Economista César Villalona
En diciembre de 2019, la deuda del Sector Público no Financiero (SPNF) cerró en US$13,909.68 millones, equivalentes al 51.8% del PIB, que ese año fue de US$26,844.7 millones. El SPNF incluye al Gobierno central (con el 93% de esa deuda) y a las empresas públicas no financieras.
En 2020 la deuda podría crecer en US$2,431 millones y alcanzar US$16,340.68 millones. El aumento sería de 17.5%. ¿Por qué crecería la deuda? Porque el Gobierno podría recibir desembolsos de bonos y préstamos por alrededor de US$2,752.5 y pagará US$321.5 millones en concepto de amortización.
Como los desembolsos aumentan la deuda y la amortización la reduce, la diferencia entre los dos valores da US$2,431 millones, que sería el monto en que crecería la deuda. Incluso, la deuda podría ser mayor si se aprobara el préstamo de US$109 millones para la fase tres del plan de seguridad. Pero ese dato, que podría ser real, no lo tomaremos en cuenta en este breve artículo.
Los desembolsos por US$2,752,5 millones provendrían de la venta de bonos por US$645 millones para cerrar la brecha fiscal; de US$2,000 millones de bonos y préstamos para atender la emergencia; de US$91 del préstamo para la segunda fase del plan de seguridad, que se espera ejecutar completo en el año; de US$12.5 millones (50%) de un préstamo de US$25 millones del BCIE para obras en la Fiscalía; y de US$4 millones (30%) de un préstamo de US$13 millones del Gobierno de Alemania para un programa de adaptación al cambio climático.
El Banco Central de Reserva estima que este año el PIB bajará entre 2 y 4%, debido a los daños de la emergencia nacional. Si cae 4%, cerraría en alrededor de US$25,400 millones (en un marco de deflación) y la deuda del Sector Público no Financiero, que llegará a US$16,340.68 millones, representaría el 64% del PIB.
La Ley de Responsabilidad Fiscal establece que para “al finalizar el período de consolidación expresado en el artículo 7 de la presente Ley, el ratio de la deuda del SPNF no deberá ser mayor al 50.0 % del Producto Interno Bruto descontando la deuda previsional”. Ese período termina en 2021. Y aunque la ley no tiene vigencia durante la emergencia, cuando ésta termine la deuda será muy elevada y su pago anual pesará mucho en el Presupuesto Nacional.
Por otra parte, si a la deuda del SPNF le sumamos la de pensiones (FOP), que cerrará este año en alrededor de US$5,600 millones, la deuda total podría llegar en a US$21,940 millones, que representarían el 86% del PIB. También es probable que el Gobierno pida que le aprueben más bonos, pues su deuda flotante (de Letes), que cerró 2019 en US$ 991.33 millones y ya ronda los US$1,400 millones, con la última colocación en el exterior por US$426 millones, debe ser pagada en menos de un año y no hay recursos del presupuesto destinados para ello.
Es obvio que ante ese panorama que se avizora, el Gobierno debería gestionar una renegociación de su deuda bilateral y multilateral, que ronda los US$3,300 millones. La duda comercial, con banqueros y tenedores de bonos, es mucho más grande pero muy difícil de tratar con los acreedores. Si el Gobierno lograra una condonación del 25% de su deuda bilateral multilateral, se ahorraría US$825 millones. Y si lograra aplazar pagos y disminuir intereses de otro 25%, se ahorraría más de US$100 millones del servicio de la deuda en los próximos años.
