El sábado 11 de junio, el presidente de El Salvador empezó por fin a revelar lo que parece ser la parte central de un siniestro plan para transformar al país en una especie de feudo blindado en favor de su grupo económico burgués con pretensiones oligárquicas.

A tres años de haber iniciado el desmontaje de las estructuras que pudieran impedir la concentración del poder estatal en sus manos, derribando una a una las barreras que obstaculizaran el ejercicio de un poder ilimitado, dirigen hoy un país que por su organización jurídica se parece más a un régimen absolutista que a una democracia representativa.

La concentración de toma de decisiones en un reducido clan familiar y en unos pocos amigos cercanos que, por su propia situación, se han convertido más en cómplices que en socios, requirió de varias fases de implementación desde su llegada al Ejecutivo en 2019. 

Las etapas del plan autoritario

La primera tuvo lugar a lo largo del primer año y comenzó con la militarización del país por un estamento militar-policial cuya lealtad es hacia el presidente y no a la constitución. A partir de ahí, se sucedieron las actividades golpistas contra el Legislativo, con la toma por asalto del mismo, el desacato a decisiones judiciales, el desprecio de la autoridad legislativa que entonces no controlaba, irrespeto a la división de poderes, y el establecimiento de una narrativa que fomentó el odio y la división en la sociedad.

Esa narrativa apuntó también a lo cultural, a la demolición de la historia de lucha popular a lo largo de dos siglos; de esta manera, toda aquella memoria histórica, y en particular sus protagonistas recientes, las fuerzas revolucionarias que enfrentaron y derrotaron a la dictadura, se convirtieron en el centro del ataque de los advenedizos neofascistas arrimados al poder. La demonización de los Acuerdos de Paz y de sus impulsores fue parte de la construcción del enemigo público que este tipo de regímenes necesita para consolidar su discurso binario (“ellos o nosotros”, “el pueblo y yo contra los mismos de siempre”, etc.).

La segunda fase comenzó con el asalto a las estructuras de poder central que garantizan el control jurídico de la sociedad. Esto a partir de su victoria electoral en los comicios de 2021. Se incrementa la persecución política contra opositores, los intentos crecientes de control de prensa, y la implementación del Lawfare, en particular contra el FMLN, una vez colocados los títeres presidenciales al frente del ministerio público y de la Corte Suprema de Justicia. Aparecen los primeros presos y presas políticas, exiliados, refugiadas, etc.

La pandemia constituyó la gran oportunidad para el ensayo general de control social manu militari a nivel nacional. Excusa perfecta para avanzar sobre otro mecanismo clave para dejar el Estado a disposición de este grupo burgués emergente dispuesto a esquilmar los recursos del pueblo: derribar de un plumazo todos los instrumentos de transparencia y control ciudadano. A cambio del robo masivo por parte de su grupo de poder, compraba tranquilidad y tiempo con programas asistencialistas centrados en la entrega de efectivo a segmentos de escasos recursos y paquetes alimenticios distribuidos a lo largo y ancho del país.

No todas son alegrías para el régimen

A pesar de los altos niveles de popularidad que lograba mantener, ciertamente a base de costosas campañas publicitarias, algunas cosas se fueron torciendo. Para empezar, la “operación Bitcoin” resultó ser uno de los más grandes fracasos del régimen, que el presidente no se ha podido quitar, y ni siquiera tiene a quien culpar de semejante desastre.

El fiasco Bitcoin merece una consideración especial no sólo porque resultó ser una vergüenza para el régimen, cuyo costo pagó el conjunto del pueblo, sino porque fue la primera y, hasta ahora, única vez que el pueblo salvadoreño se distanció masivamente del autoritario presidente, quien debió enfrentar las primeras grandes movilizaciones en su contra.  

A pesar de sus huidas hacia adelante, aquel fracaso sigue al presidente como su sombra. Y no puede desprenderse de la bomba de tiempo social que representa el caos de la economía, la inflación disparada, el endeudamiento incontrolable y, en consecuencia, el cierre del crédito a tasas razonables. Todos estos elementos preparan las condiciones para una profundización de la crisis y la agudización del conflicto social, con el país al borde del colapso financiero.

El segundo gran problema fueron las contradicciones y fricciones con la comunidad internacional. La incapacidad para poder desarrollar una política de Relaciones Internacionales adecuada a las normas, usos y costumbres diplomáticas universales y la arrogante actitud presidencial, ridículamente imitada por sus subalternos, fue llevando al régimen a un creciente aislamiento. Si sumamos a ello las contradicciones que, aunque secundarias, siguen abiertas con el sector demócrata que conduce en estos tiempos las políticas imperiales de EEUU, el frente internacional no ha dejado de ser un dolor de cabeza para este aprendiz de dictador.

En tercer lugar, el fiasco de un plan de control territorial, usado como plataforma publicitaria para llegar al gobierno, y cuyos detalles jamás fueron dados a conocer públicamente más que en sus enunciados propagandísticos, orientados a obtener millones de dólares de manera oscura. Este supuesto plan funcionó en la medida que, como se supo a través de la prensa, un pacto entre pandillas y el gobierno aseguró la reducción dramática de homicidios.  

