El Gobierno de facto de Bolivia anunció la creación de un «aparato especial» que estará al cargo de detener a aquellos legisladores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, que cometan actos subversivos y sedición.
«Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión (…)», aseguró el ministro interino del Gobierno, Arturo Murillo.
Murillo explicó que este mismo lunes comenzará a detener a las personas indicadas. «A partir del lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales», destacó.
Asimismo, afirmó que tanto «los dirigentes y los mismos ciudadanos» le brindan información sobre personas que «estarían haciendo sedición contra el actual Gobierno transitorio».
«Lo que estamos informado está empezando a llegar a la gente, al pobre, al humilde, al utilizado, al que lo matan como un perro para utilizarlo, son los narcotraficantes, los delincuentes», apuntó.
«En lugar de pacificación, represión»
«En lugar de pacificación, ordenan difamación y represión contra hermanos del campo que denuncian el golpe de Estado. Después masacrar a 24 indígenas, ahora preparan un Estado de Sitio. Sería la confirmación de que pidiendo democracia instalaron una dictadura», destacó en su cuenta de Twitter el presidente depuesto Evo Morales.
Ya la semana pasada, cuando asumió de facto la dirección del Ministerio de Gobierno, Murillo afirmó que el nuevo Ejecutivo del país sudamericano irá «a la cacería» de Juan Ramón Quintana, ministro de Presidencia durante la Administración socialista, y Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera, exiliado en México.
«Que empiecen a correr, los vamos a agarrar. No vamos a permitir una persona más que siga haciendo sedición en el país», aseveró a los pocos minutos de asumir el cargo.
Murillo considera que Quintana y García Linera fueron presuntos responsables de los disturbios que se generaron el domingo tras la dimisión de Morales, quien abandonó el cargo tras el pedido público de renuncia pronunciado por las Fuerzas Armadas y la Policía.
Un polémico decreto
Este anuncio se da después de la denuncia del sábado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la emisión de un «grave decreto» que exime de «responsabilidad penal al personal de las fuerzas armadas de Bolivia que participe en los operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno».
El documento en cuestión, publicado por la CIDH, fue firmado el 15 de noviembre por el Gobierno interino, y autoriza a los militares a usar «todos sus medios disponibles» para controlar las manifestaciones.
Según estimaciones de la CIDH, en total son 23 muertos y 715 heridos desde el 20 de octubre, día en que se celebraron las elecciones en Bolivia; 20 de ellos, desde el golpe de Estado contra Morales.
