Ante la vulneración sistemática de derechos humanos, en especial el derecho al trabajo, en los primeros siete meses del actual Gobierno, Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) hace las siguientes consideraciones:
1. El año 2019 cerró con 5,887 personas despedidas de 26 dependencias del Estado, lo cual podría responder a la estrategia del presidente Nayib Bukele de abrir espacios en las instituciones públicas para contratar personas afines a su proyecto político electoral y que se dediquen a un trabajo fundamentalmente proselitista.
2. La Ley de Salarios 2020 aprobada en la Asamblea Legislativa por la alianza de diputados de derecha afines al presidente Bukele, suprime otras 3,082 plazas en 9 entidades públicas, lo cual faculta al Gobierno a seguir despidiendo arbitrariamente a más personas dedicadas al servicio público. Con esa supresión de plazas se estarían completando un total de 8,879 personas despedidas de entidades públicas.
3. Funcionarios del Gobierno afirman que este año recontratarán a varias de las personas despedidas y a personal nuevo, pero no explican en qué condiciones será contratada la nueva fuerza laboral en las instituciones públicas, pues con el argumento de optimizar recursos se está recurriendo a la contratación por honorarios, sin prestaciones sociales y con pagos menores a lo que tenían las plazas originales que fueron suprimidas. Se concreta así la estrategia de flexibilización laboral anunciada por el Ministerio de Trabajo la cual viola los derechos laborales establecidos en nuestro marco jurídico.
4. Las miles de personas despedidas y sus núcleos familiares han visto desmejoradas sus condiciones de vida. Sí, calculamos que por cada persona despedida hay al menos tres personas que conforman su núcleo familiar, el daño ocasionado con los despidos estaría afectando a 35,516 personas.
5. Las medidas aplicadas por el Gobierno en contra de las personas despedidas y de muchas personas que aún siguen laborando en instancias públicas, también violentan otros derechos fundamentales, como son los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen de las personas, pues en los medios tradicionales de comunicación y en las redes sociales se han alimentado campañas de odio, desprestigio y calumnias contra mucha gente que labora en el Estado.
6. Los despidos también afectan la calidad y agilidad de los servicios públicos, con graves repercusiones en la calidad de vida de las familias salvadoreñas. En el Ministerio de Salud, por ejemplo, el despido del personal encargado de las estrategias de control del zancudo provocó un incremento alarmante de los casos de dengue, zika y chikungunya. Y el virtual cierre de la operación milagro viola el derecho a la salud visual a mucha gente de escasos ingresos.
7. El despido de las 2,090 personas del Proyecto VIDA impulsado por la CEL pone en riesgo la producción de millones de plantas en los viveros y la continuidad de la reforestación en las riberas de lagos y lagunas. También quedan sin medidas de protección las cuencas y subcuencas, se suprime el mantenimiento de plantaciones de años anteriores y se abandonan las tareas de limpieza de las aguas continentales, que son responsabilidad de CEL, afectando a centenares de pescadores artesanales debido a la proliferación en los lagos del Jacinto de Agua, comúnmente conocido como ninfa, lo que les imposibilita obtener el sustento diario.
8. El talento humano en el cual invirtió el Estado por muchos años, está siendo sustituido por personal incapaz de resolver los problemas más sensibles del país. Se ha despedido injustificadamente a personas con 15 a 20 años de experiencia en la administración pública, lo cual representa un retroceso en el proceso de construcción democrática y violenta el derecho de la población a recibir servicios públicos de calidad. Un ejemplo es lo que está sucediendo con la distribución de agua potable en la zona metropolitana de San Salvador, cuya actual administración no encuentra la forma de superar la crisis en la generación y distribución, creando un drama humano en varias colonias del Gran San Salvador.
9. Los miles de despidos también afectan la economía del país, pues se contrae el consumo y se retrasan los pagos de vivienda, colegios, universidades y créditos bancarios, situación que ya se refleja en la pérdida de dinamismo de algunas variables económicas, como el crédito a los hogares, que hasta mayo había crecido 6% y para noviembre solo creció 3.7%
10. Hacemos un llamado a los sindicatos del sector público y a los empleados de las instituciones afectadas por los despidos, a unirse, estar vigilantes y luchar contra las medidas arbitrarias que atentan contra los derechos laborales.
También invitamos a la ciudadanía a denunciar la mala calidad de los servicios brindados por el Gobierno y a exigir que se respeten sus derechos a tener servicios buenos y accesibles.
11. Instamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a pronunciarse frente a las arbitrariedades laborales cometidas por el Gobierno de El Salvador contra miles de servidoras y servidores públicos y el daño ocasionado a la calidad de vida de la población.
12. Ante este lamentable estado de violación reiterada de diferentes derechos humanos de la población, vinculados con el derecho al trabajo y a servicios de calidad, consideramos que el resto de la institucionalidad del Estado debe garantizar el resarcimiento de los derechos violentados y solventar a la brevedad posible las justas demandas de la población.
San Salvador, 21 de enero de 2020
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