Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES)
La pandemia causada por la COVID 19 es un hecho nuevo que afecta a millones de personas en el mundo, sobre todo por su rápida propagación. La enfermedad causa severas infecciones respiratorias en el 20% de los casos, principalmente en las personas mayores y en pacientes con comorbilidad, en cuyo caso la mortalidad es alta. En El Salvador, para el 8 de abril se reconocen 103 casos y 5 muertes, lo que da un promedio de mortalidad de 4.9%, cercano al promedio mundial, que es de 5.8%.
Ante esta realidad, se necesitan respuestas de salud pública que tomen en cuenta, en su formulación y ejecución, cuatro principios básicos:
1. La equidad, que consiste en asegurar que la pandemia no imponga una carga desproporcionada sobre los grupos más pobres. Se debe evitar una posible saturación del sistema de salud que impida atender a todas las personas por igual. Las autoridades de salud deben gestionar recursos para las personas contagiadas, como respiradores, camas de cuidados intensivos y otros apoyos. En atención a la equidad, los centros de contención deben ser iguales, no de primera y de segunda categoría, como los que tenemos hoy.
2. La responsabilidad, que consiste en crear capacidades para mejorar la respuesta a la emergencia de salud. Ello implica tener protocolos sobre el manejo de los centros de contención, infraestructura adecuada, recursos humanos y pruebas de laboratorio.
3. La transparencia, que consiste principalmente en compartir con la población la información relevante y los criterios para definir las prioridades de atención. La transparencia sobre los argumentos para las decisiones de priorización mejora la confianza pública, aumenta su aceptabilidad y promueve el cumplimiento de las recomendaciones conexas.
4. La solidaridad, que consiste en la colaboración mutua entre las personas, un aspecto muy relevante en momentos de emergencia. Aunque este aspecto depende mucho de las personas, el Gobierno también puede fomentarlo. En lugar de generar pánico, debe educar a la población y promover la unidad y la cooperación.
Esas cuatro premisas no se han cumplido durante la emergencia en El Salvador principalmente lo que se refiere al manejo de los albergues o centros de contención. Hasta el 8 de abril había 4,606 personas en 105 centros de contención, 103 personas infectadas por el COVID-19 y 5 fallecidas, 4 de las cuales estuvieron en centros de contención donde posiblemente fueron contagiadas. El Gobierno debería explicar cómo les llegó el virus.
Hasta el momento no se conoce un protocolo o lineamiento oficial para el manejo de los centros de contención. No hay información sobre los criterios de ingreso, de salida, de definición del tiempo de permanencia en los centros, tomando en cuenta que el período de incubación del virus es de 2 a 14 días y el de internamiento es de 30. Además, se desconocen los criterios epidemiológicos para el manejo de los casos por edad y por comorbilidad. Los lineamientos deben incluir todo lo relacionado a preparación, logística, recursos humanos, pruebas de laboratorio, equipo de protección, medicamentos y comunicación.
Tampoco se sabe por qué no se han aplicado las pruebas de laboratorio al 100% de las personas en centros de contención, para confirmar si dan positivas al COVID–19 y establecer el manejo de acuerdo a la respuesta. La aplicación de pruebas es complementaria a las medidas de confinamiento, pero no conocemos su criterio de aplicación. Otro aspecto importante es que se debe buscar la masificación de las pruebas de laboratorio para evidenciar la circulación del virus en la población en general, y no solo en las personas que se encuentran en los centros de contención. Las pocas pruebas confirmadas pueden estar dando una falsa percepción de seguridad, por el subregistro y la poca cobertura territorial de las muestras tomadas.
Estas situaciones están impactando en la mortalidad, no solo por el COVID–19, puesto que personas que no lo han contraído han muerto en los centros de contención. Un caso es el del Ingeniero Oscar Méndez, quien no contrajo el virus y cuya causa de muerte todavía se desconoce. Lo que reportó el Ministerio de Salud fue paro respiratorio, que no es causa básica de defunción.
