La seguridad pública en el país es fundamental para el desarrollo de las actividades sociales, económicas, culturales, educativas y políticas. Sobre el tratamiento a este tema en el marco de la pandemia por el covid-19, Profesionales por la Transformación de El Salvador hace las siguientes consideraciones:
1. Constituye un atentado al estado de derecho y una violación del mandato legal de la PNC y la FAES, otorgarles a ambas instituciones las funciones de detener personas por violar la cuarentena domiciliar (más de 7,000 a esta fecha), custodiar los centros de contención donde los detenidos son trasladados e infundir miedo a la población que se desplaza para cumplir compromisos laborales o personales.
2. En apariencia, todo el problema de criminalidad desaparece por la emergencia sanitaria. Pero esa es una falsa percepción, como se evidenció durante los días 24, 25, 26 y 27 de abril del presente año, cuando ocurrieron 23, 13, 24 y 14 homicidios respectivamente, lo cual demuestra el fracaso del Plan Control Territorial. También las escenas en que supuestos pandilleros golpean a ciudadanos por desobedecer la cuarentena y reparten víveres en barrios pobres de San Salvador.
3. Generan dudas las acusaciones del presidente Nayib Bukele y del director de centros penales, en el sentido de que la orden de esos asesinatos salió de algún centro penal, ¿cómo queda el control en los centros penales que menciona el Gobierno?
4. Abundan las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza de parte de los encargados de la seguridad, tanto en la vía pública como en las viviendas y los centros de contención. Los policías y soldados reciben órdenes del presidente de maltratar a las personas que violan la cuarentena. También los incita a actuar con violencia el ofrecimiento de asistencia jurídica desde Casa Presidencial ante las denuncias ciudadanas.
5. La autorización presidencial de hacer uso de la fuerza letal es contradictoria, dado que los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales ya facultan dicha letalidad, si están en peligro el policía o terceras personas.
6. El uso de la fuerza letal ha conmocionado a la ciudadanía. El viernes 10 de abril, un joven fue herido de bala en sus dos piernas en el municipio de San Julián; el 6 de mayo murió un joven en la delegación policial de Zacatecoluca, las autoridades le informaron a la familia que la muerte se debió al COVID- 19 y le entregaron el féretro cerrado con indicaciones de no abrirlo, la familia lo abrió y encontró al joven esposado y con claras señales de tortura; el 10 de mayo una joven fue asesinada por presuntos nexos con pandillas. La policía de San Julián está implicada en el hecho.
7. El encierro prolongado hace que la población padezca múltiples necesidades, que se generen reclamos, denuncia, protestas masivas y otras acciones de descontento por la violación de derechos; el control social podría convertirse en un ensayo para la represión indiscriminada, contribuyendo al retroceso general que ya se experimenta con las diversas decisiones, actitudes y comportamientos del presidente y sus principales funcionarios.
8. La prolongada cuarentena también afecta a la policía y los militares, por la fatiga y el estrés generados por casi 90 días de trabajo continuo, en condiciones inadecuadas y malas instalaciones de descanso. Policías y soldados también son víctimas del virus; alrededor de 500 se han contagiados.
9. Es fundamental atender delitos como violencia intrafamiliar, violaciones y feminicidios, que las condiciones de encierro pueden estar provocando. También es urgente atender las afecciones en la salud mental de las familias causadas por el confinamiento.
10. Es imposible alcanzar un nivel de seguridad pública sin solventar otro tipo de seguridades como la jurídica, la alimentaria, laboral, en salud, vivienda y otras variables sociales y económicas que en conjunto comprenden la seguridad ciudadana, de la cual es responsable directo el Estado. A un año del actual Gobierno, se evidencia un incremento de la inseguridad en todos esos factores, debido a las improvisaciones del gabinete presidencial.
Llamamos a las diferentes instancias del Estado a hacer prevalecer el estado de derecho sobre la estrategia de terror que despliega el Ejecutivo. Igualmente instamos a mantener la presión ejercida por distintas organizaciones ciudadanas, de periodistas, sindicatos, ONG, entre otras, en la defensa y ejercicio de los derechos constitucionales.
San Salvador, 11 de junio de 2020
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