El director de Asuntos Económicos y Sociales de la gremial empresarial ANEP, Waldo Jiménez, aceptó que cuando un partido político tiene el control de una entidad hace uso político de la misma. En ese sentido, COMURES es gobernado por la mayoría de alcaldes de derecha, a quienes se le propone tener dos integrantes en la autónoma que decidirá sobre el recurso hídrico.
“La experiencia en El Salvador nos indica que quienes tienen el control de una entidad, hacen uso político de esa entidad”, aseguró Jiménez a la prensa.
Dijo que la ANEP ve con buenos ojos la Ley Integral de Aguas, en donde se propone que dos miembros de la empresa privada, dos de COMURES y uno del Ejecutivo sean parte de la junta directiva de la autónoma, dejando en manos privada el tema del agua.
“Se supone que habrá dos directores nombrados por COMURES. Para nombrar esos directores COMURES debe elegirlos con el 75% de los votos, no puede ser alcalde porque la ley los restringe”, explicó.
Actualmente, Comures está conformada por: 137 alcaldías del partido Arena, 26 de Gana, 25 del PCN, 4 del PDC, 67 del partido FMLN, 1 del partido PSP y uno del partido FPS.
La sumatoria de los mismos nos da que la derecha tiene el 74% de COMURES frente a la izquierda, que tiene el 26%. Con este dato se comprueba que aunque la ANEP diga que los “representantes de COMURES” serán elegidos con el 75%, hay una gran posibilidad que ambos sean afine, a la derecha empresial con fines de lucro, organizada en ANEP.
La conformación de la junta directiva de la autónoma tendría dos miembros de ANEP, dos miembros de la derecha, cuyos financistas han sido la empresa privada (datos proporcionados por la secretaria de transparencia).
Además, algunos miembros de COMURES dijeron que la propuesta de la conformación de la Junta Directiva en dicha autónoma del agua debe ser revisada, porque cuando se eligen a los representantes de COMURES estos deben ser alcaldes, cosa que estaría violentando la misma ley.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, externó el miedo que aunque en el anteproyecto de ley no esté plasmada la palabra privatización, el simple hecho de dejar las decisiones del vital líquido en manos privadas, indirectamente se está privatizando.
La ANEP no vio con buenos ojos la propuesta presentada por la UCA y la iglesia católica, donde piden se prive el derecha humano al agua y que sea el Estado quien la administre.