Ha habido un manejo irresponsable de los centros de contención, desde su apertura. Se mezcla a todas las personas sin tomar en cuenta su nexo epidemiológico, los grupos vulnerables por edad y morbilidades asociadas, y las condiciones logísticas adecuadas. El propio ministro de seguridad reconoció lo peligroso de los centros de atención cuando amenazó a la población que no acata la cuarentena de enviarla a dichos centros para que se contagien.
La atención en los centros de contención es heterogénea. A manera de ejemplo podemos señalar que en algunos centros se permite la entrada de alimentos y medicamentos externos, mientras que en otros no. En lo que sí se parecen los
centros, es en la falta de información a los recluidos y al personal de salud que está en primera línea de atención a los pacientes positivos al COVID–19. Dicho personal, además, no cuenta con los insumos y el equipo de protección que necesita para no contaminarse del COVID-19.
Hay denuncias de que no se está proporcionando lo que se establece en los protocolos de la OPS/OMS. Esa situación puede empeorar en pocas semanas, cuando se agoten los insumos actuales, pues el presupuesto del MINSAL para el primer nivel de atención disminuyó en US$33.5 millones y los rubros más afectados son los insumos y equipos médicos. La desatención a las demandas del personas de salud que se encuentra en la primera línea de atención a la pandemia, es un acto irresponsable del Gobierno, pues pone en riesgo la vida de ellos, de sus familiares y de las personas de su entrono social.
Un grave problema es la falta de infraestructura adecuada para el manejo de los casos críticos. La decisión de construir un gran hospital en lugar de habilitar áreas para su atención, como han hecho en otros países, ha retrasado la creación de infraestructura sanitaria hasta aproximadamente 2 meses. Esto implica falta de atención en condiciones óptimas a quienes requieran de cuidados intensivos, lo que puede representar una alta mortalidad en unos pocos días. La inversión financiera en este gran elefante blanco está muy por encima de lo presupuestado por otros países, incluso aquellos que tienen mayor solvencia financiera que El Salvador.
En cuanto a la transparencia y colaboración, muchas personas internadas han denunciado que desconocen el tiempo que permanecerán en los centros, así como los resultados de las pruebas de laboratorio (a quienes se les han hecho) y los criterios para su ubicación, pues comparten espacios con personas que por nexo epidemiológico están con mayor riesgo de infectación. El Colegio Médico denunció la falta de comunicación con el Gobierno sobre el manejo de la emergencia. La población en general no está bien informada y solo conoce lo que dice el presidente de la república en las cadenas de radio y televisión.
Las autoridades de salud deben proporcionar la información epidemiológica sobre la pandemia y explicar la respuesta de salud pública. La población debe saber si se están recopilando datos como parte de los esfuerzos de vigilancia para mejorar la salud pública, además de tener la seguridad de que se velará por la protección de sus datos personales y que se hace un manejo confidencial.
Dar la información de manera comprensible es clave para fomentar la confianza de la gente. Esto es más importante en las situaciones de emergencia, que suelen caracterizarse por un entorno de desconfianza y la resistencia a seguir las recomendaciones de salud pública. La información que el presidente Nayib
Bukele brinda por la televisión no permite que los medios de prensa hagan preguntas ni cuestionen los datos brindados.
A lo anterior se añade que la información del presidente suele estar cargada de propaganda gubernamental o electoral y de amenazas a la población, en un estilo discriminatorio y que estigmatiza a las personas positivas de COVID–19. Se deben tomar medidas para que no haya estigmatización ni discriminación, y procurando una comunicación con precaución para minimizar riesgos y daños
Diferentes gremios profesionales y sociales han propuesto la conformación de un equipo técnico especializado en diferentes áreas médicas que tienen que ver con la emergencia por la pandemia, a fin de proponer medidas para las diferentes etapas de la crisis. También han ofrecido su apoyo al Gobierno sin recibir respuesta favorable hasta el momento. PROES respalda esa propuesta y sugiere que se proceda cuanto antes a la conformación del equipo técnico.
El presidente de la república y las autoridades de salud deben actuar con honestidad y dar información veraz sobre la pandemia y sus consecuencias. La certeza y la confianza de la población aumentan cuando hay datos amplios y confiables y se realizan investigaciones. Una mayor certeza permite formular políticas adecuadas y ayuda a las personas a tomar mejores decisiones.
8 de abril de 2020
