En las últimas horas, en El Salvador, se ha destapado una especie de caja de pandora, debido a la resolución - la tarde de este jueves - de la Sala de Constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, que ha dado la razón a la solicitud de inconstitucionalidad de unos artículos del Código Electoral, presentada por el ex magistrado del Tribunal Electoral, Félix Ulloa, en el sentido de que impiden a los ciudadanos las candidaturas independientes o no partidarias para ser electos como diputados y alcaldes, y en los que hasta la fecha se había exigido pertenecer a un partido político.

Este es un debate que por años ha rondado en el país, en el que las agrupaciones de la sociedad civil han demandado repetidamente que se incluyeran las candidaturas independientes al sistema electoral, ante lo cual ha habido oposición velada, o evasión del tema, de parte de los que deciden, es decir, los diputados de la Asamblea Legislativa, que responden a partidos políticos a quienes parece no les convendría una intromisión en sus terrenos.

Llamó la atención de manera muy particular que el miércoles pasado, al final de la maratónica plenaria de la Asamblea Legislativa, y casi a la entrada del siguiente día, se hayan aprobado mayoritariamente sendas modificaciones a la Constitución de la República, en las que se especifica la exigencia de pertenecer a un partido político o a coaliciones legalmente inscritas, para ser electos como diputados o concejos municipales. Era evidente que los señores diputados conocieron anticipadamente del contenido de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, al pretender adelantarse a su publicación el día siguiente, pero con ello, también dándole la razón.

Sin embargo los hechos ponen en desventaja a esta solución apresurada, pues para que sea efectiva se necesita la ratificación de la próxima Asamblea Legislativa y con mayoría absoluta, y sería vigente hasta ese momento, después de las próximas elecciones de 2012. Además, la decisión del máximo tribunal legitima dichas candidaturas que optarían para ese mismo período.

Inevitablemente ya se ha desatado un apasionado encuentro de opiniones a favor y en contra de esa posibilidad, desde aquellos que estarían abrazando la perversa idea de modificar la conformación de la Sala de Constitucionalidad según sus intereses, una especie de golpe técnico, hasta quienes la favorecen.  En todo el espectro de opinión destaca lo que piensan los partidos políticos, que ven en esta modificación el peligro de que el crimen organizado y el narcotráfico pudieran aprovechar la oportunidad de apoyar a algunos candidatos no partidarios, poniendo en riesgo el sistema democrático; aunque en la actualidad hay ex diputados presos por dichas causas. Sin olvidar las sospechas sobre el financiamiento de los partidos políticos que se oponen precisamente a ser transparentes o fiscalizados.

No esconden los interesados que se oponen a esta posibilidad hoy legitimada, la intención de vilipendiar o crear temores ante la sociedad, para impedir que se haga efectiva. Pero, por el momento, a los señores diputados solo les queda la tarea de crear los reglamentos que permitan de manera correcta la implementación de las candidaturas independientes o no partidarias.

Un nuevo momento vive El Salvador en la construcción del modelo democrático y político, ante esta nueva expectativa en que dos poderes del estado confrontan sus fuerzas en el ejercicio de sus funciones. Todavía falta saber cuál es la posición del Poder Ejecutivo. El debate seguirá por mucho tiempo, la prueba estaría en que todos los protagonistas se mantengan en él de manera leal, y no se plieguen a las prácticas antidemocráticas, ya conocidas, de los intolerantes y los golpistas.

Para los amigos de Radio Habana Cuba, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta.