Pese a la situación de pandemia y económica del país, los gastos en el Ministerio de Defensa para 2022 aumentan casi 17 % y Obras Públicas cae -36 %.
Para la administración de Nayib Bukele, el Ministerio de Defensa de El Salvador continúa siendo la estrella en el crecimiento de las asignaciones de los presupuestos anuales. Esta cartera de Estado tendrá para el año 2022, según el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) presentado recientemente a la Asamblea Legislativa, una asignación de $256.7 millones, lo cual equivale a un crecimiento de 16.7 % ($36.7 millones) comparado al presupuesto votado para 2021.
Si bien se ha planteado que otras carteras como el Ministerio de Educación y el de Salud Pública reciban asignaciones mucho mayores ($1,470 millones y $1,083 millones, respectivamente), estos no muestran un crecimiento anual tan significativo como el de Defensa ya que sería de 9.3 % y 4.4 %.
Además, en el proyecto del PGN para el próximo año destaca que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte experimentaría una baja de -36.4 % (equivalentes a $130 millones).
José Luis Magaña, economista, explica que los presupuestos deben ser el último paso donde se concreta una planificación sobre el rumbo que se desea tener para el país y cuál será el costo de alcanzar dichas metas. «Lo que ha sucedido es que, más allá del discurso o lo que se pueda decir, donde se coloca y mueve el dinero es donde se revelan las prioridades del Gobierno, pero la falta de planificación hace difícil definir si los montos asignados son los adecuados», opina.
Blindaje
A juicio de economistas consultados, resulta difícil comparar las asignaciones presupuestarias de los últimos años por lo que sucedió a partir de 2020 con el tema de la pandemia de covid-19 y la consecuente crisis económica por cómo se modificó la planificación fiscal que se tenía.
Sin embargo, Ricardo Castaneda, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), afirma que el PGN muestra las prioridades cuando los recursos son limitados y básicamente se observa «una prioridad casi blindada» en Defensa por encima de cualquier otra.
Además, esto contrasta con recortes que se han hecho, por ejemplo, en el Ministerio de Medioambiente o programas para la prevención de la violencia de las mujeres, proyectos productivos rurales y programas de pensiones universales a la tercera edad.
Así, en los últimos años se observa que la proporción en la que ha estado creciendo los presupuestos en el área de Seguridad y Defensa ha sido a un ritmo mayor a los que crecieron otras.
Cabe señalar el hecho que el Ministerio de Defensa tuvo en 2020 el incremento en su presupuesto más grande desde los Acuerdos de Paz (1992).
«De hecho, al analizar el Presupuesto General en 2020 por áreas de gestión en términos de gestión, lo que se ejecutó muestra que el peso del área Social cayó, mientras que le peso del área de Seguridad se incrementó, por lo que parecía que el año pasado hubo una crisis de seguridad y no una crisis económica», apunta al respecto Castaneda.
Más personal
En la mayoría de casos, los incrementos en los presupuestos de los ministerios obedecen a más gasto corriente, como la contratación de más personal (pago de salarios) y materiales.
Maritza Linares, analista del Centro de Monitoreo e Incidencia Fiscal (CEMIF), apunta que en los años 2019 a 2020 se veía una leve reducción del PGN de cara a cumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero con la pandemia esto se cambió.
Luego, en los años 2020 a 2021 hubo un incremento en el presupuesto de Educación, impulsado por la implementación del proyecto de computadoras para niños al que se le asignó $219 millones, pero a pocos meses de terminar el año escolar no se sabe cómo va funcionando o sus logros alcanzados.
En cuanto a Salud, hubo más contratación de personal para el tratamiento de la pandemia de covid-19 y eso hizo que se aumentaran las remuneraciones y la construcción del Hospital El Salvador.
En cuanto a los aumentos en los gastos de Seguridad y Defensa, estos se ven impulsado por los bonos trimestrales, más soldados y compra de equipos.
«La inversión pública es la mejor solución para salir de la situación económica del país, obviamente los efectos se verán dentro de cinco o diez años. El problema es que El Salvador es muy vulnerable ante cualquier crisis y se reorienta el dinero a gastos corrientes», manifiesta Linares.
Históricamente todo incremento de los PGN siempre han necesitado financiamiento externo. Hay que tomar en cuenta que más del 80 % de los ingresos del Estado provienen de los impuestos y otras contribuciones.
La carga tributaria salvadoreña ha rondado el 18 %, aunque organismos como Oxfam y CEPAL han sugerido que el mínimo debería rondar el 20 % para lograr avances en inversión. Eso hace que, año con año, el Gobierno tenga que endeudarse para funcionar.
El financiamiento de 2021 que rondó los $1,412 millones (el más elevado en los últimos años) y en su mayoría préstamos con organismos internacionales y emisión de títulos valores.
Aunque se desconocen detalles todavía, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya ha dicho que para el presupuesto de 2022 hay una brecha fiscal de casi $500 millones por cubrir.
Los economistas consultados advierten que desde 2012, la principal fuente para cerrar las brechas ha sido la colocación de bonos con un alta tasa de interés. Esto ha provocado que el peso del servicio de la deuda pública sea este año incluso mayor que el presupuesto de Salud, lo cual, en el marco de una pandemia, habla de una situación financiera complicada.
Fuente: Prensa gráfica
Fuente: www.resumenlatinoamericano.org/2
