La lucha política en El Salvador toma nuevas semblanzas en un periodo pre-electoral en donde la recomposición de la derecha ha tomado fuerza después de las elecciones del 4 de marzo pasado, cuando el partido Arena obtuvo mayoría en la Asamblea Legislativa y junto a los otros partidos conservadores se hicieron de la mayoría calificada.
El control del parlamento le permite al conjunto de la derecha poder imponer decisiones en función de sus intereses políticos y del sector social al que representan: la oligarquía, con la ANEP su principal organismo gremial.
La confianza del poder que tienen en el parlamento llevó a la discusión de una ley de agua que permite que el sector privado, a través de la ANEP, controle el organismo de la administración del agua, lo que permite su privatización. Esto ha generado un rechazo generalizado en el país en donde todos los días aparecen pronunciamientos y movilizaciones de distintos sectores que se oponen a esta decisión.
Frente a la respuesta popular la derecha ha tenido que cambiar su discurso y quieren engañar diciendo que no pretenden privatizar, pero ya se sabe que mienten descaradamente y los medios de comunicación, por un lado apoyan a la derecha y por otro atacan las manifestaciones populares, al gobierno y al FMLN.
Recientemente se dio un acto de sabotaje contra infraestructuras que permiten el suministro de agua a la ciudad de San Salvador dejando sin el servicio por más de cinco días a la capital generando preocupación y dificultades en la población.
En la coyuntura actual, la gran burguesía ataca por diversos flancos al gobierno y a las clases populares. El agua, la economía y los aspectos de seguridad. Todo esto es parte de la desestabilización que enfrenta el país.
Al igual que en otros países, siempre con el objetivo de mantener su poder y hegemonía, la derecha hace una manipulación constante de la opinión pública, teniendo como método e instrumento predilectos: la mentira y los medios de comunicación respectivamente. De ahí, su ética política bajo la premisa que “el fin justifica los medios”, fundamentada en abundante información falsa producida cotidianamente en los medios de derecha.
En este contexto, se observa como sus sirvientes ideológicos acusan falsamente al presidente Sánchez Cerén de desviación de fondos y complicidad en el caso Funes, pretendiendo ocultar que ha sido un funcionario ético y comprometido con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Pero no dicen nada de que los que tanto han vociferado hipócritamente el tema de la austeridad -los mismos cuyos presidentes como Francisco Flores y Antonio Saca han sido juzgados por corruptos- ahora en bandada, encabezados por Norman Quijano, cobraron un bono que asciende en su totalidad a casi 183 mil dólares. ¿A dónde está la austeridad de los diputados areneros hipócritas?
Mientras los medios se encargan de legitimar el trabajo de Arena y su candidato, las intenciones perversas de la oligarquía y sus aliados toman fuerza para seguir atropellando la democracia, a través de la Sala de lo Constitucional.
Esto solo es una muestra de la actitud de la derecha y su matoneria politica que pisotea la soberanía del pueblo y el derecho de éste a elegir a sus gobernantes, por lo que utilizan la desacreditación para invalidar políticamente a su oponentes, todo con el fin de llegar de nuevo al gobierno.
La resolución de la Sala de lo Constitucional que obliga a cancelar a los partidos CD y PSD es una maniobra política con dedicatoria directa al partido de gobierno, que pierde de un tajo a dos partidos que tradicionalmente ha visto como aliados electorales. La sentencia que debió hacerse hace 3 años, cuando se presentó el recurso, busca favorecer al candidato de la derecha, pero sobre todo demuestra que la actual Sala responde inexorablemente a los intereses de la oligarquía que no permitirá que gane la izquierda nuevamente en el 2019.
En esa lógica, la derecha y presuntamente, como ha sucedido en otros países, la embajada estadounidense, maniobran para unificar a las fuerzas de derecha, para garantizar su triunfo en primera vuelta y detener un eventual tercer gobierno de la izquierda.
Arena y su candidato, que no ha abonado a incrementar la confianza del electorado siguen en caída libre, más aún cuando sus diputados y alcaldes insisten en apoyar medidas antipopulares como la privatización del agua y el apoyo a las acciones terroristas de la derecha en Nicaragua; eso más que sumar voluntades provoca un enérgico rechazo de la población.
Sumado al contexto político pre-electoral, la Embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, James Manes, ha denotado una aptitud injerencista desde que asumió su cargo. Así lo ha demostrado con cada una de sus intervenciones y recientemente con su opinión sobre posibles inversiones chinas en el país.
El gobierno de Salvador Sánchez Cerén está decidido a mejorar las condiciones sociales y económicas a través del aumento de los salarios, los ingresos públicos, elevar la inversión pública en construcción y mejoramiento de hospitales, invertir en las escuelas escuelas y otras instituciones, para mantener y ampliar programas sociales, y con ello mejorar las condiciones de vida de la población.
En ese sentido, la izquierda y su candidato Hugo Martínez se reúne con comunidades, asociaciones y pueblo en general para ofrecerle al país una propuesta coherente con satisfacción de las necesidades de los sectores históricamente relegados por el capitalismo.
Si bien se vislumbra una lucha difícil, en la práctica el FMLN y su candidato siguen trabajando en la construcción de un programa de gobierno que le de continuidad a los cambios que el frente realiza desde el 2009
