1. Desde el 1 de junio de 2019, más de 8,000 personas han sido despedidas de forma arbitraria e ilegal en varias instancias del Estado, y en este año 2020, 100,000 personas han perdido su empleo en diferentes sectores productivos, por la crisis económica y la mala gestión gubernamental de la pandemia.
2. Los despidos arbitrarios, ya sea obligando a las personas a renunciar o eliminando plazas sin el debido proceso de evaluación técnica y financiera, son parte de una práctica violatoria del derecho al trabajo por parte del actual Gobierno, que se caracteriza por irrespetar las leyes del país.
3. Criminalizar el derecho al trabajo en instancias públicas y no investigar irregularidades en la finalización de contratos y establecimiento de nuevas contrataciones sin prestaciones sociales en el sector privado, bajo la excusa de la afectación económica por COVID-19, violenta la dignidad humana, desmejora condiciones de vida y profundiza pobreza, marginación y exclusión social, además de violar derechos fundamentales consagrados en los artículos 1 al 3 de la Constitución.
4. Resolver con celeridad procesal razonable el caso de despido ilegal del ex– presidente del BCR es correcto y celebramos la resolución; sin embargo, consideramos que ha habido desdén y lentitud con miles de personas que esperan, muchas por más de un año, la resolución a sus solicitudes de amparo y denuncias por abusos y violaciones de sus derechos por parte del Gobierno, manda un mensaje poco alentador sobre el accionar del Órgano Judicial en la aplicación de pronta y cumplida justicia para todas las personas por igual.
5. Respaldamos la justa lucha de quienes integran el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), en su exigencia de justicia laboral para todas las personas que han presentado demandas en diferentes instancias del Órgano Judicial y del Ministerio Público, desde hace más de un año.
6. Nos sumamos al llamado a organismos nacionales e internacionales vinculados a la vigilancia y garantía de derechos humanos, a mantenerse atentos ante las sistemáticas vulneraciones que enfrentan trabajadoras y trabajadores tanto del sector público como privado, instando al Gobierno de El Salvador a respetar la normativa nacional, los tratados y los compromisos internacionales en materia laboral.
San Salvador, 17 de diciembre de 2020
