En su primer día de trabajo como ministra de desarrollo local, María Ofelia
Navarrete, conocida como María Chichilco, informó vía twitter sobre la necesidadde construir un puente sobre el río Torola, en Morazán, para resolver el riesgo enfrentado por unos 3,000 habitantes de los cantones El Rosario y Chiquire, en los municipios de San Isidro y Torola, quienes cruzaban el río por medio de una garrucha que se deslizaba por un cable colocado sobre el río.
El 5 de junio, también vía twitter, el presidente de la república, Nayib Bukele, anunció que en 72 horas se iniciaría la obra (8 de junio) y en un plazo de 45 días (23 de julio) estaría concluida. El presidente Bukele indicó que la obra había sido encargada al ministro de obras públicas, Romeo Rodríguez, quien aseguró que al día siguiente trasladarían maquinaria al lugar de la obra.
Esos anuncios levantaron expectativas en la población de los cantones
beneficiarios de Morazán y en buena parte de la ciudadanía que atestiguaba la primera decisión efectiva del Gobierno en la solución de problemas de la población; sin embargo, el entusiasmo duró poco y empezaron los cuestionamientos y señalamientos de mentiras, manipulación y despilfarro por parte del Gobierno.
Primera mentira: La obra no inició en 72 horas. Fue hasta el 14 de junio de 2019 que el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) contrató a la empresa Rodio SwissBoring El Salvador” para que realizara un sondeo de
exploración geotécnica por un monto de US$8,288.55. La empresa tendría diez días para hacer la obra. El 27 de junio, el MOP trasladó al río Torola un puente tipo Bailey de 81 mts y anunció el inicio de la obra para el mes de julio.
El 20 de junio, ante una petición ciudadana girada al MOPT, la Oficina de
Información y Respuesta (OIR) dijo que no contaba con los costos de la obra porque estaba finalizando el diseño. También señaló que el tiempo para hacer los planos dependía de los estudios hidrológicos e hidráulicos y que el proyecto y el diseño serían realizados por la modalidad de administración, según Resolución 131-2019.
Segunda mentira: La obra tampoco sería entregada en 45 días, pues su inicio se había retrasado mucho. Para el 31 de julio de 2019 aún no iniciaba. En el portal de transparencia del MOPT figuraba el siguiente detalle:
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MODULAR METÁLICO, SOBRE RIO TOROLA,
LIMITE SAN ISIDRO-TOROLA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, publicado el
30 de julio, se indicaba que la obra iniciaría el 10 de junio de 2019 y que su costo sería de $270,648.81 para un tiempo de ejecución de un mes, bajo la
responsabilidad del Ing. Manolo Antonio López, de la Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública del MOPT.
Tercera mentira: El diseño y construcción no se hizo por la modalidad de
administración, como se prometió. El 31 de julio de 2019 el ministro Rodríguez “RESUELVE” autorizar la contratación directa para la construcción del pte por un monto de US$650,000.00. El 18 de septiembre se emite ORDEN DE INICIO a la Empresa CONTRASTES S.A. de C.V., en relación al contrato N° 77/2019 Contratación Directa CD 003/2019 firmado el 2 de septiembre 2019, con un plazo de 90 días calendario contabilizados del 19 de septiembre al 17 de diciembre.
El 17 de septiembre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MARN) emitió resolución indicando que la construcción del puente sobre el río Torola no requería un estudio de impacto ambiental, dado el análisis técnico presentado por el MOPT que decía: “De acuerdo al Estudio Hidrológico e Hidráulico presentado por el Titular la sección hidráulica de puente cumple con la capacidad para que pueda transitar el caudal calculado para un tiempo de retorno de 100 años y posee el gálibo libre necesario por cualquier arrastre de árboles que se podría dar en el rio.”(Sic)
Después de 163 días de retraso el puente fue inaugurado el 30 de diciembre como la primera obra que se puede adjudicar a la administración Bukele, y se decide identificarlo con el nombre de Puente María Chichilco. Fue hasta la inauguración de la obra que se conoció su costo total, a pesar de las múltiples solicitudes de información de la ciudadanía sobre costo, planos, procesos de licitación y empresas ganadoras; este puente se vuelve otro claro ejemplo del retroceso del derecho ciudadano a la información pública y evidencia que los actuales funcionarios del Gobierno no tienen compromiso con la transparencia.
