Desde que inició su mandato, el presidente Nayib Bukele dijo que para aumentar la inversión privada se debe recortar el tiempo que tarda el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en otorgar los permisos ambientales. Según el presidente, el MARN tardaba hasta 7 años y hay que reducir ese plazo a meses. Eso significa que la protección del medio ambiente no debe obstaculizar el interés privado.
En concordancia con lo dicho por el presidente, el Gobierno aprobó un Presupuesto para el año 2020 con una disminución de US$3.8 millones al MARN. Una de las unidades con recortes es la de evaluación y cumplimiento ambiental, que se ocupa de los permisos ambientales.
No había pasado mucho tiempo del discurso presidencial donde se incentivaba a los empresarios, cuando la empresa Urbánica, de la familia Dueñas, reinició las obras de construcción del proyecto residencial Ciudad Valle El Ángel, de los municipios de Apopa y Nejapa, que contempla construir aproximadamente 8,000 viviendas, oficinas y centros comerciales.
Este proyecto, declarado inviable en 2009 por afectar de forma irreversible la subcuenca del río Tomayate, se reactivó y ha puesto en peligro el abastecimiento de agua para la población de ese sector y de toda el Área Metropolitana de San Salvador, por la extracción de madera talada y las obras de descapote y terracería que aumentan la impermeabilización del suelo. Muchas comunidades han rechazado el proyecto, pero el Gobierno no toma en cuenta las denuncias de comunidades y pobladores afectados.
Sumado a lo anterior, la empresa Sensunapán S.A. de C.V, impulsa de nuevo el proyecto hidroeléctrico nombrado “Pequeña Central Hidroeléctrica Nahuizalco II”. El MARN autorizó una consulta pública del 22 de junio al 2 de julio, en medio de la Emergencia Nacional por la pandemia, pero las comunidades le informaron a la jueza ambiental de Santa Ana que no pueden participar debido al confinamiento en que se encuentran las familias; sin embargo, la consulta está en marcha con la colaboración de la Alcaldía Municipal de Nahuizalco.
El Ministerio de Cultura revalidó, el 25 de julio de 2019, una factibilidad dada en 2006 para la construcción de la Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II, dando luz verde a la empresa Sensunapán para que avance con la represa, sin tomar en cuenta la existencia de 10 sitios sagrados y de memoria de los pueblos indígenas que serían afectados.
En 2014, esos pueblos le dijeron NO a la consulta realizada sobre el mismo proyecto, por lo que el MARN negó los permisos al emitir la RESOLUCIÓN 7978- 237-214, basado en la Ley de Medio Ambiente, por no haber estudios del impacto ambiental, sobre todo en las comunidades, indígenas de los cantones Sisimitepet y Pushtan, de Nahuizalco; Loma del Muerto, de Sonsonate; y El Almendro, de Sonzacate, todos del departamento de Sonsonate. La resolución también mandata a realizar un estudio para conocer la capacidad de la cuenca hídrica del río y el impacto ambiental de un río altamente explotado.
En este contexto, y en apenas un año del actual Gobierno, se ha hecho evidente que las autoridades públicas conciben el desarrollo como el mero incremento de la inversión y las ganancias privadas, aunque sea en detrimento de las mayorías y en beneficio de un grupo reducido empresarial. El Gobierno ni siquiera respeta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los Estados a cumplir con los procedimientos de consulta libre, previa e informada como derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
PROES respalda a las comunidades de Apopa y Nejapa que rechazan el proyecto Ciudad Valle El Ángel, por su impacto negativo en el medio ambiente y en la disponibilidad de agua en particular. También respalda a las comunidades de Sonsonate que rechazan la Central hidroeléctrica Nahuizalco II, porque pone en riesgo la principal fuente de agua de las comunidades indígenas y por la afectación que tendría en su cultura y la memoria histórica de nuestro país.
El Salvador necesita más inversión y empleo, pero no a costa del medio ambiente, del atropello a la vida, al legado cultural y al derecho de las comunidades a decidir lo que más le conviene a su hábitat y a su entorno en general.
San Salvador, 30 de junio de 2020
