La irresponsabilidad oficial y la desconfianza de los mercados han llevado al país al precipicio financiero.
Esta vez, Bukele no podrá ocultar el enorme deterioro socioeconómico metiendo ‘terroristas’ a la cárcel
14 de mayo 2022, 7:08 PM
El pasado miércoles, tras las críticas de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, el presidente Nayib Bukele se vanaglorió de que, en los 46 días que hasta entonces llevaba en vigor un estado de excepción en El Salvador, 27.831 “terroristas” habían sido apresados.
Si aceptamos esa categoría, deberemos concluir que durante los casi tres años de su mandato el país ha logrado romper el récord mundial en el índice de terroristas por población, algo indicativo de una crisis de seguridad que su gobierno ha sido incapaz de manejar.
Por supuesto que Bukele no es el responsable de la violencia delictiva, que tiene profundas raíces sociales y económicas, pero sí de no haberla abordado con políticas integrales.
En su lugar, ha optado por una mezcla de transacciones con los líderes pandilleros y represión generalizada, que ahora ha conducido, además, a graves violaciones de los derechos individuales.
A esa crisis se ha añadido otra más temible, y que ya está generando terribles consecuencias socioeconómicas. De no producirse un cambio inmediato en las políticas oficiales, podría provocar un colapso económico y, por consiguiente, mayor pobreza y postración.
En su origen, está una deuda pública sumamente elevada, que durante el mandato de Bukele no ha hecho sino aumentar, impulsada por un gasto irresponsable y creciente.
Hoy equivale al 86% del producto interno bruto (PIB), una cifra inmanejable (la de Costa Rica se acerca al 69% y tiene encendidas todas las luces de alerta).
El equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en El Salvador advirtió, el 23 de febrero, de que “la situación fiscal es insostenible: no deja espacio para la inversión privada y restringe los recursos para el gasto social y en infraestructura, lo cual es un obstáculo para el crecimiento”.
Aunado a lo anterior, impera una incertidumbre mayúscula, exacerbada a partir del 7 de setiembre del pasado año, cuando, sin estudios adecuados y a golpe de tambor, Bukele decidió —y las autoridades monetarias aceptaron— convertir el bitcóin en moneda de curso legal (la otra es el dólar estadounidense).
Fue como jugar a la ruleta con el patrimonio de todos los salvadoreños, porque el bitcóin, más que una verdadera moneda, es un activo financiero altamente especulativo y, por ello, sujeto a constante volatilidad.
El día en que entró a regir en El Salvador se cotizaba a $43.050; poco más de un mes después, llegó a $66.000, aproximadamente, lo que el presidente presentó como una enorme “ganancia” para el país. Sin embargo, la fiesta duró poco, y probablemente nunca volverá: en los últimos días, el precio ha bajado hasta alrededor de $30.000, debido, entre otras cosas, a las crecientes dudas de los mercados sobre las criptomonedas y mayores controles de los bancos centrales del mundo.
No en balde en abril, de la mano de una caída en la calificación de riesgo país por parte de las principales agencias internacionales, como Moody’s y Fitch Ratings, los precios de la deuda soberana salvadoreña cayeron un 15%, al punto que los bonos con vencimientos en el 2032 se cotizaron en apenas el 40% de su valor nominal.
Más aún, la emisión de $1.000 millones en bonos denominados en bitcoines, anunciada hace pocos meses con gran fanfarria por Bukele, resultó ser un completo fracaso porque los inversionistas temen que el país no pueda hacer frente a elevados vencimientos de deuda a principios del próximo año.
El FMI no solo ha advertido de que las instituciones financieras salvadoreñas se ven expuestas a grandes fluctuaciones en el precio de sus criptoactivos, sino que estos “podrían ser la puerta de entrada de fondos ilícitos, financiamiento del terrorismo y evasión de impuestos” a causa del anonimato que proveen.
Esta razón, sumada al irresponsable manejo financiero en general y a la falta de confianza en el presidente y sus dóciles funcionarios, ha hecho que las negociaciones para un programa de apoyo por parte del FMI estén estancadas. Lo mismo ocurre con programas del Banco Mundial.
A diferencia del desafío de las maras, ninguna medida espectacular maquillará esta crisis. Conforme se deterioren más las condiciones de vida y se agoten los recursos fiscales para el clientelismo, la realidad se impondrá sobre los tuits de Bukele y se agudizarán las causas profundas de la violencia.
El saldo será terrible para un pueblo que merece, cuando menos, elemental responsabilidad y transparencia de sus gobernantes.
Fuente: https://www.nacion.com/opinion/