Cuarta mentira: La obra costó mucho más de lo que se prometió, pues pasó e $270,648.81 cuando sería ejecutado por administración a US$1,220,823.90 por contratación directa, tal como fue publicado en el portal de transparencia del MOPT el 3 de diciembre de 2019. El aumento fue de 244% y revela la inoperancia, improvisación y despilfarro de los fondos públicos y el incumplimiento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Quinta mentira: En el acto de inauguración el ministro Rodríguez aseguró que el puente “María Chichilco” duraría cien años. Seis meses después de su publicitada inauguración las lluvias del mes de julio de 2020 dañaron el pavimentado del puente, que ya presentaba algunas grietas, algunas de las cuales se transformaron en un agujero, según los pobladores por la maquinaria pesada que llevó el MOPT.
La población señaló que no bastaba con reparar el agujero con cemento y
madera, sino que era necesario construir un muro de retención para evitar que el deslave de las lluvias siguiera dañando el puente. Para el mes de agosto, con apenas ocho meses de vida útil, el puente presenta daños estructurales en uno de los accesos, provocados por la crecida del río a raíz de las lluvias de las últimas semanas, ocasionando una cárcava de aproximadamente tres metros de ancho por tres de largo, poniendo en riesgo a quienes lo utilizan.
Los daños estructurales evidencian varias cosas: el mal diseño y/o la mala calidad de materiales utilizados, procesos constructivos viciados, corrupción en la compra y utilización de materiales, mala supervisión, entre otras. Es urgente buscar una solución a los daños presentados por el puente, dado que se espera lo más duro de la época lluviosa que puede profundizar los daños, pues en la medida que incrementa el caudal del río es más complejo hacer reparaciones que garanticen el buen funcionamiento del puente y la seguridad de sus usuarios.
La responsabilidad de esta costosa y mala obra no solo recae en el MOPT, sino en el MARN, que no exigió estudio de impacto ambiental, ni siquiera cuando el MOPT cambió el diseño de la obra. Fue el 22 de enero de 2020, o sea, después que la obra había sido inaugurada, cuando el MARN resuelve que, de acuerdo al informe técnico de modificación del proyecto, se requería un estudio de impacto ambiental.
Ni el ministro de obras públicas, ni la empresa responsable de la construcción siguieron los procedimientos para obtener los permisos ambientales requeridos.
El 26 de febrero del 2020, el MARN le notificó a Carlos de Jesús Serrano Montalvo, representante de la empresa CONTRASTES, que en relación al proyecto: “Plantel Provisional para el Proyecto: Construcción de Puente en Camino Municipal sobre río Torola, cantones El Rosario y Ciquirí, municipios de San Isidro y Torola, departamento de Morazán”, no se requiere de la elaboración de un estudio de impacto ambiental. Nunca se dio a conocer el de la empresa vinculada a la obra, públicamente se decía que el puente era construido directamente por el MOPT.
Debido a todas las irregularidades en la construcción del puente, que muestran la incapacidad del Gobierno y posibles indicios de corrupción, tomando en cuenta los daños visibles, la Corte de Cuentas de la República debe realizar una auditoría y hacer de conocimiento público los hallazgos. La ciudadanía en general, y sobre todo la población de los cantones El Rosario y Chiquire, debe exigir que se aclaren los amaños que existieron y que se hagan reparaciones efectivas y duraderas.
San Salvador, 4 de septiembre de 2020
Escrito PROES
