Ante la renuncia de cinco instituciones que integraban el Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, creado mediante decreto legislativo 608 y que faculta al Órgano Ejecutivo a contraer deuda por US$2,000 millones, Profesionales por la Transformación de El Salvador expresa lo siguiente:
- El hecho es grave porque de acuerdo con el decreto, el Comité es el “encargadode la dirección y supervisión de todas las obras del Fondo”, “deberá proponer al Órgano Ejecutivo el presupuesto extraordinario” y “administrará dicho presupuesto una vez que éste sea aprobado por la Asamblea Legislativa”.
- El Comité estaría integrado por 6 funcionarios del Órgano Ejecutivo, un representante de las MIPYMES y representantes de las cinco instituciones que renunciaron: UCA, ESEN, FUSADES, ANEP y Cámara de Comercio.
- La UCA dijo que el Gobierno rechazó la propuesta para contratar auditorías y no le entregó al Comité el plan para enfrentar la pandemia, ni la propuesta de distribución del Fondo ni lo invertido por el MINSAL en la fase 1 de la emergencia.
La ANEP dijo que el Gobierno se opuso a que el Comité supervisara el Fondo. - Lo ocurrido debe alertar a la ciudadanía, pues lo que critican las instituciones
renunciantes es la falta de transparencia del Ejecutivo en el manejo de los US$2,000 millones. El Gobierno no ha desmentido tales señalamientos. - Aunque el decreto entró en vigencia el 26 de marzo, o sea, hace mes y medio, el Gobierno no ha presentado en la Asamblea el presupuesto extraordinario, ni los planes e informes sobre la emergencia, ni un informe serio sobre los US$300 entregados a las familias, que según el Ministerio de Hacienda sumaron US$400 millones y son parte de los US$2,000 millones aprobados por la Asamblea.
- La negativa del Gobierno a planificar y rendir cuentas puede inducir a un uso discrecional del presupuesto. Este hecho se viene a sumar al incumplimiento, por parte del presidente Bukele, de los fallos de la Sala de lo Constitucional, a sus violaciones a los derechos humanos y a su irrespeto al sistema democrático.
- Ante la gravedad de la situación creada con el mal manejo de los recursos para la emergencia, la Asamblea Legislativa debe exigirle al Órgano Ejecutivo que cumpla lo establecido en el decreto 608. Y si el presidente continúa infringiendo las leyes, la Fiscalía General de la República debe promoverle un antejuicio, para que el Órgano Legislativo lo desafuere por presunta comisión de delito y el caso
se ventile en el Órgano Judicial.
San Salvador, 13 de mayo de 2020
