La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mandó a la Asamblea Legislativa suspender de inmediato el trámite del anteproyecto “Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional”, por considerar que pone en riesgo el derecho de acceso a la justicia a las víctimas y sobrevivientes del pasado conflicto armado, en especial el caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños.
“Las diligencias que tuvimos a bien realizar junto a CEJIL, fue poner un escrito ante la CIDH, el 24 de mayo, solicitando medidas provisionales a efecto de que esa Ley de Reconciliación, no venga a incidir en el Caso de El Mozote, porque es un proceso que ha avanzado bastante y que una ley de esas, venga a tirar por el suelo toda la investigación que se ha realizado”, explicó Ovidio Mauricio, Coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”.
Asimismo, lamentó que la rapidez con la que buscan ejercer los diputados de la Comisión Política, para aprobar dicha Ley de Reconciliación, tiene a la base elementos que la vinculan con otra Ley de Amnistía, que solo favorece a los perpetradores de graves casos de violación a derechos humanos.
“Debemos saber que los Tratados sobre Derechos Humanos Internacionales son leyes de la República, y en la jerarquía de la norma jurídica, están antes de cualquier ley que se quiera formar y se deben aplicar antes que cualquier otra ley. Es por esto, que mandó al Ejecutivo y Legislativo a suspender cualquier acción sobre esta formación de ley”, afirmó.
Wilfredo Medrano, abogado acusador y representantes de las víctimas en el Caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, señaló que tomaron la medida de presentar el escrito ante la CIDH, ante los efectos negativos, que podría generar esta Ley de Reconciliación, que consideró viciada.
“Esta ley (reconciliación) no reúne los estándares mínimos, hay contradicciones, favoritismos y lo único que refleja es que, no han participado, ni escuchado a las víctimas, entonces, se violenta todo el acceso a la justicia. Las víctimas solo fueron escuchadas diez o veinte minutos, lo que no refleja el sentimiento o deseo de justicia para las madres y padres que aún buscan a sus hijos e hijas. Y no compartimos la desproporcionalidad en las penas que aplicarían a personas, que han cometido actos de lesa humanidad. No es posible sustituir la medida de detención por servicios de utilidad pública, tampoco es justo el poco tiempo para que investigue la Fiscalía General de la República”, argumentó.
En cuanto a las expresiones de injerencia que se han mencionado, ante los pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos, la sociedad civil organizada y las víctimas, Medrano, afirmó que el Estado salvadoreño, ha ratificado las convenciones de Derechos Humanos, y como tal debe cumplir.
“El Salvador es Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es donde surge el Sistema Interamericano (CIDH y Corte IDH), por lo tanto, no se trata de violación a la soberanía del Estado, sino de ejercer control de los estándares interamericanos de derechos humanos. Evitar daños irreparables y no ser un Estado impune”, acotó.
Alejandro Díaz, jurista de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, señaló que de no escuchar a las víctimas, se estaba “abriendo una nueva herida a esta población”, que ha sufrido la invisibilización de su causa y la postegarción de justicia, por más de tres décadas.
Fuente: Diario Co Latino
