Desde el inicio de la Emergencia por el COVID-19, el presidente Nayib Bukele planteó un falso dilema entre proteger la economía nacional o la salud de la población. Cinco meses después, la economía y la salud se deterioran al mismo tiempo, afectando las condiciones de la vida de miles de personas. Al respecto, Profesionales por la Transformación de El Salvador expresa lo siguiente:
1. El dilema planteado por el presidente es irreal, pues la salud implica pleno bienestar físico, social y mental de las personas, es decir: tener empleo digno, vigencia plena de derechos laborales y humanos, consumir bienes y servicios básicos y de calidad, vivir en un entorno seguro, tener acceso a vivienda, a espacios culturales y recreativos, entre otras cosas. Si la economía se derrumba, hay más desempleo y pobreza, la salud física, emocional y mental se deteriora y aumenta la vulnerabilidad de las familias.
2. El cierre excesivo y prolongado de la economía ha provocado más daño en la producción y el empleo. Al inicio de la Emergencia, el Banco Central de Reserva (BCR) vaticinó una caída del PIB de alrededor de -3%. Hoy el BCR reconoce que el descenso será de -8.5%, el mayor de los países de Centroamérica.
3. Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), titulado “Los efectos del COVID-19 sobre el comercio internacional y la logística”, muestra que entre enero y mayo, el único país de Centroamérica que redujo las exportaciones fue El Salvador (-24%). Nicaragua las aumentó 14%, Guatemala 4%, Costa Rica 2% y Honduras 2%. La CEPAL también señala que la “crisis por COVID-19 profundiza los nudos estructurales de la desigualdad de género y limita la autonomía de las mujeres”.
4. Otros países de Centroamérica tienen un menor daño económico porque el cierre de sus economías es menos drástico. Además, Nicaragua y Costa Rica solo reportan 123 y 218 fallecimientos por el COVID-19, respectivamente, mientras El Salvador reporta oficialmente 536.
5. En declaraciones públicas, el día siete de agosto, la directora de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Silvia Cuéllar, aseguró que en el sector exportador se han perdido 65,000 empleos, en su mayoría formales.
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6. Las cifras de cotización del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) revelan que entre enero y mayo de este año han dejado de cotizar 61,670 personas que han perdido su empleo por la prolongación de las medidas de confinamiento y la falta de una apertura económica planificada.
7. Los ingresos familiares se reducen, la canasta básica se encarece (6% en el área urbana y 5% en el área rural, entre febrero y junio), las condiciones de vida de los grupos más vulnerables se deterioran y 1.5 millones de personas podrían caer en la pobreza, la mayoría de ellas mujeres autónomas con responsabilidades familiares. Es indudable que la crisis generada por la pandemia y por la contracción de la economía mundial inciden en esos malos indicadores, pero también el cierre excesivo de la economía nacional.
8. Contrario a lo que prometió el Gobierno, cuando decía que no debíamos repetir errores de otros países, la parálisis económica no ha servido para frenar la crisis sanitaria. Los casos de contagios por COVID-19 aumentaron 17.5% en la última semana, de 16,632 el 31 de julio a 19,544 el 7 de agosto. Los casos activos aumentaron 23%, de 7,822 a 9,616, y los fallecimientos aumentaron 20%.
9. La situación de salud tiende a empeorar, pues para la primera semana de julio se recuperaban el 60% de las personas infectadas y en la primera semana de agosto solo se recuperaron el 49%. Esos datos muestran un claro deterioro de la atención hospitalaria, mientras el ministro de salud desperdicia cerca de US$18,000 en gastos superfluos para acomodar su despacho ministerial, según denuncias de la ciudadanía y de los medios de comunicación.
10. El presidente Bukele, al tiempo que rechaza las sugerencias de la academia y del personal sanitario y personas expertas en materia económica, utiliza cientos de millones de dólares del Gobierno para financiar importaciones, favorecer a su grupo económico mediante las compras públicas, aumentar el gasto de defensa y de publicidad, para levantar la imagen de quienes integran el gabinete, y priorizar la inversión en el hospital del CIFCO. También viola el marco legal para mantener un conflicto con otros Órganos del Estado, victimizarse y acusar a la oposición de la crisis nacional con fines exclusivamente electorales.
San Salvador, 8 de agosto de 2020
