La XL Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de America Latina y el Caribe, COPPPAL:
I. Invocando los principios que la rigen, las líneas de acción derivadas del Consenso COPPPAL 2020 y las instrucciones de su Presidente, Diputado Alejandro Moreno, quién aprobó realizar una Misión de Seguimiento a la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en El Salvador,
II. Teniendo presente el Informe de la Misión de Paz, Diálogo y Verificación del Estado de la Democracia que visitó El Salvador del 15 al 18 de noviembre del 2021 y que fuera conocido y aprobado por la XXXIX Asamblea Anual de la COPPPAL en Diciembre de 2021.
III. Recordando el posterior Informe de Seguimiento al estado de los derechos humanos, la democracia y la paz en El Salvador, correspondiente al cuatrimestre noviembre 2021-febrero 2022, en el cuál se registró un incremento a las violaciones a los derechos humanos de las presas, presos y perseguidos políticos de El Salvador, la manipulación de las instituciones para profundizar el lawfare, dirigido a destruir a la oposición política, el espionaje organizado y comprobado por investigaciones independientes contra el periodismo que no se ha sometido al régimen y el ataque a toda voz crítica de la sociedad civil y de los liderazgos populares, universitarios y religiosos. Abusos todos ocurridos tras la eliminación de la independencia y la división de poderes, a fin de concentrar el poder político bajo un mando autocrático.
IV.Teniendo muy en consideración que a la deriva autoritaria y al carácter fáctico con el que cotidianamente actúa el régimen salvadoreño, luego de romper sistemáticamente la constitucionalidad y el orden democrático, se le añadió en los últimos meses la imposición de un estado de excepción, luego de desavenencias en los denunciados pactos del Gobierno con las pandillas que aterrorizan a la sociedad salvadoreña. Tal régimen de excepción fue prorrogado ya dos veces, derivando en una crisis humanitaria que afecta a mujeres, niños y familiares de los más de 34 mil capturados sin mediar orden judicial ni cometimiento de delito en flagrancia, dentro de los que también se capturaron líderes comunitarios, activistas por los derechos humanos, sacerdotes y pastores religiosos y al menos 1,080 niños y menores de edad.
El régimen de excepción eliminó las garantías constitucionales de un debido proceso y la defensa jurídica, recrudeció los tratos crueles y degradantes, entre los que se han registrado 22 denuncias de tortura y la muerte de al menos 16 personas privadas de libertad, a quienes se les sometió a castigos físicos y/o no se les suministró los medicamentos prescritos.
V. Constatando que en El Salvador se ha institucionalizado la persecución judicial por motivaciones políticas, gracias a la pérdida absoluta de la independencia judicial y al sometimiento de la autoridad a cargo de la persecución del delito a los designios del Presidente de la República, con lo cual se pretende descabezar y debilitar a la oposición política, imponer el terror y sofocar cualquier gesto de inconformidad entre los ciudadanos.
VI. Teniendo presente que se ha impuesto la discrecionalidad en las acciones del Gobierno, entre ellas la oscuridad total en el manejo y uso de los recursos financieros del Estado, lo mismo que el acoso desde el poder y el espionaje cibernético en contra de opositores y periodistas, algunos de los cuales tuvieron que buscar refugio y protección en países extranjeros.
VII. Expresando su profunda preocupación y condena a la más dramática, masiva y sistemática violación de los derechos humanos desde la firma de los Acuerdos de Paz firmados en el Castillo de Chapultepec en esta Ciudad de México.
RESUELVE:
- Elevar un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en El Salvador al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo mismo que a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con base al texto que se anexa a la presente resolución.
- Solicitar a ambas instancias de protección a los derechos humanos, reconocidos por la comunidad internacional, tomar acciones decididas para proteger y garantizar esos derechos a la población de El Salvador, incluyendo el envío urgente de misiones de verificación o equivalentes, a dicho país, en tanto Estado signatario y Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y de los diversos Pactos, Convenciones y Tratados en materia de Derechos Humanos celebrados en el marco de la Organización de las Naciones Unidas.
Ciudad de México, 2 de junio del año 2022.
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