El señor José Alejando Aguilar fue separado de la presidencia del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), por ser dueño de una empresa que le vendió al Estado caretas protectoras contra el COVID-19. Ese hecho muestra los niveles a que podría estar llegando la corrupción en el Gobierno. Sobre este tema, Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) hace las siguientes valoraciones:
1. La decisión del presidente Nayib Bukele, de destituir por presunta corrupción a un funcionario nombrado por él, demuestra que la denuncia ciudadana sobre el mal manejo de los fondos públicos tiene sustento fáctico.
2. El presidente podría utilizar ese hecho para decir que él no transige con la corrupción, sobre todo en un momento en que la economía se derrumba, los problemas sociales se agravan y el Gobierno se muestra incapaz de enfrentar la pandemia, por estas razones es cuestionado por muchos sectores sociales, religiosos y académicos. Pero más allá del móvil del presidente, lo cierto es que las denuncias sobre la corrupción en su Gobierno aumentan cada día.
3. La compra realizada por el Ministerio de Salud, de 400,000 protectores faciales reciclados, fue por US$1 millón y a dos empresas que al parecer dieron un precio sobrevalorado en 121%, pues se pagó US$2.5 por cada protector cotizado originalmente en US$1.13.
4. Estos hechos recientes se suman a muchos otros donde hay fuertes
indicios de corrupción. Veamos solo algunos:
a) Viaje al exterior del director de centros penales, Osiris Luna, en un jet
privado y pagado con fondos desconocidos.
b) Sobrevaloración del hospital que se construye en CIFCO, cuyo valor
inicial se estimó en US$70 y ahora se estima en US$100 millones.
c) Contratación de empresa para anexo del hospital CIFCO con un posible
sobreprecio de US$1.1 millones.
d) Negativa del presidente Bukele a entregar el informe sobre la transferencia de US$300 a familias afectadas por la emergencia. La Corte de Cuentas cuestiona el destino de US$30 millones.
e) Negativa del presidente Bukele a permitir el funcionamiento del Comité encargado de administrar el presupuesto extraordinario de los US$2,000 millones de deuda aprobados por la Asamblea Legislativa. Tampoco se ha elaborado dicho presupuesto.
f) Rechazo del presidente a cumplir la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública, que ordena desclasificar la estructura orgánica y los gastos de funcionamiento del Organismo de Inteligencia del Estado.
g) Plazas con salarios de lujo de funcionarios gubernamentales que
supuestamente trabajaban ad honorem.
h) Excesivo interés del presidente Bukele de prolongar la emergencia para
realizar las compras gubernamentales sin ninguna restricción.
i) Indicios de participación del partido Nuevas Ideas en el manejo de los
paquetes agrícolas y los paquetes de alimentos familiares.
j) Compra de faciales reciclados por US$750,000 a la empresa SYGM Asesores, una sociedad mercantil con apenas seis meses de haber sido creada y de la cual no se ha podido corroborar existencia física en la dirección que figura en el Centro Nacional de Registros. Además, la compra parece que fue sobrevalorada en 121%.
5. Estos y otros casos confirman la necesidad de un Plan de Gobierno para la emergencia; la activación de un comité que administre y fiscalice las compras y actuaciones; el acceso a la información por parte de la ciudadanía y la rendición de cuentas del Gobierno.
6. A un año y tres semanas de su Gobierno, el presidente Bukele ha sido reacio a rendir cuentas, por lo que exigimos que los funcionarios del Gobierno se ajusten al marco legal y transparenten su gestión.
7. La Fiscalía y la Corte de Cuentas de la República tienen que investigar de oficio las irregularidades que hemos mencionado, ya que podrían constituir actos de corrupción.
8. Le hacemos un llamado a la población a exigir que el Gobierno rinda cuentas sobre sus actos y sobre el manejo de los fondos públicos, pues se trata de recursos que el pueblo aporta cuando paga los tributos.
San Salvador, 21 de junio de 2020
