Ante la crisis económica que afecta al país, Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) hace las siguientes consideraciones:
1. La actividad productiva muestra una fuerte caída. La Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN) estima que este año el PIB podría caer en -7.2% y en el corto plazo se podrían perder 240,800 empleos formales. Todos los sectores tendrán descensos, principalmente el comercio, hoteles, restaurantes, transporte e industria.
2. Para los meses de enero a mayo, la importación de bienes de capital, una variable importante de inversión, disminuyó -14%, con respecto al mismo período del año pasado. También se registró una baja de -22.5% en la importación de bienes intermedios para los sectores productivos.
3. Entre enero y mayo, la exportación de bienes cayó -23.6% y las remesas bajaron -11.6%. La entrada de divisas por esas variables podría disminuir en US$3,000 millones en el año. Y como también caerá la inversión extranjera, solo un fuerte endeudamiento podría evitar una crisis financiera, pero a costa de comprometer muchos recursos del presupuesto para el pago de deuda.
4. Los mayores daños por la crisis recaen en 798,000 personas que trabajan por cuenta propia (53% mujeres), 855,000 personas que laboran en micro y pequeñas empresas, como dueñas o empleadas (60% mujeres), 500,000 familias campesinas (donde las mujeres representan el 53%), 240,800 personas que pierdan el empleo y 125,000 personas adultas mayores en condición de pobreza, que son más vulnerables al COVID-19 y a la pérdida de ingresos provocada por la crisis. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que 600,000 caerán en la pobreza.
5. La crisis era previsible, por la caída de la demanda interna (consumo e inversión) y por factores externos que afectan las exportaciones y las remesas. Sin embargo, la problemática es mayor debido a los errores del Gobierno, que prolongó excesivamente el cierre de la economía, tiene inmovilizados alrededor de US$1,000 millones que obtuvo de deuda de corto plazo y de préstamos, no es transparente en el uso de los fondos y mantiene una confrontación con otros órganos del Estado, lo que deteriora la imagen y aumenta el riesgo país ante los organismos internacionales, con impactos negativos en la colocación de préstamos y la venta de bonos.
6. Las principales medidas adoptadas por el Gobierno son el subsidio de US$300 y las canastas de alimentos a familias afectadas por la emergencia, el aplazamiento del pago de algunos servicios y de la renta a personas y empresas turísticas, la eliminación del derecho de importaciones de bienes de consumo y medicinas, el endeudamiento público y la inyección de más de US$800 millones del BCR a los bancos comerciales, tras la reducción de la reserva de liquidez.
7. Esas medidas son insuficientes para reactivar la economía y resolver los problemas de los sectores más afectados. Incluso, la transferencia de US$300 a las familias solo fue por un mes y hay dudas sobre la cantidad entregada, pues la Corte de Cuentas cuestiona la entrega de US$30 millones.
8. El Gobierno sigue diciendo que no tiene fondos por culpa de la Asamblea, pese a que ese Órgano ha aprobado toda la deuda solicitada por el Ejecutivo. Además, la baja de los ingresos fiscales se compensa con la baja de gastos, de manera que los recursos de deuda dan liquidez para reactivar la inversión pública y apoyar a los sectores más vulnerables.
9. El Gobierno solo está acordando acciones con los gremios empresariales vinculados a la ANEP, como la Cámara de Comercio, COEXPORT y otros. El sector informal, donde trabaja más del 60% de la población del país, y que es el más afectado por la crisis, no entra en los planes de reactivación del Gobierno. Si el financiamiento se limita a las empresas formales, la economía no se recuperará y la pobreza seguirá creciendo.
10. PROES considera urgente que el Gobierno emprenda, por lo menos, las siguientes acciones:
a) Cumplir con el decreto 608 que fue sancionado por el presidente Nayib Bukele y publicado en el Diario Oficial, el cual faculta al Ejecutivo a endeudarse por US$2,000 millones y le obliga a crear un Comité que diseñe y administre un presupuesto extraordinario para la inversión de esos recursos.
b) Presentar el plan de apoyo a los sectores definidos en el mencionado decreto: el agro, las MIPYMES, las empresas paradas (pago de planillas) y las familias afectadas por la emergencia.
c) Agilizar la búsqueda de los fondos de deuda aprobados por la Asamblea Legislativa (están pendientes de alrededor de US$2,600 millones) y rendir cuenta sobre los recursos utilizados.
20 de junio de 2020
Escrito por PROESSV Profesionales por la transformación en El Salvador
movimientoproes@gmail.com
