Ante la imposibilidad de ejercer su hegemonía sobre toda la sociedad, la burguesía oligárquica sigue en el propósito de instrumentalizar algunas instituciones de Estado, para sumar esfuerzos a las acciones que sus organizaciones de la sociedad civil realizan cotidianamente en contra del gobierno y el FMLN.
La elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional se convirtió en una de las disyuntivas más importante en el país, caracterizado por un proceso electoral donde la derecha trata de garantizar su triunfo sobre el FMLN.
Por ello, además del papel de los medios de comunicación, gremiales empresariales, “tanques de pensamiento” y partidos políticos, la derecha trataba de poner al servicio de sus intereses a la Sala de lo Constitucional así como lo venia realizando con la que terminó sus funciones el pasado mes de julio; ésta cumplió un papel fundamental en el ataque contra el gobierno y el sistema de partidos políticos, en el afán de garantizar los intereses de la oligarquía y el partido Arena.
El poder judicial es uno de los instrumentos que sirven para atacar a las fuerzas progresistas en América Latina, tanto para debilitar a un gobierno y a las fuerzas de izquierda, como para debilitar y ejecutar golpes de Estado, ejemplo de ello es lo sucedido con Lula y la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández en Argentina y Rafael Correa en Ecuador. También en Honduras y Paraguay donde han servido para crear condiciones para derrocar los gobiernos de Manuel Zelaya y Fernando Lugo respectivamente.
En El Salvador, el papel de la Sala de lo Constitucional era muy débil, durante los gobiernos de Arena se dedicaba a resolver las controversias de la élite y siempre cumplía a favor del partido de gobierno. Sin embargo, con la llegada al ejecutivo del FMLN sus acciones fueron muy claras y se colocó en función de garantizar el desgaste político al gobierno, con resoluciones que buscaban debilitar su funcionalidad y credibilidad.
Con la Sala de lo Constitucional se logró trastocar la institucionalidad democrática, durante 9 años, al grado de convertirla en un supra-poder que se impuso al gobierno y a la Asamblea Legislativa, violentando la independencia de poderes establecida en la Constitución de la República. La Sala, en contubernio con los diputados de derecha, entre otras acciones, bloqueó arbitrariamente la aprobación de fondos gubernamentales para programas sociales y sancionó reformas electorales que favorecieron a partidos de derecha, pasando encima de la máxima autoridad electoral, el TSE.
La tardanza en la elección de los integrantes de la Sala de lo Constitución tenía su lógica, por un lado el FMLN buscaba elegir a las personas más idóneas en función del bienestar de la nación y por otro, Arena supeditado a los intereses oligárquicos, quería mantener un organismo con el mismo perfil político de sus antecesores, y usándolo como un instrumento para atacar a un gobierno que responde a los intereses populares; lo cual se hace más razonable ante la posibilidad que no gane el candidato de Arena las próximas elecciones.
Los esfuerzos fueron concertados entre organizaciones como FUSADES, tanque de pensamiento de la oligarquía, así como la misma ANEP, el principal gremio de la élite empresarial, sumado a la embajada de EE.UU. en el país, organizaciones de la llamada “sociedad civil”, y las asociaciones de abogados vinculados a la derecha oligárquica que presionaban para que se tomara una decisión rápida, pero sobre todo que beneficiara a sus intereses. Los ataques contra el FMLN eran constante por parte de los grandes medios de comunicación que insistían en responsabilizarlo por no tener una Sala de lo Constitucional elegida.
Es importante que los nuevos magistrados deben cumplir con el objetivo de hacer justicia y no servir de peón a los intereses de los más ricos en el país, los anteriores integrantes de este organismo judicial cuando fueron elegidos aparentemente jugarían un papel importante al servicio de toda la sociedad pero fueron rápidamente absorbidos por la lógica oligárquica, incluso algunos de ellos venían de sectores progresistas, pero fue evidente como sucumbieron a las tentaciones de los que se creen dueños del país; incluso fueron felicitados al terminar sus funciones por su papel contra el gobierno y el FMLN.
Ahora se aproxima la elección del nuevo Fiscal General de la República y es una nueva incógnita que se plantea ya que, como ocurrió con la Sala de lo Constitucional, la discusión acerca de quién ocupará ese puesto es importante de cara al nuevo escenario político con el resultado electoral próximo; ya los representantes de la oligarquía quieren imponer a su candidato.
Con la FGR, la oligarquía, ha desarrollado una campaña legal y mediática de desprestigio contra el FMLN y su gobierno. Como fiel sirviente de la derecha, el Fiscal General Douglas Meléndez, primero lanzó un “show mediático” con la acusación de corrupción contra el expresidente Mauricio Funes, sin haber demostrado la culpabilidad de este, pero procurando beneficiar electoralmente a la derecha.
Segundo, destapó la corrupción del expresidente de ARENA, Antonio Saca, pero, por una parte, negoció un “juicio abreviado” que benefició al corrupto, y por otra, evadió las investigaciones hacia los destinatarios corruptos areneros –y de los que fueron de ARENA y hoy están en GANA-, de una cantidad de los millones robados por Saca; para no afectar la imagen deteriorada de la derecha.
Ambos casos, le han servido al Fiscal General para asegurar el apoyo de los diputados de ARENA y sus aliados, a su reelección al cargo, así como el beneplácito de la embajada yanqui. Y, aunado a eso, bajo su falacia de “lucha contra la corrupción”, ha atacado al presidente Sánchez Cerén por su veto a la ley de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR y ha relacionado al expresidente Funes en el caso que sigue al ex fiscal general Luis Martínez por actos de corrupción. Toda una artimaña para seguir desgastando la imagen del FMLN de cara a las elecciones presidenciales.
Lo anterior demuestra que la derecha pretende seguir manipulando a dichas instituciones de Estado para desestabilizar la institucionalidad democrática lograda por la lucha del pueblo salvadoreño y el FMLN en los órganos ejecutivo y legislativo, y para evitar que se haga realidad un tercer gobierno de izquierda, que siga avanzando hacia el desarrollo social y económico del país.
