El 21 de septiembre de 2020, cuando el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera intentó entrar a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para realizar inspección judicial, el coronel Carlos Vanegas, quien se identificó como director jurídico del Ministerio de Defensa, le impidió realizar dicha diligencia probatoria.
Ante tal acontecimiento, Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES), expresa lo siguiente:
1. La resolución que pronunció el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera es de obligatorio cumplimiento y todo funcionario civil o militar que incumpla dicha providencia judicial debe ser enjuiciado por la posible comisión de los delitos de: desobediencia, actos arbitrarios, coacción, incumplimiento de deberes, entre otros posibles ilícitos.
2. La obediencia debida, también conocida como obediencia jerárquica, no puede ser alegada como eximente de responsabilidad penal, porque el Código Penal vigente no contempla dicha figura jurídica, que sí estaba contemplada en el código penal que estuvo vigente de 1974 a 1998. Por tal razón, todo funcionario civil y militar que cometa un delito siguiendo órdenes debe ser juzgado junto con sus superiores.
3. El artículo 235 de la norma fundamental es claro: los funcionarios civiles y militares deben obediencia a la Constitución, no a sus jefes, por lo tanto están obligados a desobedecer cualquier orden contraria al ordenamiento jurídico que pueda haberle dado un superior. De lo contrario, deben pagar por sus actos, junto con sus superiores.
4. Por todo lo anterior, el Juez debe certificar a la Fiscalía General de la República dando aviso de que el coronel Vanegas le impidió inspeccionar los archivos del “Conjunto 1 Personal”, en el Archivo General de la Fuerza Armada.
5. El presidente de la república, Nayib Bukele, y el ministro de defensa, saben que las acciones cometidas por el coronel Vanegas son violatorias de la Constitución. Por lo tanto, deben remover a dicho coronel de su cargo. De no hacerlo, la ciudadanía tendría sobradas razones para asumir que le dieron la orden al coronel, lo cual los convertiría en responsables intelectuales del presunto delito perpetrado por su subordinado.
San Salvador, 28 de septiembre de 2020
