece completamente, puesto que  la decisión de venta de los bonos, que a estas alturas solo valen un 73% del precio a que  fueron vendidos, permanece firme en las manos de los tenedores, que solo venderían perdiendo parte de su inversión- si estuviesen convencidos de que esa pérdida es mejor a  perderlo todo en una Estado a punto de quiebra.  

Como vimos, el Estado salvadoreño ni siquiera cuenta con el total de fondos para cumplir  esa supuesta operación de recompra. La situación de los bonos con vencimiento en 2025  es aún más dramática ya que su valor actual ronda el 35% del original. Es claro que los  mercados de acreedores no ven con buenos ojos el futuro del país, por más piruetas  televisivas que pretenda hacer el cada vez más debilitado ministro de Hacienda del  régimen; a esa debilidad podemos añadir su inclusión en la Lista Engel.

Al fin y al cabo, estamos ante otra maniobra propagandística del gobierno que, aunque  mantiene con una sonrisa en los labios a sus seguidores más fanatizados, no logra una  sola expresión similar de sus acreedores, ni mucho menos de quienes estudian con  seriedad las finanzas de cada país. Por eso, el dato objetivo es que el riesgo país no  disminuye. En mayo, Moody´s ubicó a El Salvador como el peor calificado de  Centroamérica con una nota de Caa3. El 1 de junio pasado, la agencia Standard and  Poor´s bajó la calificación crediticia del país de B- a CCC+ que es una de las peores  calificaciones de crédito que pueda tener un país, ya que indica que hay una alta  probabilidad de que no pueda pagar sus deudas. En términos similares ha calificado al país  Fitch Ratings. Eso no ha cambiado en razón de las maniobras publicitarias  gubernamentales. Por el contrario, es previsible que, ante la pérdida de valor de recompra  de los bonos salvadoreños, cada vez serán más escasos los futuros interesados en adquirir deuda soberana. 

Deudas, impagos y protestas 

Esta semana se conmemoraron 47 años de la masacre del 30 de julio. Como es habitual,  los estudiantes de la UES, junto a otros sectores de izquierda marcharon en memoria de  los caídos en la represión, repudiaron aquellos hechos y siguieron exigiendo justicia. Pero  también los centenares de movilizados recordaron, defendieron y exigieron el respeto a la  UES, reclamaron a las autoridades univesitarias su falta de valor político y su servilismo  ante el régimen, al cual no condenan y, lejos de ello, guardan silencios cómplices ante sus  abusos. Entre esos abusos figuran que el Gobierno aún no desembolsa los fondos  asignados para la Universidad de El Salvador. 

La miseria de las finanzas públicas quedan patentes con un solo dato. A las  municipalidades se les robó por disposición ejecutiva prácticamente el 90 por ciento de los  fondos llamados FODES. Solo quedó para los municipios un 10%, que debía ser entregado  por el Ejecutivo. No siquiera esos montos de lo que sobrevivió del FODES se transfieren  puntualmente a las municipalidades. El grado de desesperación en el que ha caído el  régimen en materia financiera es realmente alarmante, se mire por donde se mire. 

En materia de DDHH también las protestas se acumulan. Ya no se trata únicamente de  familiares de presos injustamente encarcelados, ni de la organización de presas y presos  por razones políticas las que reclaman, sino que a las organizaciones de DDHH se suma  ahora la iglesia católica que, como en los viejos tiempos de Tutela Legal, vuelve a recoger listas de reclamos y denuncia los abusos.  

Ante la inoperancia y cobardía manifiesta de una PDDH cooptada por el régimen, es evidente que otros mecanismos se ponen en marcha desde los sectores populares.  

La acumulación en resistencia continúa y se suma a las presiones internacionales, a las  que cada día cuesta más silenciar desde los medios oficiales, a pesar de las leyes mordaza contra la prensa y de los ataques en manada de diputados oficialistas contra quienes  aboguen por una prensa independiente, cuestionadora y crítica, como le acaba de suceder  al embajador de la UE en El Salvador por su tuit de saludo a periodistas en su día. 

