Ante las preocupaciones de diversos sectores agrícolas, que consideran urgente la aplicación de medidas para el sector agropecuario, Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) plantea lo siguiente:
1. En 2019 se apoyó con paquetes agrícolas a 422,477 agricultores y agricultoras inscritas en el Padrón Oficial de Beneficiarios, el cual se creó con el apoyo de la FAO en 2011 y se colocó en el sitio web del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Las semillas se les compraban a cooperativas agrícolas y algunos medianos productores.
2. La dotación de paquetes agrícolas y otros programas agropecuarios permitieron elevar la producción de maíz, de 17.3 millones de quintales en el año 2009-2010 a 24.6 millones en 2019-2020. La producción de frijol aumentó de 1.7 a 2.2 millones de quíntales en esos años. La producción nacional logró cubrir más del 90% de la demanda.
3. El actual Gobierno le recortó US$1.6 millones (5%) al programa de paquetes agrícolas; suprimió otros programas de apoyo al agro, como Agricultura Familiar, Amanecer Rural, Desarrollo y Modernización Rural y Acuicultura Familiar; y despidió personal técnico encargado de los programas CENTA-Café y Agricultura Familiar. Esas decisiones afectan la producción.
4. Pese al recorte presupuestario, el ministro de agricultura dijo que el padrón de beneficiarios aumentaría 30% (127,000 agricultores) y llegará a 549,477. Luego afirmó que “según la proyección se entregarán 400,000 paquetes de semilla certificada de maíz y el fertilizante; además, se entregarán 200 mil paquetes de semilla mejorada frijol”. Esas declaraciones contradictorias ponen en entredicho la transparencia del Gobierno.
5. Sobre la entrega de paquetes agrícolas, alcaldes y sectores sociales denuncian su desvío hacia locales de Nuevas Ideas, lo que implicaría un uso político e ilegal de los fondos públicos. También se señala que el administrador de una empresa proveedora tiene contratos de servicios con el MOP y le dio servicios notariales a una empresa de capital privado y de la alcaldía de San Salvador, cuando el presidente Bukele era alcalde.
6. El Padrón Oficial de Beneficiarios del año 2011 permitió garantizar la transparencia y romper el manejo clientelista de la entrega de los paquetes. Pero el actual Gobierno parece saltarse los procedimientos legales y hace un uso amañado de las compras y del Padrón Oficial.
7. Urge normalizar esta situación, no solo para garantizar un uso adecuado de los recursos, sino porque el ciclo agrícola ya se inició, con la preparación de tierra en abril para la posterior siembra y la cosecha de agosto.
8. En lugar de presentar el plan agropecuario que le exige el decreto de endeudamiento por US$2,000 millones, el MAG anunció importaciones de maíz y de otros productos agrícolas, que vendrían a generar más dependencia alimentaria y una competencia desleal con la producción nacional.
9. El plan agropecuario debe incluir a todos los rubros del sector, sustentarse en un diagnóstico y contar con la participación de organizaciones de productoras y productores. En el plan hay que contemplar los daños que están teniendo todos los rubros productivos: granos básicos, hortalizas, frutales, ganadería y otros.
10. El Gobierno debe actualizar el Padrón de Beneficiarios de los paquetes agrícolas, asegurar la transparencia en las compras y diseñar un mecanismo de monitoreo y contraloría social que garantice el uso eficiente de los recursos.
11. Las municipalidades deben contribuir al montaje de una plataforma y tecnologías para favorecer el comercio local de alimentos en beneficio de las personas consumidoras y con precios adecuados para los pequeños y medianos productores.
San Salvador, 24 de abril de 2020