Utilizado como elemento de manipulación mediática para ganar aprobación popular, duró en tanto el pacto entre criminales se sostuvo. El colapso del pacto desató la ola de homicidios del fin de semana más sangriento del siglo; si sumamos a esto los reclamos permanentes por la desaparición de personas[1] la situación llevó al gobierno a un nuevo callejón, aparentemente sin salida.

La guerra como recurso de dominación

La declaración de guerra contra las pandillas, el decreto del estado de excepción, la subsecuente campaña de acoso y cerco militar – policial a las comunidades pobres del país, el arresto indiscriminado de hombres y mujeres sin causa probada ni orden judicial alguna, el creciente número de denuncias de muerte en prisión de personas recientemente capturadas (31 fallecidos  al 13 de junio), y todo ello complementado con una amplia campaña mediática destinada a crear una sensación de guerra, una narrativa de conflicto interno, donde “el pueblo asediado es defendido por su presidente” y todo organismo defensor de derechos humanos defiende pandilleros, todo opositor es un aliado de criminales, y toda prensa crítica es cómplice de las pandillas y financiada por la oposición o por potencias extranjeras, constituyen algunos de los elementos que, de conjunto, ayudaron al régimen a fortalecer su frente interno, aún a costa de la condena internacional y la denuncia y protesta de diversos sectores afectados a nivel local. Las encuestas del tercer año, parecían dar la razón a sus maniobras.

El sábado 11 de junio las cuentas de redes sociales del presidente comenzaron a revelar a través de sus textos el sentido de las diversas maniobras realizadas.

El inicio de su nueva campaña de manipulación comienza con textos como estos:

“LAS CAPTURAS DE PANDILLEROS SE ESTÁN DANDO CADA VEZ MÁS EN CAMPAMENTOS CLANDESTINOS EN ZONAS RURALES.

ESTÁ CLARO QUE LAS PANDILLAS ESTÁN TRATANDO DE EVOLUCIONAR HACIA UNA GUERRILLA, YA QUE LES ES IMPOSIBLE ENFRENTAR A NUESTROS AGENTES Y A NUESTRAS TROPAS EN LAS ZONAS URBANAS.”

A continuación, publica:

“ESTA “EVOLUCIÓN” LA HACEN BAJO EL AUSPICIO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES, ONGS Y DE LA OPOSICIÓN, QUIENES LES DAN COBERTURA LEGAL, MEDIÁTICA, POLÍTICA Y FINANCIERA.

PERO NO LO VAMOS A PERMITIR.

NUESTRA PNC Y NUESTRAS FUERZAS ARMADAS ESTÁN DESARTICULANDO DE 3 A 4 CAMPAMENTOS DIARIOS.”

“EN TODOS ELLOS SE ENCUENTRA ARMAMENTO, DROGA, DINERO, EQUIPO DE COMUNICACIÓN, DOCUMENTOS DE EXTORSIÓN Y POR SUPUESTO PANDILLEROS, QUIENES EN CASI TODOS LOS CASOS, ABREN FUEGO CONTRA NUESTROS HÉROES.”

En esa serie de mensajes incluye fotos de un supuesto campamento, y aclara que se trata de uno de entre más de 100 (¡!)  desarticulados en las últimas semanas.

Es a través de esos textos, a los cuales da continuidad el domingo 12, que pueden interpretarse los detalles de un plan gubernamental que apunta a la consolidación del régimen de cara a su continuidad.  Parece claro que aprovecha esta oportunidad para intentar desmantelar la ya debilitada oposición, centrándose especialmente en cuadros políticos del FMLN, ex funcionarios del partido de izquierda, liderazgos sindicales, gremiales y sociales, y otros actores incómodos como la prensa, las ONG, organismos internacionales, y en general, personajes críticos e incómodos para el régimen.

Cumplidas las primeras fases de imposición del autoritarismo, hoy el presidente comienza a jugar mediáticamente con una nueva narrativa, partiendo de la farsa de afirmar que existen más de 100 campamentos de supuestos pandilleros desmontados por el ejército y la policía.

Una vez más, pretende insultar la inteligencia del pueblo; confía en que una parte fanatizada, con escasa educación formal y política, que solo escucha las versiones del presidente (eso lo señalan de manera consistente las últimas encuestas), se convencerá de lo que sea que diga.

Pero cualquier persona informada descubrirá las evidentes mentiras que, como es habitual, el presidente escribe con la misma facilidad con la que respira. Sabe que el cuento de los 100 campamentos es falso; que los reportes policiales, una y otra vez hablan de arrestos, y en muy raras ocasiones de enfrentamientos, resistencia o incluso heridos o muertos, en cualquiera de los bandos. Los detenidos son capturados en sus casas o en las calles, sin mayor resistencia. Son contados los casos de enfrentamientos, y muy baja la tasa de letalidad durante las detenciones. Distintos a los casos de tortura y muerte en prisiones.