¿Y el conflicto FIFA? 

Hace pocos días estallaba el conflicto con la FIFA a raíz de la sed insaciable de control,  tanto institucional como financiero, por parte del clan familiar. Al principio pareció una simple maniobra de distracción de las tantas que este gobierno ha realizado en sus tres  años de gestión. Sin embargo, si eso alguna vez fue así, demostró ser un pésimo cálculo,  porque puso en evidencia al régimen ante amplios sectores de la comunidad internacional, en particular en el ámbito deportivo, pero sobre todo puso en entredicho su popularidad con  los seguidores del deporte rey en El Salvador.  

Las escaramuzas con el rector mundial del fútbol no han terminado bien para la autocracia  salvadoreña, y por ahora parece que lo que han decidido hacer, como en ocasiones  similares, es eliminar el tema de las agendas mediáticas con la esperanza que la gente vaya olvidando el incidente. Algo dudoso tratándose del futbol, en particular si por alguna  razón, la FIFA finalmente encuentra razones suficientes para sancionar al fútbol  salvadoreño a causa de la intromisión del gobierno. El conflicto sigue afectando también a  un importante número de familias relacionadas al deporte (clubes, planteles deportivos,  personal técnico, y operarios en todos los niveles) que ven hoy su futuro con enorme  incertidumbre. ¿Cuántas de esas familias no han votado y hasta hecho campaña por los infames que hoy ponen en peligro su sustento? 

Las negociaciones con EEUU 

En cualquier caso, y si bien el tema del fútbol sigue siendo una herida abierta para el  régimen, la llegada de un embajador de los EEUU a El Salvador no parece tampoco una  noticia del todo buena, a juzgar por las declaraciones del funcionario en su país. 

Durante la comparecencia del próximo embajador, William Duncan, ante el Senado, dos  legisladores estadounidenses señalaron que hay ataques del presidente salvadoreño  contra Washington, y más específicamente en contra de la congresista demócrata Norma Torres y la exembajadora Jean Manes.  

El embajador calificó estos ataques como “absolutamente inaceptables” y prometió que si  era confirmado estaba dispuesto a hacer saber ese descontento ante el gobierno  salvadoreño. Aseguró, además, que trabajará por la democracia, promoverá la lucha contra  la corrupción y contra la impunidad.  

Más allá de lo críptico que puede resultar ese lenguaje diplomático para descifrar el  mensaje hacia CAPRES, sin duda deberemos medirlo en el juego de presiones y  negociaciones que desde hace ya un tiempo se viene promoviendo desde sectores de la  derecha local para que finalmente Washington y San Salvador resuelvan sus diferencias.  

En la medida que los más cercanos colaboradores del presidente se encuentran ya  señalados por Washinghton, a través de diversas listas y otros condicionamientos, parece  evidente que las presiones apuntan a dar una oportunidad al cercado mandatario privilegiando que “la mano de seda” haga “entrar en razones” al salvadoreño, y éste se  pliegue a las condiciones de Washington, a cambio de ayudarlo a salir de su agónica  situación financiera. Sin duda, si las presiones “suaves” no funcionaran, entonces “el  guante de hierro” que no excluiría el horizonte posible de un destino similar al de JOH en  Honduras, o la vieja carta del golpismo proimperialista, podrían entrar en juego.  

Por supuesto, en ninguna de estas opciones ni el régimen ni el imperio consideran ni  considerarán lo que pueblo piense o desee. Por eso es tan importante la  organización popular independiente y autónoma frente a estos poderes fácticos, hoy  con contradicciones secundarias, pero sin duda mucho más relativas y menores que  aquellas que ambas expresiones de las fuerzas de la explotación capitalista tienen frente a  sus enemigos naturales, las clases trabajadoras y el pueblo en general. 

