Sobre el préstamo de US$250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado por la derecha legislativa el domingo pasado (decreto 703), Profesionales por la Transformación de El Salvador expresa lo siguiente:
1. En la distribución de los recursos (70% para el Órgano Ejecutivo y 30% para los gobiernos municipales) no se detallan los rubros específicos a financiar, lo que abre la posibilidad de un uso discrecional de los fondos.
2. Es necesario que a las alcaldías se les transfieran cuanto antes los US$75 millones del préstamo, pues ese dinero es para la Emergencia y los gobiernos municipales tienen limitaciones de recursos para atender las necesidades sanitarias, económicas y sociales de su población, afectada por la pandemia y la mala gestión del Gobierno Central. Algunas alcaldías han señalado incluso que hay retrasos en la transferencia del FODES.
3. No se tienen detalles de las inversiones por US$175 millones que haría el Órgano Ejecutivo, pues el decreto 703 solo establece los rubros generales a financiar: US$55 millones de contrapartida para el FOMILENIO, US$40 millones para productores agrícolas, US$30 millones para el Hospital instalado en CIFCO, US$20 millones para el Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), US$18 millones de reintegro a Hacienda por gastos durante la Emergencia y US$12 millones para veteranos y excombatientes.
4. La asignación para salud es insuficiente y mal enfocada, pues solo representa el 17% del fondo que administrará el Ejecutivo y se destinará únicamente a un hospital en construcción. No se orientan recursos para los otros 30 hospitales nacionales, para las cientos de unidades de salud, para comprar oxígeno ni para dotar de equipos e insumos médicos al personal de primera línea de atención. Tampoco para pagar el bono de US$150, para medicamentos ni para reforzar el primer nivel de atención, donde se deben contener los casos leves y moderados para evitar la hospitalización y el colapso del sistema de salud.
5. La inversión en salud no es concordante con la agudización de la crisis hospitalaria. Para el 24 de julio, el Gobierno reconocía 13,792 personas infectadas por el COVID-19 y 370 fallecidas. Diez días después reconoce 17,843 casos de infecciones y 477 fallecimientos. En ambos casos el aumento es de 29%. El 20% de las personas fallecidas es personal de salud, el mayor porcentaje de todos los países del mundo.
6. Los US$12 millones destinados a veteranos y excombatientes no cubren los tres meses de retraso en las pensiones. Es inconcebible que mientras el Gobierno gasta millones en publicidad, no les garantice los US$100 mensuales a más de 77,000 veteranos de guerra, como si no tuvieran necesidades de servicios, vivienda y vestuario. También está pendiente el pago de becas de estudios a sus hijos e hijas.
7. En la partida asignada para el agro (US$ 40 millones) tampoco se especifican los rubros a financiar. La sostenibilidad de las familias dedicadas a la producción nacional está siendo afectada por el aumento de las importaciones de granos básicos y otros rubros agropecuarios, en un marco de cuestionamientos al ministro de agricultura y ganadería por el manejo poco transparente de cuantiosos recursos públicos. Los montos para el FOMILENIO y FOPROMID no son prioritarios en la Emergencia, que demanda recursos sobre todo para el área de salud y la recuperación de las empresas.
8. Pese a los indicios de corrupción en varias instituciones, como los ministerios de Salud, Agricultura y Hacienda, el Gobierno nuevamente pretende utilizar los millonarios fondos aprobados sin ningún tipo de control, negándose a transparentar el destino real de los empréstitos y premiando a los funcionarios señalados por presuntos actos de corrupción.
9. PROES considera que la Asamblea Legislativa debe exigir el detalle de las inversiones del préstamo y establecer mecanismos de control que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y el uso adecuado de los recursos, que pagaremos con nuestros impuestos en muchos años
10. La Corte de Cuentas y el Fiscal General deben responder con mayor agilidad; la Corte debe aplicar auditorías concurrentes para detectar a tiempo cualquier ilegalidad, mientras que el Fiscal debe investigar cualquier acto irregular, para que toda conducta ilícita cometida por funcionarios del Gobierno de Bukele no quede impune.
San Salvador, 3 de agosto de 2020
por PROES
Fuente Profesinales por la Transformación de El Salvador