Por otra parte, al insinuar que las pandillas planean convertirse en guerrilla persigue claros objetivos políticos.

Objetivos detrás de la propaganda

En primer lugar, al declarar que existe una amenaza de este tipo, agrupa al pueblo detrás de “una causa” de defensa nacional, que él lidera.  Apunta a la oposición: “la hacen bajo el auspicio de organismos internacionales, ONGs y de la oposición, quienes les dan cobertura legal, mediática, política y financiera”, y define a todos esos sectores como parte del campo de los enemigos del pueblo. Su persecución, pues, estará servida y a la orden del día. Justificada en la necesidad de defender la nación y su pueblo.

De un plumazo coloca a su régimen en condiciones de perseguir a quien quiera, aplastar cualquier oposición y eliminar cualquier voz disidente. Solo en estos últimos días hemos conocido las denuncias de detención de periodistas, dirigentes sindicales, activistas de organizaciones sociales, veteranos del conflicto, pero también se cuentan estudiantes universitarios, directores de escuela, uno de ellos falleció en prisión a los pocos días de su detención.

La lista de acciones represivas es extensa y creciente, no tienen nada que ver con actividades contra pandillas e incluye, por ejemplo, amenazas a periodistas, expulsión del país de algunos de ellos, entre otras medidas. Deben sumarse diversas agresiones contra dirigentes de izquierda a través del nuevo sistema de ataque y muerte civil que pueda justificar cualquier detención, hablamos del aparato organizado desde redes sociales oficialistas.

Hay otros elementos que no deben pasarse por alto en esta estrategia del grupo en el poder.

Al señalar que las pandillas pueden organizarse como guerrillas, el presidente implícitamente sugiere que, al fin y al cabo, las guerrillas son asociaciones de malhechores. Esto es, que las guerrillas a las que tanto tiempo dedicó a difamar en su primera campaña de odio, al inicio de su mandato, fueron en esa versión maniquea de la historia, los delincuentes. Al mismo tiempo, no deja de referirse a los miembros de la fuerza armada como “nuestros héroes”.

Lo excepcional se vuelve permanente

Aquella excepcionalidad del régimen cobra cada día más visos de normalidad en la medida que parece apuntar a su permanencia y que, desde sus aparatos ideológicos de propaganda, el régimen difunde la aparición “espontánea” de “opiniones ciudadanas” pidiendo su mantenimiento por tiempo indefinido. Lo mismo hace con las ilegales solicitudes de reelección presidencial. Los pasos actuales, los avances contra toda disidencia en el terreno que sea, favorecerían aquellas maniobras, aunque el régimen sufriera un mayor aislamiento externo.

Finalmente, este domingo 12, sus mensajes mostraron otra arista del asunto, la corrupción subyacente en la oscura compra de vehículos blindados todo-terreno para “la guerra contra las pandillas”; curiosamente es el tipo de vehículo que sirve para reprimir manifestaciones urbanas, más que para penetrar en los agrestes terrenos volcánicos salvadoreños a combatir las imaginarias guerrillas, al gusto presidencial.

Denuncia internacional y organización popular

La escalada del régimen demanda una intensa campaña de denuncia nacional e internacional. La resistencia y organización permanente del pueblo es imprescindible. La guerra para la que se prepara el presidente no es contra las pandillas sino contra el pueblo.

Cuando el hambre, la frustración y la falta de oportunidades, que siguen golpeando al pueblo más pobre, a las inmensas mayorías excluidas, pero también a crecientes sectores de clase media, resulte incontenible, este personaje con ínfulas de dictador tendrá lista a su fuerza armada, a sus soldaditos, a sus policías y carritos blindados para enfrentar y reprimir al pueblo en las calles. La fuerza bruta la está construyendo delante de nuestros ojos; el andamiaje jurídico al gusto de cualquier dictador, ya lo tiene.

Sin embargo, a la hora que las explosiones sociales resulten incontenibles, todo ese aparato represivo solo servirá para hacer más lenta su caída. Porque esta llegará, más temprano que tarde. El presidente y sus cómplices no podrán entonces evitar el castigo popular por haber hecho retroceder a El Salvador a los tiempos de las más oprobiosas dictaduras.

Son tiempos de organización popular para la lucha, de educación, concientización, acumulación de fuerzas, movilización; las fuerzas revolucionarias están llamadas a estar en la primera línea de ese combate contra el autoritarismo, que pretende instalarse al estilo de aquellas dictaduras que en el pasado camparon por Nuestra América. Cobra así lógica el esfuerzo del régimen de hacer olvidar a nuestro pueblo su historia de luchas y victorias y su capacidad para superar creativamente, en unidad de acción, cualquier desafío, por imposible que parezca.


[1] Alternativa utilizada por los grupos criminales para mantener bajas las cifras oficiales de homicidios; solo en 2021 se registran 2010 cuerpos no identificados.