Para las mayorías explotadas del pueblo, que ven cada día desaparecer sus expectativas de soluciones, los caminos se van cerrando, y la lucha aparece cada vez más clara en el  horizonte. Las primeras manifestaciones en las calles, aún dispersas y débiles, indican una  acumulación que requiere de trabajo, coordinación y reflexión, pero desde las calles, desde  las aulas, desde los centros de trabajo, desde los puestos en los mercados, desde las  comunidades y cantones. Es una falsa dicotomía contraponer teoría y práctica en la lucha.  Lejos de ello, ambas han de caminar de la mano, mutuamente alimentadas; la organización requiere reflexión y estudio pero también acción política directa, movimiento, junto a la  gente y en la calles y plazas de todo el país. Sin esa visión desde una izquierda  revolucionaria toda acumulación será insuficiente. Es importante acumular fuerzas, pero  tan importante como ello es no perder lo que se acumula, evitando seguir las  agendas mediáticas y políticas de la burguesía en el gobierno y de su contraparte  imperialista. 

Los pasos hacia el poder total: eliminando aliados incómodos 

A mediados del mes pasado el abogado Francisco Bertrand Galindo, reconocido personero  de la derecha oligárquica, fue entrevistado en el programa de TV Frente a Frente (ver  Temprana Decadencia, análisis de la semana del 18 de julio 22). Durante esta entrevista, el  jurista estimó que el actual gobierno se encontraba en una etapa donde se dedicaba a  eliminar “alianzas incómodas”.  

Se refería a que el régimen se iba deshaciendo de aquellas fuerzas, personas o sectores  que en el algún momento le fueron útiles para cumplir con la primera fase del plan de asalto  al poder del Estado por el actual clan familiar que controla el país. Fuerzas que, de hecho, ya no le resultan útiles en su etapa de consolidación del poder total y, por el contrario, al  recordarle periódicamente al mandatario que gracias a ellos ocupa la posición que ocupa,  se han ido transformando en “aliados molestos”.  

Entre dichos aliados podemos recordar, como lo hizo el propio Galindo, a las pandillas que  hoy el gobierno combate, pero que hace tres años resultaron de altísimo valor para  asegurar sus triunfos electorales; los diversos acuerdos revelados por la prensa de  investigación así lo corroboran. Hoy, esos grupos ya no resultan del mismo interés y, en  consecuencia, son combatidos en una “guerra de gran magnitud” como gusta fanfarronear  el vicepresidente Ulloa ante la prensa europea, sin tener idea de lo que es una guerra, y  mucho menos de lo que sucede en su país, porque pocos funcionarios de este gobierno  han sido más ignorados y mantenidos al margen de la toma de decisiones de CAPRES,  como el abogado Ulloa.  

Otro caso de aliado incómodo lo encontramos en el empresario del transporte público de pasajeros, Catalino Miranda, otrora vocero de las bondades del entonces candidato a la  presidencia y hoy encerrado en una cárcel como vulgar delincuente. Ya el régimen no  necesitaba de su apoyo en esta nueva etapa, y para ese tipo de misiones tiene a su  servicio a una dócil FGR y a un más dócil fiscal que salta a un chasquido de dedos del  autócrata para cumplir sus deseos.

Aunque hay más ejemplos que se pueden ir mencionando, como el de la joven hermana de  un prisionero del régimen de excepción, que reclamó y se manifestó en las calles por considerar injusto el arresto de su hermano, después de haber ella y su familia, votado y  hecho campaña por el dictador en ciernes, pero que hoy se encuentra refugiada en otro país porque no confía en la justicia y la seguridad implementada por quien ella misma  ayudó a ascender al poder; en todo caso, solo nos detendremos en un último ejemplo, de particular importancia por las consecuencias que apareja. 

Nos referimos a la decisión (orden ejecutiva cumplida por una comisión de economía del  legislativo, sin siquiera hacer consultas y en solo sesenta minutos de “discusión”) de  eliminar de un plumazo la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). Un  organismo creado hace 141 años, y que se encargaba entre otras muchas funciones de la  elaboración del Censo Nacional, y de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.  

Como venía sucediendo desde el establecimiento de formas democráticas de organización  a partir de los Acuerdos de Paz, y durante los primeros cuatro periodos de gestión de la derechista Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, se habían establecido en la gestión  del Estado diversos acuerdos que asignaban “nichos” a partidos aliados, o que  garantizaban niveles de gobernabilidad. Tales los casos de instituciones como la Corte de  Cuentas de la República, tradicional bastión del PCN.  

