1. Las exportaciones de bienes, que representan el 22% del PIB, cayeron -2.1% en enero de este año con respecto a enero de 2020. Las exportaciones agropecuarias disminuyeron -21.5% y las industriales -4.4%.
2. La inversión sigue deprimida, pues la importación de maquinarias y equipos disminuyó en el mes de enero, con respecto a enero de 2020:
-18% en la industria, -24% en construcción, -13% en servicios y -6% en transporte. Eso significa que las empresas no amplían ni renuevan sus plantas productivas. La importación de materias primas, también vinculada a la inversión, cayó -0.7%.
3. El poder adquisitivo de la población ha sido golpeado por el alza de 13% en los cilindros de gas de 10, 20, 25 y 35 libras y por el encarecimiento de los combustibles: 9.4% la gasolina súper, 10.4% la regular y 7.3% el diésel. Todo ello en un marco de congelamiento salarial y de pérdida de miles de empleos.
4. Los sectores que ahorran y reciben préstamos están siendo afectados, pues entre diciembre y enero los bancos disminuyeron entre 0.3 y 0.25 puntos porcentuales los intereses que pagan por los ahorros y aumentaron de 11.34% a 14.32% el interés que cobran por los préstamos personales de un año.
5. Los costos de las empresas están aumentando, pues los combustibles se encarecieron y los bancos les subieron los intereses de los préstamos menores de un año (de 6.37% a 6.46%) y mayores de un año (de 7.20% a 8.19%).
6. La situación económica empeora porque el Gobierno no fomenta la producción nacional sino la importación de alimentos, que aumentó 4.6% en enero, y porque al retener los recursos del FODES afecta a las economías locales, pues las alcaldías tienen 3,000 obras paradas y deuda con empresas proveedoras.
7. A pesar de que las remesas aumentaron US$91 millones en enero y de que la pensión mínima subió en US$97 gracias a la Asamblea Legislativa, este año podría ser peor que el anterior, sobre todo si el Gobierno aplica las medidas que está fraguando, como el aumento del IVA, el recorte de subsidios, entre otras.
8. La política económica y social del Gobierno, que afecta a los hogares de menos ingresos y beneficia principalmente al clan empresarial de la familia Bukele, ha generado un rechazo progresivo de muchos sectores populares, gremiales, profesionales y académicos.
