La directora de programas de Cristosal, Celia Medrano, declaró que no es factible que el Ejecutivo denuncie al Órgano Legislativo y al Judicial, según la normativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El presidente Nayib Bukele anunció en la conferencia de prensa de ayer por la noche, que interpondrá una denuncia contra la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y contra la Asamblea Legislativa, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violentar el derecho a la salud y la vida, en el contexto de una emergencia mundial.
En ese sentido, la directora de programas de Cristosal, Celia Medrano, manifestó que “hay una diferencia entre denunciar y demandar a dos instancias del Estado por parte de otra instancia del Estado en un mismo país. De acuerdo a la normativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no es factible generar una demanda en este caso desde el poder Ejecutivo contra los otros dos poderes del Estado (Legislativo y Judicial)”
Señaló que “tampoco es comprensible cuando desde casa presidencial se afirma que se haría una denuncia y es porque no puede recurrirse a una instancia supranacional, internacional, en función de que el mismo Estado se denuncie a sí mismo y se demande a sí mismo”.
Medrano explicó que en el juego de palabras como se ha estado haciendo con la emisión de diferentes decretos Ejecutivos, la Presidencia de la República “se está prestando a confusiones y es muy probable que esa sea su estrategia: confundir a través de manejos idiomáticos, manejo de terminología en sus mismos decretos y de elementos en los cuales es difícil determinar una adecuada fundamentación, legal, jurídica, con respecto a las institucionales que se anuncian”.
Sin embargo, señaló que sí es importante plantearse algo más de fondo, “que si el presidente Bukele está convocando a la CIDH, está instancia internacional ya ha sido clara en hacer un llamado, al igual que las Naciones Unidas, que la pandemia de Covid-19 no puede ser instrumentalizada para acumulación y centralización de poder por parte de una instancia estatal, ni tampoco puede ser utilizada para justificar violaciones a los derechos humanos”, concluyó.
Escrito por Redacción Verdad Digital
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