Lo mínimo que se espera de un Gobierno es que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población, que fortalezca la institucionalidad, respete el marco constitucional y garantice la soberanía nacional. En cada uno de esos aspectos, el actual Gobierno ha generado retrocesos:
1. El sistema de seguridad social creado en los años 2009-2019 y que permitió reducir la pobreza del 40% al 26% de los hogares, ha sido afectado por el actual Gobierno, que eliminó 14 programas sociales y económicos, entre ellos los de Agricultura Familiar, Alfabetización, Atendiendo la Salud de la Mujer. También le recortó recursos a programas como Ciudad Mujer, Pensión Básica y otros.
2. El Gobierno está desmontando la Reforma de Salud iniciada en 2009 y que permitió reducir la mortalidad infantil, de 23 a 9 por mil nacidos y nacidas vivas, y la mortalidad materna, de 49 a 29 por 100,000 nacidos vivos, entre otros logros. El actual Gobierno cerró 17 ECOS familiares y le recortó US$33.5 millones al primer nivel de atención de salud, lo que provocó un aumento de las enfermedades prevenibles como dengue, zika, paperas y otras.
3. El Gobierno suprimió plazas de trabajo de cinco secretarías de Estado, sin que la Asamblea Legislativa lo haya aprobado y sin haber realizado la evaluación técnica y financiera de los puestos de trabajo y de capacidades para reubicar el personal, como lo exige el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil. Alrededor de 8,000 personas fueron despedidas, sin evaluar sus procesos de contratación ni su desempeño y sin modificar la ley de salarios.
4. El Gobierno no ha presentado el Plan General que le exige el artículo 167, numeral 2 de la Constitución, ni el Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social, que establecen los artículos 11 y 12 de la Ley de Desarrollo y Protección Social de El Salvador. No tiene planes económicos, sociales, de control territorial y de Emergencia por el COVID-19. Tampoco ha nombrado los gobernadores departamentales y muchos de sus funcionarios son incompetentes y algunos hasta tienen cuentas pendientes con la justicia.
5. El presidente no respeta el marco legal del país. Entre sus acciones más reprobables están el Golpe de Estado fallido del 9 de febrero, el desconocimiento de resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la imposición de decretos inconstitucionales, la continua violación de los derechos humanos y el ataque sistemático a la Asamblea Legislativa y al procurador para la defensa de los derechos humanos.
6. El presidente Nayib Bukele se resiste a presentar informes de su labor y del manejo presupuestario, incluyendo los millonarios gastos durante la Emergencia, y se ha negado a rendir cuentas ante la Asamblea el primero de junio, incurriendo en una nueva violación del estado de derecho.
7. El presidente no solo viola las leyes y actúa de forma autoritaria, sino que mantiene una política basada en la difamación de sus opositores y en el uso de la mentira para confundir a la población y procurarse respaldo social.
8. Durante la Emergencia por el COVID-19, el Gobierno ha aplicado una política represiva en vez de un plan sanitario. Han sido evidentes la improvisación, las malas condiciones en los centros de contención y el sistema hospitalario y la desatención al personal en la primera línea de atención.
9. La política económica ha sido muy mal manejada, pues desde su inicio provocó una caída de la demanda y la inversión y la actividad económica en general. El crecimiento económico proyectado en 2.5% para 2019, fue de 2.2%.
10. Durante la Emergencia se ha prolongado excesivamente la parálisis económica, cuyos resultados más visibles son la pérdida de 70,000 empleos formales, el desplome de los ingresos de 798,000 personas que laboran por cuenta propia (53% mujeres) y la caída de las ventas de 318,000 micro y pequeñas empresas, donde laboran 855,000 personas, el 60% mujeres. Miles de esas empresas cerraron. Las “medidas sanitarias” quebraron la economía nacional.
11. Además, el presidente utiliza el hambre y las penurias de la población para hacer clientelismo electoral, pues aprovecha la emergencia para entregar bolsas solidarias de alimentos a las familias más afectadas, por medio de militantes del partido político Nuevas Ideas (dirigido por uno de sus primos), lo que además implica un uso fraudulento de recursos públicos invertidos en la compra de alimentos.
12. La política exterior del presidente es de total alineamiento al Gobierno de Estados Unidos y de confrontación con otros Gobiernos, como los de Venezuela, México, Costa Rica y Nicaragua. El Estado salvadoreño se marginó de los esfuerzos de integración regional, sobre todo en 2020, y en particular durante la Emergencia por el COVID-19.
Por esas y otras razones, como profesionales comprometidos con la transformación de El Salvador, consideramos que el desempeño del Gobierno ha sido muy deficiente y que el presidente de la república, con su permanente actitud confrontativa y su desprecio a las leyes, ha puesto en riesgo la estabilidad del país.
San Salvador, 31 de mayo de 2020
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