El presidente de la república, Nayib Bukele, ha dado reiteradas muestras de autoritarismo y violación al marco constitucional, al tiempo que con su política económica y social está deteriorando las condiciones de vida de los sectores de menos ingresos. Al respecto Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) expresa lo siguiente:
1. El Golpe de Estado fallido del 9 de febrero, que ha sido condenado por amplios sectores del país y por la comunidad internacional, muestra la disposición que tiene el presidente de violar el marco legal para lograr sus objetivos, que no son los objetivos de la población. La violación del estado de derecho por parte del presidente es un hecho de tal gravedad que no puede quedar impune.
2. Junto al intento de Golpe de Estado, el 9 de febrero se dio una militarización de gran parte del centro histórico de San Salvador, los alrededores de la Universidad de El Salvador, la 49 Avenida Norte y algunas zonas de los municipios de San Marcos, Ayutuxtepeque y Mejicanos. También se persiguió a algunos diputados y diputadas y se emprendió una campaña de intimidación en redes sociales, donde se presentaban imágenes de las tropas de la FAES asegurando que esperaban órdenes de su comandante para defender la Patria, aún a costa de su propia vida.
3. Los principales responsables de estas graves acciones son el presidente Nayib Armando Bukele Ortez, el ministro de defensa, contralmirante René Francis Merino Monroy, el ministro de seguridad, Rogelio Rivas, y el director de la PNC, comisionado Mauricio Arriaza Chicas.
El fiscal general de la república está obligado a investigar de oficio todos los hechos y llevar hasta sus últimas consecuencias el enjuiciamiento de los sediciosos.
4. Esas acciones violadoras del marco constitucional fueron precedidas de otras actuaciones ilegales del Gobierno, como el despido arbitrario de miles de empleados y empleadas públicas, incluyendo a mujeres embarazadas y personas con discapacidad, la no revisión del salario mínimo después de tres años de su último aumento, la no elaboración del plan de Gobierno que le exige la constitución, el cierre de programas sociales establecidos como permanentes en la ley de desarrollo y protección social, entre otras.
5. Para “justificar” su agresión a la Asamblea legislativa, Bukele alega que ésta le traba los recursos al plan de seguridad, como si la Asamblea fuera dependiente del Ejecutivo. Además, la Asamblea ha aprobado todos los recursos que el Ejecutivo ha solicitado para el plan. En julio de 2019 aprobó un refuerzo presupuestario de US$30.9 millones para la fase 1 y en diciembre aprobó que el Ejecutivo gestionaría un préstamo de US$91 millones para la fase dos.
También aprobó el presupuesto 2020 con un monto de US$775 millones para los ministerios de defensa y seguridad, que significan un incremento de US$204 millones (36%) con respecto al presupuesto de 2019.
6. Sin haber conseguido el préstamo de US$91 millones para ejecutar la fase 2 del plan, el Gobierno le pidió a la Asamblea que le autorice gestionar un préstamo de US$109 millones para la fase 3, lo cual es contraproducente. La Asamblea no ha rechazado la solicitud, pero le pidió al Gobierno que primero busque los US$91 millones que ya le autorizaron y le puso reparos a algunas partidas del nuevo, lo cual es congruente con su deber de garantizar que la deuda del Estado tenga un destino y uso adecuado.
7. Mientras el presidente Bukele acusa a la Asamblea de impedirle trabajar en favor del pueblo, su Gobierno cerró 15 programas sociales que beneficiaban a la población de menos recursos y les recortó fondos a otros cinco, está desmontando la reforma de salud (ha cerrado 16 Ecos f), le suministró agua contaminada a la población y disminuyó el subsidio al gas.
8. El daño provocado por el presidente de la república a la institucionalidad democrática tendrá un impacto negativo en la economía nacional, pues el clima de inversión ha sido afectado por las violaciones al Estado de Derecho.
9. Es correcto que la Asamblea Legislativa haya creado una comisión que investigue los hechos del 9 de febrero y que decidiera interpelar al ministro de defensa, quien debería ser removido de su cargo y procesado ante las autoridades competentes por haber incumplido los deberes que les impone su cargo y poner en riesgo el sistema político de El Salvador.
10. Para que nuestro país logre un clima de tranquilidad, las instituciones encargadas de hacer justicia tienen que actuar con firmeza. Estamos ante un Gobierno incompetente, irresponsable, sin planes y que está empujando al país por un rumbo muy peligroso.
San Salvador, 2 de marzo de 2020
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(las negritas son nuestras) Comisión de Comunicaciones del FMLN Suecia