Al llegar el FMLN al gobierno, y entre los numerosos errores cometidos como producto del  control que los sectores más reformistas, socialdemócratas y cercanos a la derecha  empresarial ejercían sobre sustanciales porciones del poder temporal del Estado, esa dinámica de mantener negociaciones bajo la mesa con partidos que condicionaban sus  votos y apoyos legislativos, se mantuvo, y así, por ejemplo, la DIGESTYC permaneció bajo  el control del partido GANA, escindido de ARENA a inicios del gobierno del FMLN. No fue  el único caso, sin duda, pero es el que nos ocupa hoy, porque esas oficinas continúan hasta el presente en manos de GANA; justamente ese partido -con cuya bandera el actual  presidente llegó al cargo-, se ha convertido en otro “aliado molesto” del gobierno, en la  medida que sigue exigiendo favores o cuotas de poder a cambio del apoyo dado a Nuevas Ideas y al presidente, cuando el mandatario a estas alturas ha abandonado hace mucho  tiempo cualquier lógica de poder compartido. Así, el diputado Gallegos y sus secuaces, que  apoyan las medidas presidenciales en todo lo relacionado a las políticas de seguridad no  abandonaba, sin embargo, sus aspiraciones de seguir beneficiando a su instituto político a  cambio de ese apoyo. Hoy, ese aliado ve que, de un plumazo, uno de sus bastiones  desaparece, limitando evidentemente su músculo político.  

El caso DIGESTYC 

Las voces de académicos, economistas, investigadores sociales y políticos entre muchas otras, se han hecho sentir ante la desaparición del organismo. Mientras algunos  académicos se mostraban preocupados por la desaparición de herramientas estadísticas y  censos que permitieran trazar políticas sociales en función de datos científicos certeros  acerca de poblaciones meta, los economistas y políticos destacaron el significado de una  nueva avanzada oscurantista del gobierno, que impedirá conocer datos y podría – conociendo el estilo presidencial- manipular data a su antojo para presentar la realidad de  acuerdo a sus planes e intereses y evitar que se contradiga el discurso oficial. 

Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales  (ICEFI), se sumó a las críticas y calificó como “gravísima” la disolución de la Digestyc. “El  desprecio a hacer políticas públicas basadas en información y evidencia es descomunal. Ni  Maximiliano Hernández Martínez se atrevió a hacerlo”, publicó en Twitter. 

Lo cierto es que basta repasar el artículo 4 de la propuesta de ley de desaparición del organismo y el traslado de funciones al BCR para comprender la magnitud del hecho, sin  considerar la muy posible incapacidad o desinterés del propio Banco Central para  desarrollar algunas de estas funciones: 

1. Levantamiento, procesamiento y mantenimiento de cartografía y diseño muestral. 2. Levantamiento, procesamiento, generación de bases de datos y publicación de los  Censos tales como: Población, Vivienda, Económico, Agropecuario, y otros que  autorice su Consejo Directivo. 

3. Levantamiento, procesamiento, generación de bases de datos y publicación de la  Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Encuesta de Ingresos y Gastos de los  Hogares y otras encuestas socioeconómicas que se consideren necesarias. 

4. Levantamiento, procesamiento y administración de bases de datos de las Encuestas  Económicas en sus distintas periodicidades. 

5. Levantamiento, procesamiento y administración de bases de datos de las Encuestas  Mensuales de Precios al Consumidor y al Productor. 

6. Cálculo y publicación de Índices de Precios al Consumidor y al Productor, de  periodicidad mensual. 

Dada la marcada veta neoliberal del actual régimen y su inclinación a entregar negocios del  Estado a familiares, amigos y allegados, no sería de extrañar que muchas de estas  funciones, y otras que cubría el organismo, pasen a ser tercerizados para beneplácito y  alegría de “todos los hombres del presidente”, o mejor deberíamos decir: de todas las  empresas del presidente y su clan familiar. 

RLL

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