El juez de distrito, Edward M. Chen, emitió una orden preliminar en una demanda presentada por varios inmigrantes con estatus de protección temporal (TPS, por su sigla en inglés). El TPS para 190,000 salvadoreños finaliza en septiembre de 2019, ordenó el presidente Trump.
Los hondureños con TPS no están incluidos en el fallo judicial, al resto los protege de la deportación si Trump la ordena.
A través del TPS, habitantes de países devastados por desastres naturales o conflictos armados, son autorizados a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos hasta que la situación mejore en sus territorios de origen.
En su orden, el magistrado sostuvo que el Gobierno no demostró la existencia de algún daño por mantener el programa de 20 años de antigüedad, mientras los demandantes establecieron que deportar a dichos inmigrantes podría perjudicar la economía local y nacional.
Chen dictaminó que la terminación del programa daría lugar a ‘daños irreparables y grandes dificultades’ para los beneficiarios y sus familias, y manifestó que la administración debe mantener el TPS y las autorizaciones de empleo mientras sigue su curso una demanda que cuestiona la finalización del TPS.
‘Los beneficiarios que han vivido, trabajado y criado a sus familias en Estados Unidos (muchos de ellos durante más de una década), serán objeto de repatriación’, advirtió el juez sobre las consecuencias de la decisión del ejecutivo de Trump.
Muchos de ellos tienen hijos nacidos en Estados Unidos, y podrían enfrentarse a la decisión de llevarse a sus hijos con ellos (sacándolos del único país y la única comunidad que han conocido) o separarse de sus familias, agregó.
Durante audiencias celebradas la semana pasada, Chen consideró que la decisión de la administración de terminar el TPS podría reflejar un sesgo racial contra los migrantes de naciones no blancas.
Working Families United, una coalición de seis sindicatos que representan a trabajadores inmigrantes, manifestó al portal digital The Hill que, según la orden judicial, ‘la decisión de Trump de terminar el TPS se basó en sus motivaciones raciales y no en ninguna ley o consideración de seguridad’.
Los gobiernos anteriores habían optado por extender las protecciones para la mayoría de los países incluidos en el mecanismo, pero el de Trump autorizó eliminarlas para muchas naciones.
En el caso de unos mil sudaneses favorecidos por el programa, debían abandonar Estados Unidos en noviembre próximo, mientras que el plazo de cinco mil 300 nicaragüenses beneficiados vencía en enero de 2019; el de 58 mil haitianos en julio de ese año; y el de 263 mil salvadoreños, en septiembre siguiente.
Gobierno de El Salvador expresa alegría por fallo judicial que frena cancelación del TPS
El Gobierno de El Salvador expresa su alegría ante la decisión del juez federal de Estados Unidos, Edward Chen, que frenó la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), a la vez que anima a la comunidad de salvadoreños a continuar luchando hasta alcanzar estabilidad para sus trabajos y la vida que han forjado por años en esta nación.
Saludamos la acción del juez Chen, pues implica un noble reconocimiento a la enorme contribución que salvadoreños e inmigrantes de otros países hacen a Estados Unidos a través de su trabajo, y subraya los daños irreparables y las dificultades que implican para miles de inmigrantes la cancelación del TPS.
A nuestros hermanos salvadoreños que viven y trabajan en Estados Unidos les enviamos nuestra solidaridad y revalidamos el compromiso de continuar velando por el respeto de sus derechos humanos, así como de seguir acompañándolos en el camino hasta que se alcance una reforma migratoria integral.
