Sin lugar a dudas, la condena del expresidente de la República Elías Antonio Saca González, y otros de sus funcionarios más cercanos, por los delitos de lavado de dinero y peculado, deja como triunfante a la Fiscalía General de la República, sobre todo porque los jueces de sentencia avalaron la hipótesis del ministerio público.
La condena, en particular, y el juicio en general, sin lugar a dudas, es histórico, porque jamás se había procesado un funcionario del más alto nivel, como el expresidente Saca, el último de los gobiernos del partido ARENA.
Pero el juicio deja algunos sinsabores, en primer lugar, porque no ha quedado claro cómo se va a recuperar el total de lo defraudado al Estado, sobre todo, porque la misma Fiscalía General de la República había dicho que “no había logrado determinar el paradero de los fondos públicos”.
Es más, cuando la Fiscalía negoció con los imputados el proceso abreviado, es decir, aceptar los delitos imputados con la condición de reducir la pena, expresó que el expresidente Saca devolvería entre $25 y $30 millones de lo defraudado al Estado.
Y no fue sino por las protestas populares que se generaron, que la Fiscalía cambió su discurso y manifestó que iba a pedir que los implicados fueran procesados por el desfalco de $300 millones.
Deja un sinsabor también que al expresidente Saca se le condene a diez años de prisión, y al empleado, que se declaró inocente, en tanto que solo recibió órdenes, lo condenen a 16 años.
Más allá del arreglo con la Fiscalía que benefició a los principales delincuentes, deja un sinsabor de justicia, pues, como se dice en el caló popular: “al chucho más flaco se le pegan las pulgas”.
